Cuando Arawi llenó el censo la semana pasada tuvo que escoger entre su nacionalidad Kichwa o su pueblo Otavalo por que la nueva categorización no reconoce su identidad Kichwa-Otavalo. A la Miriam le cuestionaron porque es indígena. En Ecuador, la negación de lo indígena es tan estructural que el mismo presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI), Alberto Ainaguano, tuvo que insistir para que le inscriban como indígena y no como mestizo. Pero la reformulación de categorías en el censo de población del 2022 va más allá del racismo habitual. Es una desaparición estratégica de los pueblos indígenas.

El censo de población que se está ejecutando estos días en Ecuador, financiado por el Banco Mundial, está diseñado para invisibilizar a las poblaciones indígenas, indicando la intencionalidad de desaparecer su fuerza política.

¿Qué hace el Banco Mundial en Ecuador desapareciendo a poblaciones indígenas del censo? Quizás facilitando políticas de estilo extractivista, ya que si no existen comunidades indígenas no hace falta consultar a nadie para promocionar la mega-mineria metálica y petrolera como modelo de “desarrollo”.

El censo de población 2022 más parece una varita mágica: desaparece lo indígena no deseado, y crea datos comercialmente deseados como la cedula de identidad. Se vulneran derechos humanos y constitucionales individuales y colectivos. Antes de que se inicie el censo presencial ya habían varias acciones judiciales para detenerlo. Algunas de ellas fueron presentadas por el exdirector del INEC, Byron Villacis, por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay y por legisladores de UNES. Las acciones denuncian la inconstitucionalidad de recolectar datos privados y confidenciales, el riesgo de genocidio estadístico y la inconstitucionalidad de este registro de comunidades indígenas.

Los actores detrás del censo son aún más alarmantes que su metodología. El INEC es ahora una instancia adscrita a la presidencia. Esto significa que su ubicación en la función ejecutiva permite que las barreras para acceder a datos sensibles y confidenciales que recoge sean más débiles e informales. Personajes o entidades con interés de acceder a datos sensibles de ecuatorianos, sea para perseguir opositores políticos o comercializar información, tienen la tarea mucho más fácil. De hecho, en septiembre el gobierno del presidente Guillermo Lasso, un banquero del opus dei, anunció la monetización de la Dirección Nacional de Registro Públicos (DINARP) a la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, presidida por su hijo. En otras palabras, el banquero presidente vendió registros de la oficina de datos a su hijo banquero; una privatización financiarizada del estado intra famiglia.

Estrategia 1. Eliminar la comisión de pueblos y la campaña de autoidentificación

Primero, el gobierno eliminó la Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Indígena, Afroecuatoriano y Montubio (CONEPIA). Este espacio permitía que sean las propias comunidades quienes diseñen y ejecuten una campaña de autoidentificación debidamente financiada y organizada.

Por esta razón, en el censo del 2022, no hubo una campaña con meses de anticipación como en censos anteriores que permita advertir sobre la ejecución del censo ni que se identifiquen como indígenas y afros al momento de contestar la pregunta de autoidentificación étnica.

Inevitablemente, menos indígenas y afroecuatorianos se reconocerán como tales, lo que causará una reducción ficticia en la proporción de sus poblaciones en los resultados del nuevo censo. Esa invisibilidad estadística afectará la representatividad política, económica y social de grupos étnicos por los próximos 10 años.

La invisibilización de poblaciones étnicas es un peligro real con precedentes. En Colombia, el censo de 2018 invisibilizó a más de 30% de la población afrocolombiana y palenquera, llevando a la Corte Constitucional a declarar un etnocidio estadístico y a ordenar un nuevo censo adecuado para representar estas poblaciones.

Estrategia 2. Listar las comunidades para negarlas

La segunda estrategia es registrar a las comunidades indígenas para controlarlas. El nuevo Censo de Comunidades Indígenas lista datos específicos de cada comunidad, desde cuántas familias son hasta los contactos de sus dirigentes, pasando por el territorio y datos de miembros de la comunidad. Este ejercicio burocrático genera un registro de información, al estilo de una cedulación, lo cual está fuera de las competencias del INEC, que solo se debe a generar estadísticas.

El registro busca generar un listado de comunidades con información detallada de cada territorialidad y circunscripción formalizadas desde el Estado. Puede parecer inofensivo, pero el gobierno puede usar este registro para decidir quién es o no es una comunidad indígena, quién tiene o no derechos colectivos.

Esta práctica, lejos de ser abstracta, ya se viene dando en la acción judicial de comunidades indígenas contra el Estado por un concesionar sus territorios a una empresa minera sin consulta previa en Kimsakocha, Azuay. Para evadir el derecho a la consulta, los abogados del Estado y de la minera dicen que las comunidades en la zona no son indígenas y que por lo tanto no se aplica el derecho a la consulta previa.

