El Consejo Nacional Apostólico de Guatemala de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús,

ante los últimos acontecimientos que amenazan el Estado  de Derecho y la democracia en Guatemala

 

Expresamos

  1. Nuestra preocupación por los últimos acontecimientos. Como institución religiosa estamos al servicio de la sociedad guatemalteca colaborando en la construcción del Reino de Dios que nos encargó Jesucristo y del cual nos hace partícipes. Este Reino es de paz con justicia y de preocupación por los últimos y los más vulnerables. Jesús nos aconseja en el evangelio que no sigamos el ejemplo de los “reyes de los paganos que los tienen sometidos e imponen su autoridad haciéndose llamar benefactores. No sea así entre ustedes Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve.”(Lucas 22, 25-26) y el Papa Francisco nos dice que "la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción" (Mensaje del Santo Padre Francisco en la LII Jornada Mundial por la Paz 21: La buena Política está al servicio de la paz). La responsabilidad política implica la misión de salvaguardar el derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la sociedad, entre generaciones y entre las culturas. Como se lee en el comentario de la Oficina de Prensa Vaticana, no hay paz sin una confianza mutua, y para que haya confianza debe haber como primera condición el respeto por la palabra dada.
  2. Teniendo en cuenta estos puntos de reflexión, expresamos nuestra profunda sorpresa, preocupación e indignación a raíz de las decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales y el gobierno de la República en torno al proceso de terminación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la desobediencia a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que han generado inestabilidad, inseguridad e irrespeto a la Constitución y al Estado de Derecho, poniendo en riesgo la democracia y la legalidad republicana que está obligado a defender.
  3. No se trata de estar a favor o en contra de la CICIG, se trata de preservar la legalidad con ética política y de recuperar el sentido profundo de lo político como forma de construir una sociedad más justa, pacífica e incluyente. A esto estamos comprometidos todos para que nuestra sociedad se asemeje a ese Reino de Dios que es el horizonte de todo seguidor de Jesucristo. No se trata de apelar a una falsa soberanía, sino defender los derechos humanos de las y los guatemaltecos que es donde reside la verdadera soberanía del pueblo. Y la lucha contra la corrupción y la impunidad son una parte sustancial en nuestra sociedad.
  4. Con estas decisiones se rompe la confianza entre la ciudadanía guatemalteca y nuestras autoridades, porque se desprecia la institucionalidad del Estado y el respeto a nuestra Constitución; se contradicen las palabras del presidente y su equipo de gobierno que afirman trabajar por la transparencia y en contra de la corrupción. Los hechos nos dictan que se está favoreciendo mediante un pacto de impunidad, a intereses sectoriales y los privilegios de los más poderosos. Se divide a la población y se pone en peligro la paz social.
  5. Más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país y especialmente los más vulnerables que padecen, entre muchos males provocados por la corrupción, un alto índice de desnutrición, desatención reiterada de las familias campesinas e indígenas, alto grado de desabastecimiento y atención en los hospitales públicos y falta de calidad de servicios básicos.
  6. Solicitamos a las autoridades que reconsideren sus decisiones y asuman actitudes y hechos de interés para el bien común, tomando el rumbo del respeto a los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad y del Estado de Derecho, con especial preocupación por los derechos humanos de los más vulnerables y excluidos.
  7. Hacemos un llamado a los guatemaltecos y guatemaltecas de buena voluntad a no dejarnos llevar por el miedo y la indiferencia. La participación ciudadana es un derecho y un deber para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, a cuya misión nos sentimos llamados también como Compañía de Jesús.

    Guatemala, 10 de enero del 2019