La pandemia de COVID-19 está teniendo efectos mundialmente devastadores en todos los aspectos de la vida —la economía, la seguridad, la educación, la alimentación y la salud de las familias y las comunidades. En este escenario, deberíamos guiarnos por los valores de la cooperación y la solidaridad, de lo contrario, los excluidos y los más vulnerables de la sociedad se llevarán la peor parte de esta pandemia, durante y después de la crisis.

La Red Justicia en Minería agrupa a Centros Sociales Jesuitas y Organizaciones Jesuitas de todo el mundo que acompañan a comunidades afectadas por la minería en Asia, América Latina y África. Pese a vivir en territorios ricos en recursos naturales, la mayoría de estas comunidades padecen pobreza, violencia, desigualdad y una falta estructural de acceso a la educación, la salud y otros bienes básicos. Nuestro principal objetivo es poner fin a la criminalización de líderes sociales, ecologistas y defensores de derechos humanos, asegurando al mismo tiempo que los gobiernos y las industrias extractivas aborden las cuestiones de la equidad y la sostenibilidad.

A la luz de la pandemia de COVID-19, queremos expresar nuestra preocupación por las organizaciones miembro de la red y las comunidades locales con las que trabajan, aprovechando para hacer algunas recomendaciones políticas clave para abordar los retos que plantea la presente crisis.

La reducción del espacio cívico y las amenazas a los defensores de los derechos humanos

Mucho antes del brote de COVID-19, la reducción del espacio cívico ya era una tendencia preocupante en todo el mundo. Ahora, algunos gobiernos y otros actores podrían utilizar esta crisis para ampliar sus poderes, sofocar las libertades civiles y silenciar cualquier forma de crítica.

Antes de imponer el confinamiento total, los gobiernos deberían considerar el peligro que supone para los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios. La pérdida de mecanismos de protección y la falta de atención de los medios de comunicación les convierte en un blanco fácil. Esto ya está sucediendo en las zonas rurales de Colombia, donde los escuadrones de la muerte aprovechan el encierro para matar a los activistas, pero también puede suceder en otros países de América Latina (especialmente en Honduras y el Brasil, dos de los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos), así como en otros continentes.

En Asia-Pacífico, hay quien teme que las medidas extraordinariamente duras tomadas por los gobiernos de la India y Filipinas para imponer el distanciamiento social (incluyendo toques de queda, hostigamientos y detenciones arbitrarias de periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos) no sean derogadas una vez la pandemia haya pasado.

Los mineros artesanales en zonas de conflicto y de alto riesgo serán golpeados duramente por esta crisis El sector minero artesanal representa un medio de vida y una fuente de ingresos importante para muchos hogares pobres de las zonas más remotas de África, Oceanía, América Central y Suramérica. A nivel mundial, hay aproximadamente 41,5 millones de personas (de las cuales el 30% son mujeres) que trabajan en el sector artesanal. Contando con sus familiares, tenemos que alrededor de 100 millones de personas (incluyendo trabajadores y sus familias) que dependen de la minería artesanal comparados con los 7 millones de trabajadores empleados en la minería industrial. La inmensa mayoría de los mineros artesanales trabajan en el sector informal y tanto ellos como sus familias carecen de acceso a servicios sanitarios y otras redes de seguridad. Muchos de ellos viven en zonas de conflicto y de alto riesgo, teniendo que lidiar con la presencia de crimen organizado, violencia estructural y grupos armados que pueden aprovecharse de esta situación imponiendo impuestos ilegales, contrabandeando minerals o controlando directamente las minas artesanales.

Las medidas de confinamiento y las restricciones impuestas al comercio internacional tendrán probablemente un impacto devastador en estas comunidades, pues son el eslabón más débil de las cadenas de suministro de minerales. Hay ya informes que sostienen que los comerciantes ilegales de oro están haciendo pingües beneficios a costa de los mineros más vulnerables, cuyos ingresos han decaído significativamente (hasta un 50%) en algunas regiones de la RD Congo y otros países vecinos. Estas crecientes desigualdades suponen un riesgo para la frágil paz y seguridad del este de la RD Congo así como para otras zonas de conflicto y de alto riesgo.