El argumento es una muestra de lo que puede pasar si se formaliza una lista de comunidades indígenas con límites rígidos definidos por y para el Estado. Cada gobierno tendrá una herramienta de fácil aplicación para negar derechos de consulta previa: simplemente definirá que el proyecto en conflicto tiene una territorialidad distinta a la de determinada comunidad y, por ende, declarar que no hay comunidad (a pesar de que haya individuos indígenas); por lo tanto, se elimina el derecho a la consulta.

Este es un mecanismo muy astuto para descartar derechos colectivos a la libre determinación, reconocidos en normas internacionales y en la constitución. No en vano es el Banco Mundial el que está promocionando el censo.

Estrategia 3. Cédulas para criminalizar

La estrategia de incluir la cédula de identidad en el formulario censal atenta contra la confidencialidad y privacidad de todos los censados y permite la construcción de bases de datos para fines comerciales, políticos, e incluso delincuenciales. Varias acciones de protección fueron interpuestas judicialmente con el objetivo de bloquear el uso total de este levantamiento de información.

Esta decisión causó tanto rechazo que Asambleístas impugnaron la acción y la Asamblea Nacional –con mayoría y votos de partidos de izquierda y derecha– aprobó una resolución para fiscalizar el censo de población.

Como reacción, el INEC cambió su discurso permitiendo la entrega opcional de la cédula de identidad. Sin embargo, más de dos millones de ecuatorianos ya han entregado su cedula en encuestas virtuales y compulsorias a servidores públicos.

El riesgo es la criminalización de lideres indígenas, que aumenta proporcionalmente el extractivismo. La inclusión de la cédula de identidad en el censo facilita la persecución de líderes indígenas defensores del agua y de la naturaleza, de sus abogados y patrocinadores por parte del Estado como de las mineras, que tendrán información detallada de sus familias, incluyendo datos íntimos y delicados sobre el núcleo de sus hogares. Por esta razón siempre se han promovido censos sin cédula de identidad, puesto que bloquea usos malintencionados de datos individuales sensibles.

Estrategia 4. Fragmentar categorías para invisibilizar el Kichwa

El cambio de categorías de identificación sin consenso revela una clara intención de reducir la proporción de indígenas a nivel estadístico. Algunas categorías no existen, coma la nacionalidad Quijos, mientras otras fueron fragmentadas, como la Kichwa.

La Nacionalidad Kichwa se constituye por 18 pueblos; una persona kichwa no es sólo kichwa, sino también otavalo, chibuleo o saraguro. El cuestionario censal crea una división artificial entre pueblo y nacionalidad, impidiendo que alguien se identifique como Kichwa-Otavalo. Esta categorización aparentemente administrativa tiene implicaciones políticas ya que, al fragmentar pueblo y nacionalidad, las personas tendrán que escoger entre su pueblo o nacionalidad, invisibilizando la potencia y diversidad sociopolítica de la nacionalidad Kichwa.

Además de reducir numéricamente la población Kichwa, también se invisibiliza la importancia del idioma y de la historia Kichwa en Ecuador, ya que esta cultura es resultado de una mezcla indivisible de culturas pre-kichwas y no puede ser disociada de lo que hoy constituye el Ecuador.

Por si esto fuera poco, a horas de empezar el operativo presencial, miles de censistas no cuentan con indumentaria para su trabajo, ni se encuentran correctamente capacitados. La indumentaria que debería constar de chalecos, gorras e identificaciones con filtros de seguridad no fue producida ni distribuida a tiempo. Muchos censistas empezarán su trabajo solamente con gorras y algunos de ellos recibieron la orden de imprimir su identificación en hojas de papel simple a color.

Estas fallas que representan no sólo riesgo de seguridad para los censistas sino además para todas las personas a censarse, se suman a los problemas de inseguridad que sufre el país y a los cuales están expuestos los censistas. Miles de ellos fueron capacitados precipitadamente y no conocen detalles sobre la complejidad del formulario, aplicación de preguntas sensibles, manipulación de tablets o estrategias de seguridad. Estos factores sin duda afectarán la calidad censal y desmotivan a censar zonas lejanas y rurales, precisamente donde hay más indígenas.

Terra Nullius

El censo del 2022 de Ecuador busca producir números oficiales que encajen en el relato de que los indígenas y afros son imperceptibles minorías sin derechos. El Estado ecuatoriano y el Banco Mundial usan su poder de violencia definicional para construir realidades a la carta, realidades irreales que les sirvan para avanzar sus proyectos extractivistas, anti colectivos y privatizadores.

Quizás no era de sorprendernos que el extractivismo de hoy perpetua la historia de la Conquista, que desde 1493 usa la doctrina del Descubrimiento para definir a los territorios de Abya Yala como terra nullius invisibilizando los pueblos originarios para justificar el despojo.

Quizás era previsible que los cuerpos indígenas sigan siendo terra nullius en la continuación del orden capitalista colonial. Por ello no deberá sorprendernos que, cuando ya no haya poblaciones indígenas, desaparezca nuestra Casa Grande y con ella la posibilidad de supervivencia de la humanidad.

 

Imagen e información de opendemocracy.net