El Diálogo Interamericano, el Banco Mundial y el BID se unen para definir una agenda sobre inversión privada, pública, soluciones tecnológicas y estrategias nacionales a largo plazo.

 

Los países de América Latina enfrentan un desafío de importancia estratégica: extender la conectividad significativa con fines educativos a lo largo y ancho del territorio. Zonas de baja densidad poblacional, distantes de centros urbanos o aisladas debido a su geografía, presentan tasas de cobertura y uso de internet extremadamente bajas. La virtualidad forzosa durante la pandemia puso de manifiesto las brechas significativas que enfrentan un conjunto importante de hogares y de escuelas y, en consecuencia, la relevancia de disponer de conectividad significativa— con velocidad apropiada y regular, suficientes datos y acceso a dispositivos asequibles— con fines educativos.

Más allá del contexto de emergencia, la conectividad significativa tiene el poder de mejorar los procesos educativos y ampliar la cartera de modelos de enseñanza y metodologías pedagógicas que se pueden implementar en el aula – incluyendo actividades como el seguimiento a los alumnos, la gestión administrativa y la evaluación de aprendizajes.

En todos los casos, cerrar las brechas de conectividad significativa se torna prioritario. Seguir demorando dicho objetivo implica condenar a millones de niños y niñas a una educación de baja calidad. Los avances que se han dado en los últimos años en las políticas públicas de la región, no han logrado generar las condiciones para que la cobertura de servicios de internet aumente de manera suficiente, ya que en gran parte, estas zonas siguen planteando un desafío de rentabilidad a los operadores tradicionales. De mantenerse el ritmo de progreso actual, las desigualdades educativas – que ya se observan – continuarán creciendo.

Asegurar la conectividad significativa con fines educativos requiere encontrar soluciones creativas y flexibles, impulsando paquetes de respuestas que extiendan un servicio de calidad de manera rápida y económicamente viable. La tecnología para hacerlo ya existe, por lo que lograr este objetivo requiere garantizar el financiamiento y las condiciones regulatorias e institucionales apropiadas para que el sector privado, las comunidades y los usuarios desarrollen las inversiones necesarias complementando las inversiones asumidas por el Estado.

Este llamado a la acción es el resultado de una iniciativa conjunta de líderes de los sectores público y privado, como así también de múltiples actores de la sociedad civil que han respondido a la convocatoria del Diálogo Interamericano a un Grupo de Trabajo sobre Conectividad Educativa en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Se proponen cuatro líneas de acción que todos los países deben seguir de forma sistemática para impulsar la expansión de la conectividad significativa con fines educativos.

1. La inversión privada debe cumplir un rol importante en la expansión de conectividad educativa en zonas complejas. Con este objetivo es esencial crear condiciones regulatorias e incentivos consistentes para facilitar el proceso de inversión y modelos de negocio sostenibles.

  • Los procesos licitatorios de espectro son un importante instrumento para promover la expansión de redes, incluyendo obligaciones de servicio en zonas de baja densidad poblacional. La recaudación fiscal no debe ser las única (ni la principal) consideración a la hora de diseñar las subastas de espectro. En este sentido, crear incentivos (fiscales y regulatorios) que impulsen la inversión privada para una mejor conectividad en zonas rurales es no solo justificable desde el punto de vista social, sino también positivo desde el punto de vista económico y fiscal en el largo plazo. Atender al apropiado balance entre recaudación y los objetivos de conectividad, permitirá disminuir las demandas de subsidios para responder a necesidades insatisfechas de conectividad en zonas complejas.
  • Los marcos regulatorios también deben considerar los incentivos necesarios para la expansión de cobertura y la prestación de servicios de internet de calidad. En particular, resulta importante facilitar la compartición voluntaria de infraestructura entre operadores y entre actores involucrados, e incluso de espectro.
  • Las políticas públicas deben reconocer el rol fundamental que tienen los distintos actores, como son por ejemplo las empresas de infraestructura pasiva, cuyo modelo de negocio es precisamente la compartición, herramienta eficiente para llevar más y mejor conectividad, especialmente en zonas apartadas y dispersas.
  • Del mismo modo, promover la apertura en el uso del espectro no ocupado permitirá diversificar la oferta de prestadores y, de esa manera, ampliar las fuentes de financiamiento de la inversión necesaria, inclusive por parte de las propias comunidades. Además de ampliar el acceso al espectro, es clave armonizar los procesos de otorgación de permisos, licencias y autorizaciones dentro de los países, a diferentes niveles institucionales (nacional, provincial y municipal). El gobierno nacional puede participar recomendando modelos de normas e incentivos a los entes municipales para modernizar sus reglamentos locales de construcción y regularización de infraestructura pasiva de telecomunicaciones.
  • El desarrollo de figuras institucionales más flexibles también puede contribuir a la mejor coordinación de las acciones de empresas (incluyendo aquellas que proveen servicios o contenido en línea) y del Estado.
  • Finalmente, es necesario que las políticas públicas sean de largo plazo y le apuesten a actores que estén dispuestos a invertir igualmente para el largo plazo, lo cual garantiza la sostenibilidad de los proyectos, tanto desde el punto de vista financiero como en calidad de las infraestructuras.

