La migración haitiana genera tensiones en República Dominicana, donde se calculan cerca de quinientos mil migrantes. Gran parte de sus vecinos cree que ellos son uno de los problemas más graves que tienen, por el constante flujo de migración y porque los desplazan en empleos. Durante el apogeo de la industria azucarera, miles de haitianos llegaron aquí para cortar caña y se establecieron en comunidades donde hoy viven hacinados, sin pensiones ni papeles.

 

El 8 de marzo de 2022, frente al Congreso Nacional de República Dominicana, el sol quema y los minutos pasan con desagradable lentitud para el grupo de trabajadores de ingenios azucareros que exige con pancartas el pago de sus pensiones. Se encuentran en Santo Domingo, capital del país. Hay entre ellos más hombres que mujeres, porque la industria de la caña es principalmente masculina. Una mujer lleva un pañuelo con los colores de la bandera haitiana. Hace años cruzaron la frontera que divide Haití, la región más pobre del continente americano, de República Dominicana, una nación más próspera y la de mayor crecimiento económico de la región del Caribe. Según datos del Banco Mundial de 2020, Haití tiene un PIB per cápita de 2 925 dólares estadounidenses y una pobreza de 58.5%. Dominicana, en cambio, un PIB per cápita de 17 936 dólares y 21% de población en condiciones de pobreza. Los trabajadores están cansados, pero repiten con fuerza los cánticos de protesta que durante años han resonado frente a cada institución del Estado ante la que se han manifestado:

¡Sin cañeros, no hay azúcar!
¡Sin cañeros, no hay azúcar!

Hoy no hay maltratos. La policía no les ha echado baldes de agua fría como en ocasiones anteriores. Tampoco les esperaban grupos nacionalistas, como aquellos del 15 de noviembre de 2021. Movimientos extremistas que intentaron frustrar la protesta de los cañeros frente al Palacio Nacional armados con machetes y cuchillos. En esa ocasión, debido a la actitud de los nacionalistas, la policía impidió que el grupo de cañeros se acercara a la casa de Gobierno. Ellos han trabajado en la industria azucarera durante décadas y la pensión no siempre llega, a pesar de que la mayoría trabajó en los años de mayor apogeo del sector, como en la década de los setenta, cuando la caña lideraba 90% de las exportaciones y era la principal fuente de divisas del país.

Aunque, a través de los años, en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado ha reconocido la deuda histórica con los trabajadores cañeros, un informe de 2019 del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) detalla que estos migrantes haitianos cotizaron por mucho tiempo los montos correspondientes a su seguridad social y que, tras gestionar sus solicitudes de pensión, llevan años sin recibir una respuesta. “Los atrasos se deben en gran parte a que las cotizaciones de estos trabajadores no fueron traspasadas completamente al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) por parte de la entonces Corporación Estatal del Azúcar —hoy Consejo Estatal del Azúcar (CEA)— y los trabajadores no cuentan con certificaciones que comprueben el tiempo y salario por el cual laboraron. Para los envejecientes sin documentos de identidad es particularmente difícil tramitar sus pensiones, ya que se les exige presentar actas de nacimiento legalizadas y copias de cédula para procesar su solicitud”, dice el documento. 

Entre quienes sujetan las pancartas está Félix Gabriel, de 65 años, que llegó a los doce para trabajar en el ingenio Central Río Haina. Hizo todo tipo de trabajos en la caña y ahora es la caña la que lo tiene destruido.

—Nunca conseguimos nada. Ni pensión ni documentos ni medicinas —dice.

Estos cañeros pasaron sus vidas entre los campos de azúcar y los bateyes, comunidades alejadas de las principales ciudades de República Dominicana en las que viven, generalmente, braceros haitianos o sus descendientes. Territorios a los que la sociedad y los gobiernos consideran como “un país dentro de otro”, por estar aislados, entre plantaciones de caña de azúcar —lo que dificulta la integración— y porque 90% de sus habitantes es extranjero.

—Día vini, día se va. Hay que ver qué hace el Gobierno, porque cuanto [sic] nosotros llegamo’ aquí, llegamos legal. Con un contrato —repite Félix. 

A su lado, Luiman Yan, de 72 años, se seca el sudor de la frente con un pañuelo rosado. El sol arde, cruel y castigador.

Nou lá men un sel gen papel¹ —se lamenta la mujer en creole, la lengua criolla basada en el francés que se habla en la nación vecina de Haití. 

Levanta sus brazos y pide:
—Señor, manda un ayuda. Nou ye beni, mesi, Bondye.2

La protesta dura apenas media hora. Luego de finalizar, cada uno de los cañeros regresa a sus bateyes.

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El concepto tradicional del batey se rompió desde mediados de los ochenta, porque ese espacio comenzó a cambiar por el decaimiento de los ingenios, desplazados por otras industrias como la del turismo. Con la expansión de las ciudades, varios bateyes crecieron, transformándose en barrios y distritos municipales. En el país hay un listado de 411 bateyes: 270 pertenecen al CEA y 141 a los consorcios azucareros Central Romana y Vicini. De esa cantidad, el Central Romana tiene 101. No hay registro de la cantidad de braceros haitianos que viven en ellos. En los que pertenecen a ingenios que aún funcionan, los trabajadores no deben pagar alquiler en las casas y barracones que se les destinan, pero la estadía en ellas se condiciona a que sean trabajadores activos. Los barracones consisten en casas largas, generalmente construidas de zinc y madera, aunque las hay también de block, divididas en cuartillos.