Continuar con las operaciones mineras como si nada pasara pone en riesgo a trabajadores y comunidades

El llamamiento a la solidaridad y la cooperación con las comunidades mineras y los trabajadores también debería dirigirse a las empresas mineras. No es el momento de que éstas ejerzan presión sobre gobiernos y administraciones públicas para rebajar las regulaciones y proteger sus intereses de negocio, tal y como han intentado hacer algunos sectores en Indonesia y los Estados Unidos. La avaricia no puede ser la respuesta de las compañías mineras a esta crisis de salud pública. Esta actitud no sólo puede frustrar los esfuerzos presentes para controlar la difusión del COVID-19, sino sembrar las semillas de conflictos futuros.

Continuar con las operaciones mineras sin reconocer y afrontar los riesgos para la salud pública que presenta esta pandemia podría poner en peligro a trabajadores y comunidades locales. La decisión de reducir y parar temporalmente las actividades mineras debería tener en cuenta las voces de los trabajadores y las comunidades locales. En aquellos casos en los que sea necesario mantener unos servicios mínimos para garantizar la seguridad de las minas y balsas de retención de residuos, las empresas deben proveer a sus trabajadores de los medios necesarios para proteger su salud (p. ej., formación, equipos de protección personal, etc.).

La interrupción de las cadenas de suministro globales puede desbaratar todo el modelo de desarrollo global

Los objetivos de la Agenda del Cambio Climático para reducir los gases de efecto invernadero se verán afectados por las interrupciones en las cadenas de suministro globales de minerales causadas por la crisis del COVID-19. La mayoría de estas iniciativas se centran en el reemplazamiento de las fuentes de energía fósiles por energías renovables, tales como molinos de viento, paneles solares, vehículos eléctricos, etc.

Pero producir tecnologías con bajas emisiones de carbono requiere una cantidad considerable de “minerales críticos”, incluyendo tierras raras. China es un actor clave en la geopolítica de las transiciones energéticas y uno de los principales productores de estas tecnologías. Por otro lado, estos “minerales críticos” se han vinculado en ocasiones a violaciones de derechos humanos y enormes daños medioambientales en la medida en que tienden a extraerse y procesarse en países potencialmente conflictivos con una pobre gobernanza deficiente.

La pandemia del COVID-19 está revelando las profundas interdependencias del desarrollo global y su fragilidad. Las interrupciones en las cadenas de suministro de minerales podrían retrasar las “transiciones energéticas” necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero; asimismo, la volatilidad de los precios de las materias primas podría causar una gran recesión en los países exportadores de minerales y combustibles fósiles, con graves consecuencias sociales y políticas. Los gobiernos, las agencias internacionales y demás actores involucrados en la Agenda del Cambio Climático y la Agenda del Desarrollo Sostenible deberían garantizar una mejor incorporación de los derechos humanos (abordando, entre otros, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente saludable) en sus políticas sobre el cambio climático y la transición energética. Creemos que esto es fundamental para mejorar la buena gobernanza de los recursos naturales y lograr una transición justa en todo el mundo.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

Nosotros, la Red Justicia en Minería, proponemos las siguientes recomendaciones generales para los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales, las empresas y demás partes implicadas en las cadenas de suministro de minerales.

En relación con la situación de los defensores de derechos humanos:

  • Dado el importante papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como se reconoce en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, los gobiernos deben garantizar que las medidas excepcionales adoptadas para contener la propagación del COVID-19, incluidas las restricciones a la movilidad y las limitaciones al derecho de asociación y de reunión pacífica, sean temporales, estrictamente necesarias y proporcionales para la protección de la salud pública.
  • Dados los riesgos específicos a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, los gobiernos también deben garantizar que los esquemas de seguridad y otras medidas de protección ad hoc adoptadas, ya sea por los organismos públicos o las comunidades locales, para proteger a los defensores de los derechos humanos no se suspendan o limiten durante la cuarentena.
  • Durante y después de las emergencias humanitarias, la libertad de prensa, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión han demostrado ser medios efectivos para asegurar la rendición de cuentas de los gobiernos y los decisores políticos. Estas libertades deben salvaguardarse, para que los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil puedan desempeñar su rol a la hora de identificar las necesidades y transmitir las preocupaciones de los colectivos excluidos y las personas más vulnerables.
  • Instamos a los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) a seguir las directrices y las recomendaciones incluidas en la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Especialmente, sus recomendaciones en relación con los defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos vulnerables en el contexto de la pandemia COVID-19.
  • Aquellos defensores de derechos humanos y activistas medioambientales que hayan sido detenidos y encarcelados arbitrariamente y permanezcan en prisión, a la espera de juicio, deberían ser inmediatamente liberados. Este es el caso de ocho defensores del agua de los ríos Guapinol y San Pedro en Honduras, que llevan injustamente encarcelados desde hace más de seis meses. En consecuencia, apoyamos la iniciativa de nuestras organizaciones miembro, el ERIC-Radio Progreso, en colaboración con la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Centro para la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL) para solicitar ante la CIDH medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de estos ocho defensores del agua.