2. La inversión pública es y debe ser un componente esencial de cualquier estrategia para extender la cobertura de internet con fines educativos a las poblaciones rurales. El desafío, sin embargo, no es solo movilizar los recursos necesarios sino también que su asignación contribuya a impulsar la inversión privada y maximice la provisión de conectividad significativa.

  • El uso más efectivo de los recursos públicos para ampliar la conectividad rural no debe recaer en subsidios a los costos operativos o tarifas de servicio, sino contribuir a la disminución de los costos fijos de las inversiones privadas en estas zonas. La inversión pública no debe excluir el desarrollo de redes troncales o regionales, pero debe privilegiar la búsqueda de complementariedad con las inversiones de origen privado con el fin de cubrir las brechas de última milla y de reducir los costos fijos a las empresas.
  • Resulta de suma importancia asociar y rediseñar los fondos de servicio universal del sector de telecomunicaciones, que típicamente existen en muchos países, con los recursos específicamente asignados en el presupuesto nacional para la expansión de redes de fibra óptica y otras inversiones conexas, y promover su uso efectivo. Adicionalmente, en algunos países, va a ser necesario actualizar el marco regulatorio referido a los fondos de servicio universal para facilitar esta inversión.

3. Las soluciones tecnológicas para conectar a las zonas rurales, en el estado actual del desarrollo tecnológico, deben incluir un conjunto de opciones tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

  • En lo inmediato, para contextos de última milla en los que la baja densidad o la situación geográfica complica la expansión de redes terrestres es necesario aprovechar sin demora opciones tecnológicas como las conexiones satelitales o el uso de los espacios blancos de televisión (TV White Spaces). Reconociendo las limitaciones que pueden tener en cuanto a velocidad y calidad, la urgencia de generar soluciones a lo largo y ancho del territorio, realza la importancia de aprovechar las distintas opciones disponibles. Más aun, cuando estas soluciones tecnológicas pueden alimentar e integrarse con las redes de telefonía celular.
  • Al mismo tiempo, se deben considerar soluciones educativas, incluyendo modelos de enseñanza, que funcionen con bajo consumo de ancho de banda o incluso sin conectividad o con conectividad diferida, de manera de garantizar el acceso inmediato a escuelas en zonas remotas.
  • Adicionalmente, las estrategias de conectividad educativa rural deben desarrollar medidas para que el equipamento necesario en los hogares y para los usuarios sea más asequible y accesible. En algunos países, las tarifas a la importanción de equipos son una barrera muy importante para implementar nuevos modelos en zonas aisladas o complejas.
  • Aun reconociendo la primacía de las conexiones terrestres, los avances tecnológicos podrían permitir que el uso de estas soluciones puede ampliarse en el tiempo, por lo que es recomendable que las regulaciones necesarias para su adopción sean introducidas a nivel regional.

4. El Estado debe desarrollar estrategias nacionales de largo plazo en las que el objetivo de garantizar conectividad significativa para usos educativos en zonas rurales (en escuelas y en hogares) esté debidamente incorporado en los instrumentos de planificación y/o de políticas públicas de los Estados, de manera que las acciones de parte de diversos agentes del estado estén efectivamente coordinadas. Esta vocación debe superar el estadio declarativo y abocarse al complejo entramado regulatorio y a una estructura de incentivos consistente que impulse los esfuerzos de conectividad significativa en estas zonas.

  • La búsqueda de soluciones y el diseño e implementación de dichas estrategias es una tarea que debe involucrar a múltiples ministerios (Telecomunicaciones, Educación y Economía o Planificación) y entes reguladores. La coordinación de dichos esfuerzos debe ser realizada al más alto nivel de la administración pública a fin de asegurar el compromiso político y financiero necesario.
  • Los ministerios de educación deben cumplir un rol activo en la formulación e implementación de dichas estrategias. Eso implica hacerse plenamente responsables por la identificación de las brechas que existen en las escuelas de todo el país en términos de acceso a conectividad significativa. Del mismo modo, deben tomar responsabilidad por adecuar la infraestructura escolar para que cuente con las condiciones mínimas (electricidad y equipamiento). Esto requerirá, en muchos casos, fortalecer su capacidad técnica para ser parte de estas conversaciones a nivel nacional.
  • Los recursos asignados dentro del presupuesto de educación para conectar a las escuelas, deben potenciarse y facilitar el acceso para las comunidades lindantes (por ejemplo, a través de wifi hot-spots), y no solamente a los centros educativos de forma aislada.

Hacemos un llamado a la acción para que la educación de este siglo, fuente de igualdad de oportunidades y desarrollo económico y social, llegue a todos los rincones de la región.

 

Información de elpais.com