Los números muestran de forma elocuente los saldos en materia de seguridad del gobierno actual. Igual de graves son las consecuencias de tipo cualitativo, a las que se les pone menos atención.

 

Ya es un lugar común decir que los resultados cuantitativos en materia de seguridad de los tres años y medio de gobierno del presidente López Obrador son desastrosos. Bastan dos datos para documentar las dos manifestaciones más dolorosas de la violencia. Los homicidios de los tres primeros años de este sexenio sumaron 105 mil 938, contra 63 mil 835 en el primer trienio de Peña y 42 mil 676 en el de Calderón. En cuanto a los desaparecidos no localizados, en los primeros cuarenta meses de AMLO van 30 mil 772, contra 15 mil 893 en los de Peña Nieto y 5 mil 109 en los de Felipe Calderón. La reducción de algunos delitos del fuero común (principalmente robos) ocurrida en 2020 y 2021 se debió a la pandemia, y ya recuperaron sus niveles previos.

Sin embargo, igual de graves son los saldos negativos de tipo cualitativo, a los que se les pone poco énfasis. Menciono dos. El primero, la creciente captura de instituciones públicas –policías locales, ayuntamientos, ministerios públicos, cárceles– por parte del crimen organizado, que le permite sustituir las tres funciones básicas del Estado en muchas regiones del territorio nacional: el uso legítimo de la violencia (la de los sicarios no es legítima, pero sí real y generalizada), el cobro de impuestos (mediante extorsiones y cobro de derecho de piso) y la aplicación del estado de derecho (las nuevas normas son las de los criminales). El segundo, la violenta, creciente y cínica participación en procesos electorales, nulificando de facto la democracia en varias regiones del país, la cual crea condiciones para la operación ampliada e impune de las actividades criminales y genera una indefensión total de los ciudadanos, obligándolos a ser cómplices pasivos o activos de las organizaciones delictivas.

Las organizaciones criminales tienen una lógica de actuación implacable de la cual hemos sido testigos a lo largo de las últimas dos décadas: apropiarse de la mayor riqueza posible, sea por la explotación de múltiples mercados ilegales (drogas, migrantes, huachicol, piratería, trata de personas, contrabando de armas, medicinas, fauna) o por la expoliación del patrimonio de las familias, las empresas (robos, extorsiones) y hasta del erario público (contratación de obra pública para empresas de las organizaciones criminales). Controlar al Estado y sustituirlo no son necesariamente objetivos de los criminales; su lógica de actuación se circunscribe, en principio, a la apropiación de todo tipo de rentas. Pero cuando el Estado es débil, está ausente o renuncia a cumplir su obligación básica de garantizar la seguridad de la sociedad (usando inclusive la fuerza), las organizaciones criminales aprovechan la oportunidad de complementar su lógica económica con la voluntad de apropiarse del poder político, pues eso les abre nuevas oportunidades de negocio y les permite conseguir dos bienes intangibles extremadamente valiosos: la legitimidad social y política de sus actividades y la normalización del estado mafioso y la violencia criminal.

La ausencia y debilidad del Estado durante décadas propició la expansión de las organizaciones del narcotráfico y su diversificación económica incipiente (iniciada por Los Zetas a principios de este siglo) además de los intentos iniciales de captura de instituciones (Tamaulipas y Michoacán eran dos ejemplos en aquella época). Calderón dio los primeros pasos para tratar de revertir esos fenómenos. Peña Nieto abandonó esos esfuerzos (el surgimiento de las autodefensas en Michoacán fue la reacción de las comunidades de Tierra Caliente ante la indefensión en que quedaron; lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa reveló la permisividad para que las organizaciones criminales se apropiaran de las policías municipales).

Pero la frivolidad del gobierno de Peña Nieto se quedó chica ante la “estrategia” de López Obrador, que ha creado un entorno paradisiaco para que las organizaciones criminales avancen tanto en la lógica económica depredadora como en la lógica política de sustitución del Estado en ámbitos locales y la nulificación de la democracia mediante su participación cada vez más amplia y descarada en los procesos electorales. Estos dos fenómenos, cada vez más evidentes en los 41 meses de gobierno de AMLO, exhiben la voluntad de poder descarada y ofensiva de las organizaciones delictivas; es la manera como “la buena gente” de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se burla todos los días de los “abrazos y no balazos” del presidente.

¿Cuáles son los elementos de la estrategia de seguridad de la supuesta 4T que en realidad se han convertido en factores de la expansión política-económica de las organizaciones criminales? A reserva de desarrollarlas en otras colaboraciones, las enumero brevemente.

  • Atacar las causas de la delincuencia. AMLO tiene una confusión severa al creer que la política social es la mejor política de seguridad. No hay ninguna evidencia de que repartir dinero a adultos mayores y a jóvenes prevenga la inseguridad. En realidad, sucede lo contrario, según los estudios de Marcelo Bergman publicados en su magnífico libro More money, more crime.
  • Renunciar a una política activa de persecución y desarticulación de organizaciones, la famosa “política” de los abrazos y no balazos. La presencia pasiva, meramente disuasiva de la Guardia Nacional (GN) por todo el país ha sido completamente ineficaz. 56 operativos de la GN han sido desplegados en lo que va del sexenio sin efectos reales en la disminución de la violencia.
  • Militarización. Este componente ha mostrado su ineficacia por razones prácticas: los soldados no están preparados para ser policías, ni quieren ser policías; trabajan en condiciones administrativas, laborales y operativas confusas e inciertas; los mandos no saben de estrategias de intervención policial contra delitos específicos y no tienen apoyos de policías locales ni la inteligencia para hacerlo, con algunas excepciones. Los 113 mil guardias/soldados desplegados son insuficientes para las necesidades del país y además militarizar implica un riesgo político grave: romper el equilibrio cívico-militar en detrimento de la necesaria civilización de la política y la seguridad. Además, ha generado una gran paradoja, ya que la militarización (que sería una señal de que el Estado está dispuesto a usar la máxima fuerza disponible) combinada con la orden de no usar la fuerza se ha traducido en una humillación constante para las fuerzas armadas y ha empoderado a las organizaciones criminales.

Igual de graves son dos omisiones de la estrategia. La primera, renunciar a reconstruir y fortalecer las policías municipales y estatales, ya que la seguridad ciudadana se construye desde lo local y con una nueva relación de la sociedad con sus policías. La segunda: no solo la negativa a transformar la procuración de justicia, que actualmente garantiza una impunidad cercana a 100 por ciento, sino a mantenerla como un instrumento de control político y hasta de venganzas personales.

Gracias a la combinación de esos tres elementos de la política de seguridad y sus dos omisiones, el “Mayo” Zambada, el “Mencho” Oseguera y demás líderes criminales pueden afirmar con una gran sonrisa; mejor, imposible.

 

Imagen e información de letraslibres.com