La democracia del país vive una profunda crisis, arraigada en el sistema judicial que es usado como una herramienta para perseguir a quienes luchan contra la impunidad.

 

José Ruben Zamora, director de elPeriódico fue detenido el 29 de julio de 2022 por acusaciones de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, un caso que él y distintas organizaciones judiciales han denunciado como un montaje judicial del gobierno en represalia por sus investigaciones sobre corrupción. El mismo día y por el mismo caso, ordenaron la captura de una fiscal auxiliar que, durante años, investigó también casos de corrupción. Actualmente, además, existen 24 ex fiscales y jueces de Guatemala exiliados por la persecución del gobierno, y otros 5 están siendo procesados dentro del país.

Zamora sigue detenido y, a pesar del llamado que han hecho organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para que sea liberado, el gobierno de Alejandro Giammattei insiste en que el periodista es culpable.

Zamora compareció ante un juez el 4 de agosto. En las fotos se lo veía sereno, esposado y escoltado por sus abogados y por defensores de derechos humanos. Al hablar afirmó que todo el proceso es un montaje creado desde la presidencia de Giammattei; más exactamente un montaje que hace parte de lo que Zamora ha llamado una persecución política en su contra en respuesta a las publicaciones hechas en su diario que demuestran abusos de poder del mandatario y sus funcionarios cercanos.

Zamora añadió que el proceso es, aunque no se diga públicamente, un juicio político. "Soy un hombre libre que decide decir no de manera categórica a los excesos y abusos del poder. Este es un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia por el presidente [Giammattei], la fiscal general [Consuelo Porras] y otras personas”.

Para el periodismo en Guatemala el caso de Zamora es indignante y preocupante. Gonzalo Marroquín, director de la revista Crónica y expresidente de la SIP, afirmó que el juicio es una trama que muestra el afán del gobierno de acabar con elPeriódico y de silenciar a su fundador. Lo calificó como un ataque feroz y añadió que la alianza que hoy gobierna Guatemala, conformada por militares, mafias, partidos políticos y empresarios, controla los tres poderes del Estado.

Guerra contra los jueces y fiscales

Hace más de tres años se desmontó en Guatemala un organismo que creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar de forma independiente a las instituciones que investigan casos de corrupción e impunidad en el país.

Se llamaba Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala y fue disuelta en 2019. Esto sucedió después de que el gobierno guatemalteco acusara a la Comisión de ser un riesgo para la seguridad nacional y una estructura criminal, a pesar de que gracias a su ayuda fueron condenados decenas de personajes corruptos. Cuando se supo que sería disuelta, la Comisión denunció una fuerte campaña en su contra financiada por grupos de poder que no estaban contentos con las investigaciones y los juicios que llevaba a cabo.

Después de la salida de la Comisión del país, se ha ido desmantelando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que fue creada por la misma Comisión y para investigar los casos que iban siendo seleccionados para ser investigados.

El 20 de febrero de 2022 el entonces fiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, hizo público a través de una carta que abandonaba Guatemala debido al acoso del que era víctima por investigar casos de corrupción y crimen organizado en el país. Su renuncia y exilio, así como el de tantos otros jueces y fiscales, demuestran que hay una guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de funcionarios que hacen parte del sistema judicial, en contra de funcionarios que buscan detener la impunidad.

En su comunicado, Videz acusó directamente a la fiscal general Consuelo Porras, de obstaculizar su trabajo: “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes” dice la misiva de Videz, quien también denunció una cruzada contra defensores de derechos humanos y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales que, a diferencia de aquellos sobre corrupción pública y crimen organizado, sí avanzan con celeridad dentro del sistema judicial.

“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos, como ‘Construcción y corrupción’, en el que descubrimos maniobras complejas del saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron [sic] conforme la operación avanzaba”, explica el exfiscal. Videz afirma que, gracias a esta investigación, se pudo determinar un desfalco de al menos 125 millones de quetzales (más de 16 millones de dólares al cambio actual) y una red de corrupción y lavado de activos que involucra a funcionarios dentro del Estado. “Diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados”, afirma.

El exfiscal especial termina su dura carta diciendo que: “Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma contra los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción se utilizaron diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Hay coordinación de los operadores en esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual”.

Casos como el de Videz y el de José Ruben Zamora muestran que la crisis de la democracia en Guatemala no nace de detenciones arbitrarias, sino de un resquebrajamiento del sistema judicial, el único encargado de hacer contrapeso al poder legislativo y ejecutivo de cualquier país.

Tal vez la prueba más grande de esa crisis es que la acusación contra la fiscal general, Consuelo Porras, no es nueva. Juan Francisco Sandoval, ex director de la FECI, fue retirado de su cargo en el año 2021. En una rueda de prensa antes de su salida, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras para proteger a sus amigos que estaban involucrados en investigaciones que estaban a su cargo.

Según Sandoval los casos que investigaba tocaban, incluso, al presidente Alejandro Giammattei. En ese entonces afirmó que "No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos [él y otros jueces y fiscales] en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”.

Hoy Sandoval está refugiado en Washington, ciudad donde también han buscado refugio la ex fiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos de corrupción.

El acoso hacia los funcionarios judiciales, los defensores de derechos humanos y ahora la prensa ha sido tal, que ha suscitado preocupación en Estados Unidos, cuyo gobierno expresó a comienzos de 2022 que hay un "maltrato inaceptable a fiscales y ex fiscales por parte del Ministerio Público". Así mismo, la fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. La situación es tan alarmante que en julio de 2021 Estados Unidos congeló la cooperación con el Ministerio Público, después de que fuera despedido el jefe de la FECI.

Los antecedentes y las acciones actuales del gobierno de Guatemala muestran que hay un asedio sistemático contra cualquier persona que se oponga a la estructura corrupta del país, pero especialmente a los jueces y fiscales que buscan detener este aparato.

Tal ataque es dramático ya que ocurre no dentro de una dictadura, sino dentro de los marcos institucionales de un Estado Constitucional de Derecho cuya función principal debería ser proteger a todos sus ciudadanos a través de una justicia fuerte y sin grietas.

 

Imagen e información de opendemocracy.net