La "Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe: Voces desde los Pueblos” se desarrolló en República Dominicana desde 18 al 22 de julio 2022 y contó con la presencia de defensores ambientales de las Américas, convocados para encarar los desafíos socioambientales que presenta la región frente al calentamiento global, los derechos humanos y las exclusiones estructurales que generan pobreza y que hace a la región cada vez más vulnerable, producto de la vigencia de modelos de desarrollo que no armonizan con los bienes naturales y la vida.

Este evento congregó a representantes de alrededor de 50 organizaciones internacionales, entre ellos diversas organizaciones vinculadas a la Compañía de Jesús (como el Grupo de Ecología Integral de la CPAL, el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental - OLMA y el Centro Montalvo), quienes reflexionaron acerca de la crisis climática, sus causas estructurales y sus consecuencias, a fin de promover acciones efectivas para construir la justicia climática en la región.

La Declaración plasma la preocupación e indignación por la poca o nula acción de los gobiernos, quienes se reunieron en República Dominicana por la Semana del Clima (organizada por la ONU y el Banco Mundial):

"Hemos constatado y denunciado cómo los poderes políticos y corporativos del mundo y de nuestra región han continuado promoviendo falsas soluciones que no confrontan las causas estructurales de la crisis y que, por el contrario, robustecen el sistema capitalista, extractivista y patriarcal que la ha generado. De esta manera, no resuelven el cambio climático, intensifican los impactos de la crisis global y generan nuevos impactos y desigualdades derivados de estas falsas soluciones".

En su Declaración, la Asamblea ha indicado seis reclamos que copiamos a continuación:

  • La cancelación de las deudas externas contraídas en base a un orden económico internacional desigual y coercitivo y el establecimiento de un financiamiento climático que en su origen y sus montos responda al pago de la deuda climática de los países industrializados y las corporaciones multinacionales, vinculado con el debate sobre pérdidas y daños, así como la adaptación climática. El uso de este financiamiento debe ser de control de los pueblos del sur, para construir sus alternativas en base de los propios conocimientos, culturas y bienes.
  • La firma del Acuerdo de Escazú por parte de los Estados que no lo han suscrito y su plena implementación para la protección de las y los defensores de los territorios frente a la criminalización, la persecución y el asesinato, así como el fortalecimiento de la participación social en las políticas públicas y el fin de la subordinación y dependencia de los intereses de las corporaciones.
  • El abandono y la promoción de la desinversión del modelo económico extractivista, basado en el acaparamiento de tierras, la extracción y exportación de minerales, energía, monocultivos y agroindustria y ganadería a gran escala, y tratados de libre comercio, que vulneran la soberanía y los derechos humanos en los territorios.
  • El pleno reconocimiento de los pueblos indígenas y negros de América Latina y el Caribe, con sus territorios y sus prácticas culturales y de gestión ecológica de sus medios de vida.
  • El impulso de una agenda por la justicia climática que priorice el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la construcción de medios de vida sostenibles, la defensa de los bosques, del agua, de los alimentos sanos. Debe orientarse hacia la recuperación de la soberanía territorial, alimentaria, hídrica y energética de los pueblos; debe basarse en el conocimiento que guardamos las mujeres y hombres en cada rincón del planeta, y debe incorporar las visiones de jóvenes, de niñas y niños, de gente del campo y la ciudad, de los afrodescendientes y de los pueblos originarios.
  • Apoyar el trabajo de las universidades, centros académicos, investigadoras e investigadores que producen conocimientos comprometidos con el bien común y el cuidado de la vida y del planeta.

Descarga la Declaración Asamblea Ciudadana por la Justicia Climática de América Latina y el Caribe

 

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