El Informe de DDHH de este año incluye una amplia recolección de datos obtenida por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, una serie de consideraciones a partir de la experiencia y trabajo del Instituto de DDHH de la UCA (Idhuca), un conjunto de datos de comprobación y respaldo recogidos especialmente de diferentes organismos de las Naciones Unidas y la alusión a algunas instituciones internacionales que recogen datos básicos a nivel mundial. Con ello creemos poder dar una visión objetiva de la situación de los DDHH en El Salvador. Incluimos en el informe muy brevemente algunos aspectos de contexto político y social. Y generalmente tendemos unir las violaciones de los DDHH cometidas por agentes estatales con privaciones de derechos básicos que no son enfrentadas adecuadamente por el Estado. Creemos que las violaciones de DDHH se llevan a cabo tanto por comisión como por omisión. Y con frecuencia son estas últimas las que se disimulan y tratan de ocultarse tras algunas actividades insuficientes del Estado.
El año 2019 no fue positivo en el terreno de los DDHH, a pesar de algunos avances notables en el control de los homicidios y en la percepción de la seguridad ciudadana. De hecho aparecemos en la posición 124 en el Índice de Desarrollo Humano que cada año presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El año además vino marcado por una serie de tensiones políticas manifestadas a lo largo del proceso electoral presidencial que resultó en febrero de 2019 con la elección de un Presidente que para poder participar en las elecciones tuvo que superar una serie de dificultades claramente inducidas desde la institucionalidad del país. Al actual Presidente Nayib Bukele se le dificultó la inscripción de su propio partido, Nuevas Ideas, con el fin de impedirle participar en las elecciones. Cuando logró una alianza electoral con el partido Centro Democrático (CD), se suspendió a dicho instituto político dado que cuatro años antes no había obtenido el número necesario de votos para permanecer legalmente como partido político. De hecho, no se le había suspendido en su momento, e incluso tres años después de los malos resultados en 2015, participó en las elecciones para diputados de 2018 logrando un diputado. La vinculación entre la suspensión del CD y el deseo de obstaculizar la presentación de Nayib Bukele se hizo obvia una vez se llevó a cabo la alianza entre la pequeña fuerza del CD y la fuerza emergente en torno a Nuevas Ideas. La alianza electoral final con la que consiguió el triunfo en las elecciones se produjo con el partido ultraderechista GANA, que fue severamente criticada por los partidos tradicionales y por los partidarios del “statu quo”, por supuesto sin reconocer las arbitrariedades anteriores tendientes a frenar su participación política.
El manejo del tema de la corrupción contra los dos partidos dominantes en los últimos treinta años de la historia política salvadoreña fue sistemático en la propaganda de Nayib Bukele. La frase “devuelvan lo robado” tuvo un fuerte impacto en la población. Los despidos masivos y arbitrarios de personas cercanas o afiliadas al FMLN por parte del nuevo presidente aumentaron la tensión con dicho partido, ya intensa desde que años antes, siendo Nayib Bukele alcalde de San Salvador, fue expulsado del FMLN. El manejo sistemático y con frecuencia poco ético de las redes sociales, los ataques desde el poder ejecutivo a los dos partidos tradicionales y las críticas al estilo autoritario del nuevo Gobierno han caracterizado los últimos siete meses del año. Bukele sucedía a un Gobierno que en sus últimos años había mostrado una severa ineficiencia. La conflictividad que se desprende de un Gobierno agresivo frente a los políticos tradicionales y prácticamente sin representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa, con enemigos numerosos en la misma, es parte de un panorama que puede ir en aumento en el año 2020. El hábil manejo mediático de las relaciones internacionales con Estados Unidos, Japón, China y Qatar, con sus promesas de apoyo, así como una dinámica ejecutiva más presente en la sociedad, entre otros factores, contribuye también a que se haya mantenido muy alta la valoración popular, sin que le hayan afectado mayormente las acusaciones de autoritarismo en referencia clara a algunas de las medidas tomadas por su Gobierno, especialmente en la relación con los múltiples despidos arbitrarios realizados (más de 400 personas de las diferentes Secretarías), las obstrucciones y negativas a la información pública y la falta de transparencia ante solicitudes de información.
