Reporte sobre el contexto de Nicaragua correspondiente a la semana del 22 al 28 de agosto de 2022.

 

El 23 de agosto desmantelaron las instalaciones del Diario La Prensa, cuya propiedad equivale a 90 millones de dólares, y en el edificio inauguraron un centro cultural adscrito al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). No obstante, sus periodistas en exilio por la persecución política continúan llevando la noticia desde el portal digital.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a otras cuatro instituciones del Estado, acusaron a Mario Jiménez de Casa de Empeño Prisa por lavado de dinero y defraudación tributaria. El pasado 15 de agosto el gobierno invadió más de 27 casas sucursales de la casa de empeño, y el acusado asegura que es una venganza.

Esta semana el gobierno entregó las propiedades privadas donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA) a la universidad pública (UNAN-MANAGUA). Al mismo tiempo que la OEA solicitó hablar de la situación de Nicaragua en la asamblea de octubre, propuesta que fue aprobada.

Luego de un juicio secreto que duró dos días, declararon culpable a Monseñor José Leonardo Urbina Lara, de la parroquia de Boaco, por la supuesta violación de una menor de edad. El régimen le impidió el derecho de contar con un abogado privado y se convirtió en el segundo sacerdote en ser condenado por el gobierno. Primero fue Manuel García Rodríguez, mientras otros cinco sacerdotes siguen apresados incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez.

El exsecretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN en Carazo, Masaya y Granada, Osman Alexander Cardoza Bello, es investigado por delitos contra la propiedad por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Bello estaría acusado por corrupción en la alcaldía de Rivas y Diriamba, la última intervenida por Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal – (INIFOM) y su alcalde recientemente muerto por un balazo en la cabeza.

Una semana después de que el Papa Francisco expresara su preocupación por la situación de Nicaragua y expresara la necesidad de un diálogo abierto. El régimen de Daniel Ortega se mantiene en silencio, por lo que analistas asumen de que no hay interés para promover un diálogo real. Para la defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, que ha documentado los ataques a la Iglesia en los últimos cuatro años, el silencio del régimen demuestra que mantendrá el acoso y la persecución.

 

Información desde Nicaragua