Casi todos los días, en Buenos Aires, se ven manifestaciones de organizaciones sociales. En Argentina, la pobreza se ha estabilizado desde antes de la pandemia de Covid-19 en alrededor de 40% de la población. La posibilidad de un estallido social es uno de los temores ante la profundización de la crisis socioeconómica.

 

Darío es un cerrajero de Flores, un barrio tradicional de clase media de la capital de Argentina, que tendrá que interrumpir su trabajo en los próximos días. “Los proveedores suspendieron la entrega de cerraduras, por falta de mercadería o de precios”, se lamenta. Su caso muestra una economía enloquecida en una Argentina que, una vez más, se siente al borde del abismo.

Los problemas que venía arrastrando este país sudamericano, donde la enorme mayoría de la población se ha empobrecido en los últimos cuatro años y el malestar social se palpa en el aire, explotaron este mes con una crisis cambiaria y financiera que instaló una enorme incertidumbre sobre lo que viene.

El Banco Central se quedó sin dólares y se restringieron al máximo las importaciones, que en buena parte son fuente de insumos para la producción nacional. El resultado es miedo, especulación, aumento de la conflictividad social y una inflación fuera de control, que genera que se estén perdiendo referencias de precios y algunas empresas y comercios se cubran con aumentos preventivos o prefieran no vender.

Hoy, en la calle y en los medios de comunicación, las preguntas que empiezan a ganar espacio son si el país está en vísperas de un estallido social y si el presidente Alberto Fernández, tan solo políticamente que es cuestionado desde la propia coalición de su gobierno, llegará al final de su mandato en diciembre de 2023.

Entonces Argentina cumplirá 40 años de democracia, marcados por una sucesión de crisis económicas que han dejado una secuela de aumento de la desigualdad y han hecho que la desconfianza se extienda con facilidad en la sociedad ante los primeros signos de que las cosas no andan bien.

La crisis se aceleró a comienzos de mes, cuando la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el 2 de julio, disparó un aumento de 50 % en pocos días del dólar paralelo, el único que puede adquirirse libremente en un país que tiene control de cambios, y esto, a su vez, aceleró una inflación que en 2021 fue de 50% y este año ya se prevé que termine por encima de 90%.

“Existe una suma de desequilibrios en la macroeconomía argentina desde hace años que ha generado que hoy el gobierno no tenga herramientas para enfrentar las presiones cambiarias y financieras”, dice a IPS el economista Sergio Chouza, docente en la pública Universidad de Buenos Aires (UBA).

“En este país el valor del dólar domina las expectativas sobre los precios y por eso es cada vez más difícil evitar una ‘espiralización’ de la inflación. Al mismo tiempo, los bonos de la deuda pública se han hundido y ya rinden menos que los de Ucrania”, agrega.

El especialista indica que la pandemia de covid-19 fue uno de los factores que más ha contribuido para generar una situación que parece haberse salido de control.

“Hubo una expansión del gasto público, como en casi todo el mundo. Pero el problema es que mientras la mayoría de los países lo financiaron con crédito, Argentina no pudo hacerlo porque ya estaba sobre endeudada”, explica.

La protesta social

La plaza que está frente al Palacio de Tribunales, en pleno centro de Buenos Aires, desborda de gente. Los más jóvenes sostienen pancartas que identifican a movimientos sociales de los barrios pobres de los suburbios, pero también hay familias enteras con niños en brazos. El tránsito de los alrededores está complemente interrumpido porque las columnas de caminantes siguen llegando.

Es un jueves de julio, pero es una imagen que puede verse prácticamente todos los días en la capital argentina, donde los sectores sociales más vulnerables realizan una serie de protestas porque, en medio de la crisis, el gobierno suspendió la incorporación de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo.

Es el nombre del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, que ofrece un ingreso estatal a cambio de una contraprestación de cuatro horas de trabajos en emprendimientos con contenido social, como comedores populares o cooperativas de recicladores urbanos de residuos.

“En nuestros barrios la cosa está muy dura desde hace muchos años, pero ahora se pone peor porque la plata ya no alcanza para comer”, dice a IPS Fernando, quien prefiere no dar su apellido, un joven llegado desde Laferrere, una de las localidades más pobres de los alrededores, que era camarero en un bar, se quedó sin trabajo en 2021 y hoy hace trabajos de albañilería.

Santiago Poy, investigador del Observatorio de Deuda Social de la privada Universidad Católica Argentina (UCA) dice a IPS que, con la combinación de devaluación de la moneda e inflación a partir de 2018, los salarios perdieron alrededor de un 20% de su poder adquisitivo.

“La pobreza era de alrededor de 25 % en 2017, saltó a 40 % en 2019 y allí se estabilizó. Hoy hay una sensación de empobrecimiento generalizada, a pesar de que la desocupación es solo de 7 %, porque un 28% de los trabajadores son pobres”, analiza Poy sobre la situación de los 47,3 millones de habitantes del país.

Luego del momento más duro de la pandemia en 2020, los indicadores sociales experimentaron en 2021 una recuperación pero están retrocediendo otra vez este año y la vasta red de asistencia social no parece ser suficiente para contenerlos.

“Con ayuda social no se van a solucionar las cosas en Argentina, porque la macroeconomía es una fábrica permanente de pobreza”, apunta Poy.

La carrera de los precios

“Me da vergüenza poner algunos precios a los que tengo que vender cosas tan básicos como el pan, la harina o el azúcar”, dice a IPS Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros (vendedores de alimentos y otros productos esenciales) de la provincia de Buenos Aires, que agrupa a 26 000 comercios de la región más poblada del país.

Savore dice que desde que comenzó el año los aumentos que fijan los proveedores son constantes pero que todo explotó en la primera semana de julio, luego de la renuncia del ministro de Economía.

“Nos encontramos con aumentos de más de 10 % en alimentos y de más de 20 % en productos de limpieza. No creo que estén justificados, pero cada vez que el dólar sube los precios suben”, sostiene Savore, quien cuenta que los almaceneros dudan acerca de la conveniencia de vender algunos productos, por la incertidumbre sobre los costos de reposición.

En días de nerviosismo, el gobierno filtra extraoficialmente rumores sobre medidas económicas, que luego no se concretan y aumentan la incertidumbre.

El presidente Fernández dijo que la falta de dólares se resolvería si los productores agropecuarios venden buena parte de su cosecha de soja que hoy tienen retenida, por valor de 20 000 millones de dólares.

Sucede que ellos están obligados a exportar al tipo de cambio oficial, cuya brecha con el dólar paralelo alcanzó un nivel record de más de 150 %, y estarían esperando una devaluación.

Este lunes 25 la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, se reúne en Washington con la directora gerente del Fondo Monetaria Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva, para asegurarle –según hizo trascender antes de viajar- que el país cumplirá con el acuerdo con el organismo internacional firmado este año, que incluye metas de reducción del déficit fiscal y de aumento de las reservas del Banco Central.

Pero en Argentina poco se animan a pronosticar hacia dónde y con que velocidad derivará la crisis.

 

Imagen e información de ipsnoticias.net