La cercanía política con Estados Unidos le da frente a los partidos tradicionales una cierta fortaleza. Sin embargo, esa cercanía ha tenido unos costos que pueden dañar derechos de las personas. Entre los costos de la cercanía está la firma de convenios en los que se declara país seguro para recibir refugiados centroamericanos, a pesar de no tener infraestructura para ello ni seguridad para los propios nacionales. El memorando de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos “para prevenir y combatir la delincuencia” autoriza a Estados Unidos a retener durante 75 años “toda la información que los Participantes Salvadoreños suministren como parte de una Consulta, sin importar si existe una coincidencia en las bases de datos del DHS” (nombre dado en el memorando al Participante norteamericano en el convenio). En cambio, El Salvador solamente podrá retener durante el mismo tiempo las consultas que generen coincidencia. En el memorando se dice además que no se podrá suministrar la información recolectada a ningún tercer Estado, organismo internacional o entidad o persona privada, sin el consentimiento previo entre los firmantes. Esto podría implicar que una persona no podría acceder a sus propios datos, si el otro Estado se niega: esto contradice la Ley de Acceso de Información Pública, en relación al derecho a tener acceso a los propios datos personales. La información sobre los datos personales queda al arbitrio de las partes, incluso con la capacidad de impedir la apelación contra la información contenida en el intercambio. Las contradicciones con la legislación salvadoreña de acceso a la información y a los datos personales son demasiado numerosas.
El nuevo presidente fue favorecido en su etapa como candidato precisamente por el desprestigio con el que cuentan los partidos políticos en El Salvador. Según el observatorio de juventud de la CEPAL solamente el 13.8% de los jóvenes manifiestan confianza en los partidos políticos. En las encuestas de opinión tanto los partidos políticos existentes, como la Asamblea Legislativa suelen aparecer en los últimos lugares cuando se pregunta por la confianza en las instituciones. De hecho, las críticas de los partidos mayoritarios, que ya han sido gobierno y que son la fuente de la decepción ciudadana frente a la política, acabaron beneficiando a Nayib Bukele en su campaña. Además, su partido sin diputados se ha encontrado con que tiene en frente a una de las Asambleas Legislativas de peor calidad de la posguerra. La relativa desmoralización del FMLN tras la aplastante derrota electoral en las elecciones presidenciales y la división y confrontación interna en las filas de ARENA han añadido incapacidad legislativa al así llamado “primer poder de la república”. Temas de gran importancia para el país, como una ley general de aguas pendiente por años, o una ley de reconciliación exigida por la Sala de lo Constitucional desde 2016 continuaron sin salida durante el 2019. Con respecto a la ley de reconciliación el intento de aprobar una especie de nueva versión de la ley de amnistía recibió críticas sistemáticas tanto de la comunidad nacional de DDHH como de personalidades de las Naciones Unidas como la Alta Comisionada de DDHH y el Relator de Justicia Transicional. Si bien las críticas frenaron el primer intento de emisión de la ley, los intentos de aminorar las consecuencias legales de la comisión de crímenes de lesa humanidad o de guerra ha continuado. Aunque se ha dado algún acercamiento entre las posiciones de la comunidad de DDHH y alguno de los proyectos de la Asamblea Legislativa al respecto, permanecen las dificultades, con un elevado grado de intensidad, para encontrar una legislación conforme a estándares internacionales de DDHH.
Otras instituciones estatales vinculadas a los DDHH continúan viéndose afectadas por la política de cuotas partidarias. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido la última en la que hubo una elección de Procurador con la impresión de ser cuota partidaria. Además, habiendo un relativamente amplio número de candidatos con experiencia y compromiso en la defensa y promoción de DDHH, se terminó eligiendo a una persona con escasa experiencia y currículo en el campo de dichos derechos. El Instituto de Acceso a la Información, otra institución clave para la defensa de los DDHH en un país donde la información se le restringe con frecuencia al ciudadano, se vio envuelto en una serie de crisis a partir del fin del Gobierno del FMLN. La más fuerte, ya casi a finales del año 2019, consistió en la utilización de un sistema informático que transfería al Gobierno datos personales de quienes solicitaban información. Sobre la Fiscalía, El Sistema Judicial y la Procuraduría General hablaremos en el contexto de los derechos generales de la población.
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