El presidente Andrés Manuel López Obrador debe concentrarse en detener los crímenes de lesa humanidad que dejan a miles de personas temerosas de salir a la calle.

 

No voltees cuando veas una camioneta negra blindada
No te bajes del carro en la carretera ni aunque se pinche una llanta
No salgas de noche
No te defiendas si te roban, deja que se lleven todo
No confíes en la policía
No lo publiques, te pone en peligro
No te vistas provocativa

Las múltiples auto restricciones impuestas y el sentido común forzado que hemos usado los mexicanos y las mexicanas como protección desde hace muchos años, ya no es suficiente. Han sido superadas por miles los crímenes y criminales, siempre cubiertos en un manto de impunidad. En México 3.462 mujeres fueron asesinadas en 2021, que se suman a otros miles de asesinatos y cientos de desapariciones y secuestros.

Este nivel intolerable de violencia se ha asentado en todo el país y se ha naturalizado, obligando a los mexicanos a cambiar su forma de vida para intentar evitar ser la siguiente víctima. En México hoy nadie está a salvo y cualquiera puede ser el agresor.

El pasado 18 de mayo Viridiana Moreno Vázquez de 31 años, acudía a una “entrevista de trabajo” en Cárdel, Veracruz, México. “Solicito recepcionista para hotel. Trabajo de lunes a viernes y sábado mediodía. Pago semanal de $1,850 pesos (94 dólares), apoyo de transporte…” era el anuncio.

Nunca regresó a su casa: desapareció. Su ausencia generó protestas y movilizaciones. Seis días después las autoridades confirmaron su muerte, sin embargo su familia no acepta que el cadáver descuartizado sean los restos de la joven. Aún esperan una prueba de ADN confiable para corroborar que es su hija.

“Quiero informar a la sociedad que hoy fui sola, junto a mi hija Ceci, sin ninguna seguridad a buscar a mi hijo Alejandro. Mi amor es más grande que cualquier miedo”, dice en su tweet Cecilia Flores, una madre con dos hijos desaparecidos, uno desde hace siete años, y fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”.

Actualmente está protegida por el Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos, después de haber sido amenazada por el crimen organizado, aunque afirma que “le tengo más miedo a las autoridades que a los carteles”.

Hace poco, la señora María Herrera Magdaleno, madre de cuatro hijos desaparecidos, visitó al papa Francisco en Roma y le pidió que interceda para detener la violencia y rezar por los desaparecidos de México.

Cecilia Monzón, abogada y activista de derechos humanos, fue asesinada el pasado 21 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla, México. Dos hombres a bordo de una motocicleta la acribillaron. La activista había pedido en múltiples ocasiones medidas de protección por amenazas de muerte e intimidación, pero no se las ofrecieron.

Estas tres mujeres encarnan solo algunas de las tragedias que consiguen llegar a los medios, pero hay una violencia silenciada, y crece el temor cotidiano que afecta a todos los ciudadanos: madres, hijos, mujeres, policías, militares, activistas, políticos. Hoy, México es un país de supervivencia.

Así lo demuestra el hecho de que este año el país contabilice 15 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking de “World Population Review 2022”.una posición de la que no ha conseguido escapar desde hace varios años.

De acuerdo con este estudio, 42 de las 50 ciudades se encuentran en Latinoamérica. La mayor parte, 15, en México; 14 en Brasil, 6 en Venezuela, d2 en Colombia, 2 en Honduras y una, respectivamente, en El Salvador, Guatemala y Jamaica.

“En esta región, la violencia es atribuible al tráfico de drogas y al crimen organizado, especialmente en México. Adicionalmente, la violencia en la región es exacerbada por la pobreza, la corrupción, la inestabilidad política y la impunidad”, señala el estudio.

La lista la encabeza Tijuana, la ciudad más violenta del mundo con 2.640 homicidios al año, ubicada en la frontera sur en San Diego, Estados Unidos; seguida de Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez, Irapuato, Cancún, Culiacán, Uruapan, Ciudad Obregón, Coatzacoalcos, Celaya, Ensenada, Tepic, Reynosa y, Chihuahua en ese orden de peligrosidad.

Con base al estudio, la violencia en Tijuana es causada principalmente por el creciente comercio local de drogas, con traficantes que se disputan el territorio para vender, sobre todo, metanfetamina (meth). Otras ciudades mexicanas de la lista sufren grados de violencia similares por causa de la misma droga.

Las cifras son escalofriantes. En un país en guerra como Ucrania a principios de junio, la ONU registró 4.183 civiles muertos desde que Rusia inició la guerra el 24 de febrero. En México, solo en el primer trimestre del año se registraron 7.354 homicidios dolosos, un promedio diario de 82 asesinatos.

Las políticas para reducir la violencia bajo el lema de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigidas a los delincuentes y al crimen organizado han fracasado, y la violencia sigue imparable. En los casi tres años y medio de su sexenio los crímenes dolosos llegan a los 121.824 , las desapariciones suman más de 21 mil 500 personas, y los reportes de desapariciones de niños y adolescentes alcanzan los 19.445 niñas bajo este gobierno, de los cuales, 5.102 siguen desaparecidos.

La política de los expresidentes Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón con su “guerra contra el narcotráfico” fracasó, y estuvo plagada de presuntas complicidades como la del secretario de seguridad de Caldserón, Genaro García Luna, que está encarcelado en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

También ensombrecen el pasado los presuntos pactos de impunidad del ex mandatario Vicente Fox aunque los anteriores presidentes priistas han sido la base de la crisis de inseguridad que azota a México y que se despliega por el territorio cada vez con más saña.

Más allá de culpas y de partidismos, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe concentrarse en detener los crímenes de lesa humanidad que azotan al país y que han dejado a miles de personas temerosas de salir a la calle, sin saber si una despedida, será la última.

Expertos en crimen organizado, como el investigador Edgardo Buscaglia, ya habían advertido del incremento de la violencia en México y otorgado las estrategias y reformas necesarias para revertir la situación, como sucedió en Colombia e Italia, pero no han sido atendidas.

Si el presidente no sienta las bases para implementar esas políticas ahora a más de la mitad su sexenio e incluye a los adoloridos grupos de familiares de desaparecidos, asesinados, agredidos, etc; su oportunidad de cambiar a fondo la situación del país se le habrá ido de las manos, mientras más familias mexicanas seguirán entre la zozobra y el duelo permanente al no poder llorar a sus muertos, porque los deben salir a buscar.

 

Imagen e información de opendemocracy.net