El pasado 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), con sede en Managua, el sacerdote José Alberto Idiáquez.
A través de las medidas, la CIDH reconoce que la vida e integridad personal del representante de la Iglesia católica se encuentra en peligro. Esto, producto del rol que ha tenido en la defensa de las personas manifestantes contra el gobierno de Daniel Ortega, así como por su participación en la Mesa de Diálogo que fuera instalada para dar una solución democrática a la crisis generalizada que se gatilló el pasado 18 de abril. “Al igual que el sacerdote Idiáquez, varios participantes en la Mesa del Diálogo, miembros de la Alianza por la Justicia y la Democracia han sufrido reiteradamente amenazas”, manifestó María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
CALPI junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), tramitaron las medidas. En su resolución, la CIDH destaca el rol que ha tomado el rector de la casa de estudios, al apoyar, entre otros, a los y las estudiantes en el contexto de esta crisis sin precedentes en la historia reciente del país.
A la fecha, se contabilizan 143 personas asesinadas y más de 1.300 heridas. Como lo señaló la CIDH en su comunicado más reciente, la violencia ha recrudecido en las últimas semanas producto del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como por grupos armados que actúen bajo el consentimiento del Estado.
