El diferendo marítimo amenaza con impedir que, pese a la afinidad ideológica, Chile y Bolivia avancen en una negociación que permita reconstruir la relación bilateral. Para evitarlo, ambos países deben cambiar sus miradas sobre el conflicto y, posiblemente, hacer complejas concesiones mutuas.

 

Podríamos esperar que Chile y Bolivia estuvieran más unidos que nunca, ahora que ostentan gobiernos que podríamos llamar genéricamente de izquierda (aunque hay una gran distancia entre la socialdemocracia nórdica que propone Gabriel Boric y el populismo progresista de Luis Arce). Sin embargo, atraviesan, como ya es tradición, por una gélida y distante vecindad, que ni siquiera la visita de Arce a Boric -en ocasión de la toma de mando el 11 de marzo pasado- logró entibiar: en esa oportunidad, el mandatario chileno ofreció reanudar relaciones diplomáticas y el boliviano replicó que solamente lo haría después de un retorno soberano al océano Pacífico.

A pesar de la importancia que tiene el comercio boliviano para el norte de Chile y de la dependencia boliviana de los puertos chilenos, estos países no mantienen relaciones diplomáticas plenas. Estas se quebraron definitivamente en 1978, luego de unos años de reapertura durante los gobiernos dictatoriales de Hugo Banzer y Augusto Pinochet, cuando se avanzó en la negociación marítima como nunca antes (las relaciones habían sido rotas por Bolivia en la década de 1960, en otro de los capítulos estelares de la disputa vigente desde el siglo XIX). 

La dependencia comercial entre ambos países se refleja en que casi 80% de la carga marítima de Bolivia se moviliza por puertos chilenos (sobre todo Arica, Iquique y Antofagasta), a los que el país tiene acceso luego de la Guerra del Pacífico de 1879 y del tratado que le puso fin definitivamente en 1904. Sin embargo, apenas 5% de las importaciones bolivianas son chilenas. Y Bolivia se queja permanentemente de que Chile aumenta las tarifas portuarias, contra lo estipulado en ese tratado.

El primero y el segundo juicio en La Haya

El más reciente capítulo de las diferencias entre ambos países han sido las audiencias orales ante la Corte Internacional de Justicia por la demanda que hizo Chile sobre el uso del Silala, un curso de agua compartido. Esta no es la primera vez que bolivianos y chilenos se ven en tribunales: años atrás ya habían tenido un diferendo mucho más sustancial y complejo cuando el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de La Haya por los territorios que Bolivia perdió con Chile en la guerra: alrededor de 120.000 kilómetros cuadrados y la totalidad de los 400 kilómetros de costa que poseía, convirtiéndose a partir de entonces en un país mediterráneo. 

El mencionado tratado de paz de 1904, que selló el destino de ganadores y perdedores de esa contienda, estableció una nueva frontera entre Chile y Perú (ya sin los territorios bolivianos, que fueron anexados a Chile). A cambio, Bolivia recibió a perpetuidad libre tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Pacífico. Además, el gobierno chileno se comprometió a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz. 

Más de 100 años después, Bolivia demandó a Chile ante La Haya, pero sin denunciar ese tratado. En efecto, la demanda presentada en 2013 consideraba en lo sustancial que Chile tendría la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar. La Paz sostenía su petición en una historia muy larga de negociaciones frustradas -y, en opinión de Bolivia, de promesas de Chile sobre un acceso al Pacífico- que siempre se rompieron porque la discusión sobre la soberanía, algo que es ineludible para los bolivianos, se torna inadmisible para los chilenos. 

Cinco años después de iniciado aquel juicio, la Corte determinó que todas las frustradas negociaciones entre ambos países no significaban ningún compromiso para Chile, y que este último «no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar». 

«Sin embargo, este fallo no debe interpretarse -sostiene la sentencia- como algo que impida buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto». Pero a pesar de estos pequeños matices, en lo sustancial la lectura que se hizo fue que el fallo había sido favorable a Chile, país que decretó públicamente que, a partir de ese momento, el tema marítimo quedaba zanjado. 

Para los bolivianos, empero, el caso no finalizó ahí. