Las leyes de Caracas y el patrimonio ancestral aborigen prohíben desde hace décadas la explotación abierta de minerales en las selvas del estado Amazonas, hasta el punto de convertirla casi en tabú. Pero las actividades furtivas de los ‘garimpeiros’ en las mismísimas nacientes del Orinoco, la miseria reinante y el reciente discurso oficial van creando una atmósfera cada vez más proclive a la aceptación de la industria extractiva a cualquier escala y en manos del Estado o de privados.

 

Son casi las cinco de la tarde del 18 de noviembre de 2021. Tras la hierba alta, en un recodo del eje carretero norte de Puerto Ayacucho, cerca de la entrada a Galipero Viejo, se levantan unos galpones en construcción que ya muestran el logo de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que opera desde 2013. Al frente, una valla anuncia en letras negras, mayúsculas y centradas:  CENTRO DE INSUMOS MINEROS. Industrias Onixalex, CA. Puerto Ayacucho. En la esquina inferior derecha el logo del llamado Motor Minero. Una bandera nacional ondea en el aviso. También lleva el logo de la CVM.

Este es un noviembre electoral. El oficialismo convocó para el día 21 unas polémicas elecciones regionales para escoger gobernadores de estados y alcaldes municipales en todo el país. 

En el estado Amazonas se encuentra en plena campaña el gobernador en ejercicio, Miguel Rodríguez, quien aspira a la reelección. Inaugura obras y entrega materiales e insumos en los siete municipios del estado Amazonas. Mediante recursos del Estado –como aviones y helicópteros militares– visita lugares distantes a los que los otros candidatos, por no hablar de la mayoría de los habitantes de la entidad, jamás podrían llegar. La falta de gasolina y el altísimo costo de los pasajes son los principales impedimentos.

En La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco, Rodríguez debió arengar a la gente en medio de la oscuridad. Por falta de combustible, no había luz en la cancha techada en la que se presentó. Pero no se dejó inmutar ni por el inconveniente ni por los gritos de la concurrencia que preguntaba: “¿Y la gasolina?”. Entregó al pueblo una planta eléctrica a gasoil.

La valla en Galipero Viejo y el discurso de campaña de Miguel Rodríguez -quien a la postre resultó reelecto– comparten un rasgo: se refieren sin tapujos a la promoción oficial de la actividad minera en el estado Amazonas, donde está prohibida desde 1989.

Rodríguez, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presentó el 29 de octubre de 2021, como parte de su oferta electoral, el Plan de Desarrollo La Nueva Amazonas. Aunque no era más que una lista escueta de puntos sin mayor precisión, en el documento destacaban dos premisas: crear y consolidar las Zonas Económicas Especiales, así como promover el “gran debate” sobre la actividad minera en Amazonas. 

“Ahora está naciendo la nueva Amazonas… Porque este 21 noviembre vamos a obtener una gran victoria”, dijo al finalizar el acto en las instalaciones del gimnasio cubierto del Escondido en la ciudad de Puerto Ayacucho. Pero luego, en todos sus mítines a lo largo de la campaña, hasta su victoria en las urnas, enarboló el lema de La Nueva Amazonas

Son las más recientes señales de que, desde la jerarquía del Estado, se prepara el terreno para romper los sellos del tabú que hasta ahora prohíbe la explotación minera en el estado Amazonas, una gran área selvática y de reserva biodiversa donde nace el río Orinoco, el más largo de Venezuela y el tercero en caudal en el mundo. 

A Eligio Dacosta, indígena baniva y coordinador general de la Organización Indígena de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), le preocupa el intento de legalizar la minería en el estado Amazonas o de promover una réplica del Arco Minero que el gobierno de Nicolás Maduro instauró en el vecino estado Bolívar. 

“Muchos dirigentes políticos están viendo esto como una alternativa para solucionar supuestamente el bloqueo que tenemos ahorita en Venezuela y la crisis económica del país o, en este caso, de aquí de la región”, observa Dacosta, días después de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que se realizó en Glasgow, Escocia. “No ven que esto realmente es destrucción en los territorios, porque lamentablemente donde están los recursos minerales están los pueblos indígenas y eso es lo que nosotros no queremos”.