Los bateyes se caracterizan por sus condiciones socioeconómicas deplorables. El hacinamiento de los barracones, el desorden en la planificación urbana y el descuido del Estado con respecto a los servicios básicos afectaron a estos espacios y muchos de ellos carecen de escuelas y hospitales; tampoco poseen dispensarios. En algunos, hay una ambulancia, en caso de que un picador de caña resulte herido durante su trabajo; en otros se envía, cada quince días, personal para consultas médicas. No hay transporte público y el servicio de electricidad es exclusivo de los superiores. 

Las noches son muy oscuras en el batey, al igual que la piel de quienes allí habitan.

—Ser de batey siempre ha sido un estigma en la sociedad dominicana, porque está asociado, primero, a pobreza extrema y segundo, al tema haitiano —dice la socióloga Tahira Vargas.

Muy en el fondo, después de los barrios marginados, se encuentra el batey.

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La relevancia de la industria azucarera empezó en República Dominicana a finales del siglo XIX, cuando los norteamericanos, con la Primera Intervención de 1916, favorecieron la instalación de ingenios. Años más tarde el dictador Rafael L. Trujillo se adueñó personalmente de la mayoría de esas instalaciones, que convivieron con los ingenios Colón, Angelina y CAEI —propiedad de los Vicini, una familia de raíces italianas—, que todavía representan una porción importante de la manufactura y poseen más de medio millón de hectáreas de tierra. Luego se instaló el ingenio Central Romana, que a principios del siglo XX era la South Porto Rico Sugar Company. En la actualidad, es el productor más importante (en 2021 anunció una producción de 396 288 toneladas azúcar, luego de moler más de 3 358 000 toneladas de caña).

Desde la década de los cincuenta y hasta los ochenta, entre los gobiernos de ambos países había un proceso abierto de contratación de mano de obra haitiana. Los contratos estipulaban que los braceros tenían que trabajar seis meses en la zafra. Al terminar, los empleadores debían repatriarlos. Para ese periodo necesitaban un permiso de residencia. Algunos migrantes lo obtuvieron. Otros, no. Aunque la estadía era por seis meses, una práctica común era pedir una determinada cantidad de braceros y tan sólo regresar a algunos de ellos. Además, la mayoría se quedaba en las zonas cañeras, porque los siguientes seis meses se destinaban a preparar la próxima cosecha. 

La época de apogeo no fue eterna. Luego de que, en los setenta, República Dominicana se colocara “entre las primeras diez economías mundiales azucareras con actividad en dieciséis ingenios, sobrepasando la producción de azúcar de un millón de toneladas”, a partir de los ochenta, otros sectores, como el turismo, desplazaron a la industria cañera. Ahora apenas representa 2% de la economía. 

La caída de los precios internacionales y la deficiente situación de los ingenios, luego del asesinato de Trujillo en 1961, hicieron que Catarey, Consuelo, Santa Fe, Quisqueya, Porvenir, Ozama, Boca Chica, Amistad, Barahona, Monte Llano, Esperanza y Central Río Haina, que eran propiedad del dictador, pasaran a manos del Estado, bajo el control de la Corporación Azucarera Dominicana.

Pero, en 1997, con la Ley 141-97, muchos de esos ingenios pasaron al sector privado en una modalidad de arrendamiento. La mayoría fracasó, porque su mantenimiento era muy costoso. En la actualidad, sólo pertenecen al Estado el ingenio Barahona, arrendado al Consorcio Azucarero Central, y el de Porvenir, en San Pedro de Macorís. Hay dos privados: Central Romana, del Grupo Central Romana Ltd., y Cristóbal Colón, del CAEI.

Hasta 1980, la República Dominicana olía a caña.
Ya no.

En las plantaciones el trabajo es duro. Se divide entre jefes, mayordomos, supervisores y pesadores. A éstos les siguen los carreteros, boyeros, vagoneros y fumigadores. Por último, los picadores de caña. La jornada laboral alcanza catorce horas diarias en tiempo de zafra (desde las cinco de la madrugada). 

“Debido a su avanzada edad, [los excañeros] tienen menos posibilidades de movilizarse fuera del entorno azucarero en busca de alternativas de trabajo para subsistir; además, muchos están enfermos y dependen de la caridad de familiares y conocidos para poder comer —cita el informe de Obmica—. También se ha reportado que algunos no tienen donde vivir, ya que, al dejar de ser trabajadores activos para los ingenios, han sido despojados de sus viviendas”.

En 2011 el Centro de Investigación para la Acción Femenina hizo un estudio sobre indicadores de trabajo forzoso en el sector de azúcar y encontró horas laborales excedidas de los límites legales, falta de días de descanso, trabajo infantil, confinamiento físico en el lugar de trabajo, coacción psicológica, endeudamiento inducido, falsas promesas, retención e impago de salarios y retención de documentos de identidad. Además, detectó “pruebas de violencia física contra el trabajador, deportación, despido, exclusión de trabajos futuros y privación de alimentos y vivienda”. 

En 2021 quince legisladores del Subcomité de Comercio Internacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos redactaron una carta al congresista Earl Blumenauer, quien remitió un comunicado al presidente Joe Biden donde denunciaba “condiciones de trabajo forzoso” en la industria azucarera dominicana. Once congresistas dominicanos de provincias con producción azucarera salieron a la defensa de la industria y advirtieron sobre las consecuencias negativas de esa acusación para el país. Hasta el momento no hay información sobre los resultados de esta denuncia. 

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Imagen e información de gatopardo.com