El lunes 27, los PP. José María Tojeira y Andreu Oliva, acompañados de sus abogados, presentaron en el Juzgado 3° de paz de San Salvador la reapertura del proceso judicial iniciado el año 2000 contra los que considerábamos autores intelectuales del asesinato de los jesuitas. Desde Julio de 2016, fecha en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional varios artículos de la Ley de Amnistía aprobada en el año 1993, referidos a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, la Fiscalía General de la República podía haberlo presentado. Nosotros decidimos esperar e influir en una propuesta de ley de justicia transicional que facilitara la pronta y adecuada justicia a todos los que desearan ventilar judicialmente las graves violaciones del pasado. El Estado no ha avanzado ni se ha preocupado en este casi año y medio por llevar adelante la justicia de los graves crímenes del pasado, ni por diseñar un marco de justicia transicional que facilite tanto la realización de justicia como medidas de reparación, garantías de no repetición y reconciliación.
El 29 de mayo del año en curso presentamos una solicitud de conmutación de la pena en favor del coronel Benavides, como muestra de la dirección que puede tener la justicia transicional. En el mismo marco de justicia transicional hemos solicitado la reapertura del “caso jesuitas” en su versión del año 2000 enfocada hacia los autores intelectuales. Aunque el juicio contra los autores materiales, iniciado en 1989, tuvo severas fallas, como ya en su momento lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999), no procederemos contra ninguno de los que en ese momento fueron juzgados. Consideramos que a pesar de la debilidad y contradicciones del juicio, los entonces juzgados ya pasaron por un proceso en el que la verdad sobre la autoría material quedó establecida y se cumplieron, al menos, unas penas mínimas. Estamos convencidos de que la responsabilidad del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras recae sobre un grupo de militares de alta graduación, fundamentalmente de una misma tanda (1966), que llegaron a controlar la mayor parte de los puestos de poder dentro de la Fuerza Armada y que se sentían impunes a la hora de actuar ilegalmente. Desde esta posición presentaremos en la audiencia inicial algunas variantes respecto a lo que solicitábamos el año 2000. Continuando con nuestra línea de apoyo a la justicia transicional, insistimos en que todas las personas que acusamos y que pedimos sean investigadas gocen de libertad durante el proceso judicial.
Fuente: Jesuitas Centroamérica