En relación con los mineros artesanales a pequeña escala:

  • Los gobiernos nacionales deben asegurar que los mineros artesanales conocen los riesgos relacionados con la pandemia del COVID-19 y tienen los medios necesarios para protegerse a sí mismos durante este periodo. Las autoridades deberían entablar un diálogo constructivo con las cooperativas de mineros artesanales y con los comerciantes locales de cara a abordar esta crisis de salud pública de manera efectiva.
  • Dada la vulnerabilidad ante el desempleo de los mineros artesanales a pequeña escala y sus familias, instamos a los gobiernos nacionales, agencias de desarrollo y otras organizaciones internacionales, como la Unión Europea, a incluir a esta población (especialmente a las mujeres y los niños de estas comunidades) entre los grupos vulnerables que serán priorizados para recibir ayuda humanitaria.
  • A las empresas que trabajen con mineros artesanales en las cadenas de suministro formalizadas, les animamos a elaborar y difundir directrices para la protección y la higiene adaptadas a las necesidades del puesto de trabajo durante el procesado y el transporte de minerales. Estas directrices deberían elaborarse desde un enfoque de género, en la medida en que hay riesgos específicos para las mujeres que trabajan en el sector artesanal.

En relación con las obligaciones de diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales:

  • Todas las empresas implicadas en las cadenas de suministro de minerales deben cumplir con sus obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y protección del medioambiente de acuerdo con los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales, y las Directrices de la OCDE para Cadenas de Suministro de Minerales Responsables. Allí donde exista riesgo de contagio del COVID-19, les instamos a parar sus actividades si fuera necesario mientras dure la pandemia y a incluir medidas adicionales para gestionar los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores así como la de los mineros artesanales.
  • En las zonas de conflicto o de alto riesgo donde haya actividad minera, como la región de los Grandes Lagos Africanos o las áreas rurales de Colombia, instamos a los gobiernos nacionales a incrementar la cooperación con la OCDE y con las autoridades locales para poner en marcha mecanismos de diligencia debida que permitan afrontar el comercio ilícito de minerales y proteger a las poblaciones y grupos más vulnerables a la pandemia del COVID-19.
  • En el contexto de esta crisis de salud pública, las medidas complementarias aprobadas por la Comisión Europea para asegurar la implementación efectiva de la Regulación Europea de suministro responsable de “minerales en conflicto” (véase la Regulación UE 2017/821) deberían incluir paquetes de ayuda específicos o convocatorias de proyectos para mejorar el acceso a la salud y a otras redes de seguridad de los mineros artesanales y las comunidades locales.
  • Instamos a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y a la OCDE a definir una estrategia para las cadenas de suministro de minerales con un doble objetivo: lograr el cumplimiento de los Acuerdos de París en lo relativo a la reducción de emisiones, afrontando al mismo tiempo la cuestión de la gobernanza deficiente en los países productores de minerales, así como las responsabilidades empresariales de las industrias extractivas en relación con los derechos humanos y la protección medioambiental. Creemos que un diálogo de estas características será de gran ayuda de cara a lidiar con las consecuencias de esta crisis y construir sociedades más resilientes en el futuro.

Este es un llamamiento del Red Justicia en Minería, una de las Global Ignatian Advocacy Networks de la Compañía de Jesús. // Contacto: Guillermo Otano – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.