Lo que denuncia Dacosta no es una profecía sin fundamentos. En noviembre de 2018 el gobierno intentó abrir una oficina del Arco Minero del Orinoco en Amazonas. La iniciativa gubernamental fue detenida gracias a las protestas de los pueblos originarios, que ya conocen lo que viene pasando con la CVM en Bolívar. En septiembre de 2020, la comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen en el municipio Gran Sabana de ese estado rechazó la instalación y operación en sus tierras de la corporación estatal, a la que acusó de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Canaima.

La CVM ha adquirido un perfil de persona non grata en la Gran Sabana, Personas que pidieron no ser identificadas aseguran que desde el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en el sureste del estado Bolívar, la CVM envía al Amazonas, en aviones del Grupo Aéreo de Transporte N˚ 9  de la Aviación Militar Bolivariana, insumos mineros comprados en Brasil, como turbinas.

La necesidad tiene cara de minero

Al momento de reportear este trabajo, las calles de Puerto Ayacucho se veían desoladas por las tardes. Ningún negocio abría sus puertas después de mediodía por las restricciones horarias impuestas por el confinamiento. Solo vendedores informales e hileras de mototaxis se mantenían en las calles. El letargo se profundizaba en las noches. A veces una fiesta en una plaza, o los niños que rodaban sus bicicletas en parques devorados por la maleza y la oscuridad, rompían la monotonía.

El Mirador, punto turístico desde donde se contemplan los raudales de Atures, también estaba enmontado. En lo alto, sobre una piedra milenaria, unos niños volaban papagayos hechos con bolsas negras. “Este gobernador lo que ha hecho es destruir lo poco que funcionaba”, soltó un transeúnte. “Hemos visto el deterioro”. 

El estado Amazonas se ha transformado en una virtual economía de enclave, en la que el peso colombiano y el oro son las monedas de cambio. En Puerto Ayacucho hay un mercado donde se vende toda clase de productos colombianos. “Casuarito ha sido nuestra salvación”, dice otro de los pobladores al referirse a este poblado colombiano que queda al otro lado del río, un cruce que cuesta 10.000 pesos colombianos (unos 2,5 dólares). Allí los compradores venezolanos se abastecen principalmente de medicinas.

La señal de telefonía celular es precaria. Como cada vez es más frecuente el robo de cables para vender el cobre en Colombia, muchos sectores residenciales de la capital del estado no tienen teléfono fijo desde hace años. 

Cada vez que llueve o la temperatura sube, en Puerto Ayacucho se interrumpe el servicio eléctrico. 

Buena parte de las comunidades del casco urbano en Puerto Ayacucho no tienen agua por tubería. Lugares como el barrio Cataniapo, en el sector El Calvario, no cuentan con este servicio desde hace 30 años. Los lugareños optan por perforar pozos profundos, aunque no sea una solución que esté al alcance de todos: la perforación se cobra en pesos colombianos y una bomba para extraer el agua cuesta alrededor de 62 dólares.

Desde hace dos años, la ciudad capital del estado no cuenta ni siquiera con el tradicional vuelo semanal que todos los jueves la conectaba con otras partes del país. La única vía para entrar o salir ahora es por tierra. Por unos diez dólares, dependiendo del tamaño del carro, una gabarra permite atravesar el río Orinoco entre Puerto Páez (Apure) y El Burro (Bolívar), para proseguir el trayecto hasta Amazonas. 

En Puerto Ayacucho todavía funcionan algunos autobuses que hacen rutas interurbanas hacia las comunidades de los ejes carreteros norte, sur y este; pero el medio de transporte más popular lo constituyen las mototaxis. 

Es común ver personas caminando a lo largo del eje carretero norte. Algunas salen a las dos de la mañana de sus casas en las afueras para llegar al mediodía a Puerto Ayacucho. Quienes caminan dos horas hasta sus lugares de trabajo pueden considerarse afortunados. 

El cuadro postapocalíptico corresponde a la capital del estado. Al interior de la provincia las dificultades se hacen todavía más agudas. Las penurias alimentan las expectativas acerca de una apertura a la minería como única opción económica. “Acá no se consulta. Aquí se hace y luego se dice. El derecho económico no puede prevalecer sobre los demás derechos. Cuando permitimos la ilegalidad, todos somos delincuentes”, advierte Bertha Macurivana, defensora delegada especial indígena del estado Amazonas.  

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Imagen e información de armando.info