Desde hace más de dos meses se ha detonado otra crisis social y política en Honduras a partir de la defensa del derecho a la educación y a la salud frente a las iniciativas de privatización impulsadas por el poder ejecutivo. En la actualidad, la crisis ha sobrepasado estas dos demandas y es la expresión de la acumulación continua de conflictos que tienen su raíz en el golpe de Estado de hace 10 años, y su origen inmediato en las elecciones ilegales y fraudulentas de noviembre de 2017, abonadas con los casos de corrupción, impunidad y vínculos con el narcotráfico de Juan Orlando Hernández. Esto da como resultado que la presión social y política siga en aumento, y que el régimen la haya confrontado de manera brutal, especialmente en las últimas semanas, en las que la escalada de represión y violación sistemática a los derechos humanos ha sido gravísima.
Juan Orlando Hernández tiene una decisión clara y pública de reprimir todas las expresiones de descontento y protesta social que surgen diariamente y de manera creciente en el país, por parte de diversos actores sociales. Según la Coalición contra la Impunidad la semana del 16 al 22 de junio se produjeron tomas y movilizaciones en al menos 75 puntos del país, de las cuales el 90% fueron reprimidas, utilizando el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, que alcanzaron a casas de hogar, centros de salud y otros lugares públicos en donde había menores, y el reiterado uso de fuego a bala viva contra la población manifestante. La represión del jueves 20 de junio, por ejemplo, tuvo como resultado 19 personas heridas, 16 de ellas por armas de fuego, y dos muertes, de acuerdo al comunicado de Amnistía Internacional. Ese mismo día, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunció el despliegue de las fuerzas armadas, policía, inteligencia y todas las instituciones que dependan del ejecutivo con el objetivo de “restablecer el orden”. El lunes 24 de junio la Policía Militar del Orden Público irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para perseguir a los estudiantes con disparos a bala viva, dejando un saldo de 4 estudiantes heridos de gravedad y otros con heridas más leves.
Unido a ello, se ha incrementado la estrategia de criminalización y campaña publicitaria para desacreditar a los defensores de derechos humanos. En declaraciones públicas a una cadena de televisión el 25 de junio, Juan Orlando Hernández afirmó que algunos defensores de derechos humanos llevan en sus mochilas bombas molotov y piedras. Han circulado noticias de líderes sociales como jefes de supuestas “bandas armadas”, como es el caso de un delegado de la palabra de la parroquia de Tocoa. Además, se han elaborado perfiles de personas identificadas como líderes con intenciones evidentemente criminales en su contra. En ese sentido, se ha tenido acceso a un documento en el cual perfilan al Padre Ismael Moreno Coto, director del ERIC y Radio Progreso, como uno de los "líderes políticos detrás de las planificaciones de las marchas, disturbios y saqueos". Esto es especialmente preocupante, y se suma a los actos de agresiones e intimidación de los que han sido víctimas varios comunicadores de la institución en las últimas semanas.
En medio de esta crítica situación, la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación ha convocado a otros actores para la construcción colectiva de propuestas alternativas de políticas públicas que garanticen el derecho a la salud y educación para todos y todas, iniciativa que creemos merece la pena, y en la que el ERIC y RP están colaborando en la medida de sus posibilidades.
