El Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México) presenta su “Informe sobre Desaparición de Personas Migrantes en México”, donde da a conocer los resultados de su Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD), el cual cuenta con 15 años de existencia.

El Informe consta de seis capítulos: (i) en qué consiste el PBPMD, (ii) sus principales resultados, (iii) las deudas del Estado mexicano en materia de prevención y búsqueda de personas migrantes desaparecidas, (iv) los desafíos en el acceso de familiares de personas migrantes desaparecidas a acompañamiento psicosocial, (v) los retos para comunicar la desaparición de personas migrantes en México y (vi) recomendaciones a familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y organismos internacionales, así como a instituciones de gobierno en la región según sea su ámbito de competencia.

Entre los años 2007 y 2021 la organización atendió 1,280 casos de personas desaparecidas, siendo los años 2018, 2019 y 2021, aquellos con mayor número de solicitudes recibidas. Respecto del perfil de las personas desaparecidas destaca que 71% son centroamericanos, seguidos de 22% mexicanos y 7% sudamericanos; 86% con edades entre los 18 y 59 años; 74% hombres; y 96% con su lugar de destino en Estados Unidos. En cuanto a los lugares desde donde se realizaron las solicitudes, en su mayoría por parte de familiares y amigos, el Informe resalta que 28% fueron hechas desde Estados Unidos, 24% desde México, 13% desde Nicaragua y Honduras, 11% desde Guatemala, 5% desde El Salvador y 6% desde otros países del continente. Mientras que, respecto de los lugares de último contacto, el 94% se ubicaban en México y el restante 6% en Estados Unidos.

El Informe señala que alrededor del 75% de las personas localizadas en México se encontraban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional en Chiapas y Tabasco, lo cual pone de manifiesto que la detención e incomunicación de personas alojadas en estos espacios se ha convertido en una de las principales fuentes de desaparición; pues las personas migrantes detenidas son, por lo general, privadas de su derecho a comunicarse con sus familiares y amigos, por lo que pierden el contacto con ellos ya sea en lugares de origen o de destino, quienes entonces proceden a levantar un reporte de búsqueda temiendo que lo peor pueda haberles pasado.

Ante esta situación, el Informe enfatiza la urgente necesidad de poner en marcha un registro público nacional de detenciones migratorias que en la práctica ya debería existir, pues la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en mayo de 2019, no solo mandata la creación de un registro de detenciones y la creación de un Sistema de Consulta del Registro accesible a cualquier persona, sino que en su artículo octavo transitorio también mandata la creación de un registro de personas migrantes detenidas. Dicho registro es crucial, pues a través del Sistema de Consulta permitiría que familiares de personas migrantes desaparecidas y quienes las acompañan en esta búsqueda puedan acceder a información vía remota sobre su posible paradero en un centro de detención, o bien, descartar esta hipótesis y emprender las acciones necesarias para su búsqueda por otros medios en el menor tiempo posible, recurso que es clave en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

El Informe reconoce el esfuerzo del estado mexicano respecto de la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) en el año 2015, mismo que permite que las familias de personas migrantes desaparecidas que se encuentran fuera de México presenten y den seguimiento a reportes de desaparición. Sin embargo, también señala que, de acuerdo con su experiencia, hay casos de familiares que han presentado reportes y que, tras meses de espera, no saben si éste fue atendido, si llegó a la autoridad correspondiente, si se ha dado algún seguimiento al mismo o si hay avances.

Lo mismo señala en relación con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), así como de las comisiones locales de cada entidad federativa del país, pues han contribuido a facilitar el proceso para que los familiares presenten un reporte de desaparición, así como dar seguimiento al mismo; particularmente, al poner a disposición de la ciudadanía diversos medios para hacerlo. No obstante, argumenta que aún falta implementar una herramienta que permita a las familias realizar y dar seguimiento a denuncias y reportes de desaparición desde sus países de origen.

El documento también enfatiza que es urgente que el Estado mexicano incluya en sus políticas públicas y que las autoridades competentes intervengan y lleven a cabo acciones para prevenir la desaparición de personas migrantes. Por ejemplo, a través del establecimiento de rutas seguras y de acceso a información para las personas en tránsito, erradicación de la criminalización de las personas migrantes para facilitar la presentación de denuncias por la comisión de delitos, acceso efectivo a la justicia, entre otras.

En cuanto al acompañamiento psicosocial a familiares, el Informe presenta los cinco principales impactos y desafíos: 1) la falta de apoyo y de respuesta por parte de las autoridades, 2) el que se les suele orillar a recrear continuamente el evento con las constantes solicitudes que deben presentar ante las diversas autoridades a las que exponen su caso, 3) el verse forzadas a adoptar nuevos roles familiares, 4) el enfrentar las especulaciones de otras personas en sus lugares de residencia respecto de los motivos de la desaparición, y 5) el tener que atravesar distintos países y encontrarse con barreras lingüísticas, culturales y burocráticas. Ante esta situación, el Informe señala la importancia de que el personal que labora en instituciones de búsqueda practique en todo momento la confidencialidad y planee estrategias de atención para casos especiales, por ejemplo, cuando los familiares no hablan español. Asimismo, menciona que se debe contar con un personal formado y actualizado en temas de primeros auxilios psicológicos, contención emocional, técnicas de entrevista, entre otros.

Finalmente, el Informe señala que los principales retos para comunicar el tema de desaparición son: la falta de acceso a la información, la cobertura permanente y constante del tema, la persecución por parte de autoridades, entre otros. Asimismo, brinda una serie de recomendaciones para quienes cubren el tema como contar con una preparación psicológica, mantener el contacto con los familiares, poner a la persona al centro, hablar en tiempo presente, contextualizar y seguimiento del caso. El SJM-México reconoce que solo a través de la colaboración entre familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, organizaciones y organismos internacionales, así como a autoridades de gobierno, según su ámbito de competencia, se podrán mejorar las estrategias para atender esta problemática y avanzar en la búsqueda de justicia, verdad y dignidad de las personas migrantes que más lo necesitan.

Descargar:

Informe sobre Desaparición de Personas Migrantes en México

 

Información de sjmmexico.org