En los paisajes peruanos se pueden apreciar miles de desechos contaminantes, resultado de la explotación minera. En casi todos ellos, las empresas que los provocaron y abandonaron no han sido identificadas por las autoridades fiscalizadoras. Esto porque las mineras aprovecharon vacíos en las leyes que les permitieron seguir operando sin mayores sanciones. Aunque el Gobierno ya remedió más de 1.000 pasivos, va a paso muy lento.
Los apus son los cerros dioses en la cultura andina peruana y guardan en sus entrañas ricos minerales. Para obtener ese oro, plata o cobre, empresas y mineros informales excavan con grandes máquinas. Abren socavones, extraen tierra y rocas que luego depositan en gigantescas pozas, donde las mezclan con cianuro, mercurio, ácido sulfúrico o azufre. El resultado son millones de toneladas de mineral que salen en camiones o trenes hacia los puertos del Perú, desde ahí las embarcan a países para ser procesadas y devueltas en forma de aparatos electrónicos o materiales de construcción.
Desde hace décadas, cuando las empresas terminan de exprimir todo el mineral que pueden de un apu, migran sin más hacia otras montañas, dejando atrás las pilas de tierra y rocas, los socavones y las pozas. Estos desechos, denominados formalmente como pasivos ambientales mineros o PAM, están cargados con metales pesados no aprovechados en el proceso minero y que resultan tóxicos para el medio ambiente.
Año tras año, estos residuos se filtran por el subsuelo o se desbordan en la temporada de lluvias, por lo que contaminan montañas y ríos, lo que afecta a los animales y las comunidades campesinas que habitan en todo su trayecto. Las consecuencias son ríos contaminados por donde fluyen aguas ácidas que matan especies acuáticas, provocan reducción de la producción ganadera y las cosechas, así como poblaciones que luchan para que les devuelvan los afluentes limpios que evocan de cuando eran pequeños.
Los pasivos mineros son, entonces, los residuos peligrosos que han dejado las operaciones mineras en el Perú. Han estado allí desde hace 30, 40 o más años sin nadie que se preocupe en intervenir para remediarlos y evitar que sigan contaminando. En 2004, el Gobierno peruano promulgó la Ley de Pasivos Ambientales Mineros con intención de clasificarlos y buscar a quienes los ocasionaron para que detengan el daño, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
Para 2018, el Gobierno detectó más de 8.794 contaminantes; desde entonces, la cantidad fue reduciéndose. Así, al 2022, la cantidad de pasivos llegó a 7.668. Edwin Alejandro Berrospi, especialista en temas socioambientales de la Red Muqui —organización que protege los derechos de las comunidades donde se practican actividades extractivas—, es crítico de las acciones del Estado y explica que sí se han hecho labores de remediación, pero en los pasivos menos riesgosos.
"En una unidad minera hay diversos tipos de pasivos clasificados en la escala de insignificante a muy alto de acuerdo al nivel de daño que representan. Y el Gobierno solo estuvo interviniendo en los insignificantes —señala Berrospi—. Son pasivos secundarios: campamentos, instalaciones sanitarias o bocaminas. Para ellos, (el Gobierno) con eso ya han reducido la cantidad de pasivos. Dicen: ‘Ya hemos remediado’, pero no han intervenido los pasivos emblemáticos, los que en realidad importan y siguen contaminando, como las pozas de relaves, los desmontes o los desechos químicos".
En el 92,64%, de los 7.668 pasivos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene listados para 2022, no se ha podido señalar a la empresa que los produjo. De estos, el Gobierno peruano ha remediado 1.180 a través de su empresa estatal Activos Mineros SAC, creada justamente para ese fin. Otro tanto (1.340) fue asumido por las empresas que, de alguna manera, terminaron como propietarios de los denuncios mineros, aunque legalmente no aceptan la responsabilidad de haberlos generado. Su argumento es que se "solidarizan" con las comunidades. Una de estas es Minsur SA, que compró varias minas en los años 70 con pasivos que hasta hoy no soluciona a pesar de su compromiso.
El Gobierno aparece en 341 de los pasivos en los que se detectó a los responsables. Hay otro tanto (204) que sigue en litigio porque las empresas generadoras no quieren aceptarlo. Y solo en 19 contaminantes se pudo señalar con certeza a la empresa que los generó. Se trata de Minera Volcán (con siete pasivos), Minera Licuma (con seis), Minera Buenaventura (con cuatro), Minera Yahuarcocha (con uno) y Metallurgicas Supplies (también con uno).
Lo que preocupa es que 5.129 residuos han quedado totalmente huérfanos porque el Gobierno no ha podido identificar a los responsables y tampoco ha determinado quién los debe remediar. Mientras tanto, dichos pasivos siguen contaminando los apus, los ríos y las comunidades que viven en sus orillas.
El gran problema es que la Ley de Pasivos Ambientales Mineros nació deforme y desde 2004 ha tenido varias modificaciones. El primer texto contenía vacíos legales que permitieron a las empresas evadir su responsabilidad. Así lo resalta Julio Mejía Tapia, abogado constitucionalista y experto en temas ambientales, quien explica que esta norma jurídica permitía que las empresas mineras renunciaran a sus derechos mineros para así evitar la recuperación de los pasivos. “El Estado asumirá progresivamente los pasivos ambientales en abandono de los titulares no identificados o de aquellos que cancelen su derecho a (de) concesión minera”, decía el artículo 5.
“Este párrafo tuvo vigencia de un año, pero fue suficiente para que la gran mayoría de las empresas mineras se acogieran y se desentendieran de los pasivos que generaron”, acota Mejía. Hasta hoy, el Estado no puede hacerlas responsables. En mayo de 2005, el Gobierno tomó nota del error y el texto fue modificado al señalar que, aunque las mineras perdieran su derecho minero, seguirían siendo responsables de los pasivos. Además, ahora estas deben presentar planes de cierre, con el fin de no seguir incrementando los residuos.
Adicionalmente, otro problema es que no se está cumpliendo su función de detectar todos los pasivos mineros del país. El especialista Alejandro Berrospi calcula que deben existir más de 15.000. “En los últimos años se ha descuidado la detección de más pasivos alegando problemas de presupuesto, pero es una política de Gobierno no seguir fiscalizando”, añade.
“Hablamos de décadas con empresas mineras sin ninguna regulación. Muchos de los pasivos se generaron antes de 2004 y las empresas que explotaron se acogieron al primer texto de la ley, otras ya se fueron o cambiaron de nombre para seguir operando", apunta Berrospi. Además, las instituciones que no lograron aprovechar el vacío iniciaron juicios contra el Estado para evadir su responsabilidad. Por este motivo hay 204 pasivos en litigio.
Con los años, la ley fue mejorando, pero aún tiene debilidades que permiten que los residuos mineros sigan contaminando. Así lo resalta un estudio realizado en 2019 por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Como una forma de invocar la buena voluntad de las empresas mineras, el Gobierno incluyó una cláusula de “remediación voluntaria” de los pasivos. Pero no ha funcionado porque, como destaca con desánimo el especialista de la Red Muqui, nadie se ha acogido a esta figura.
Imagen e información de connectas.org
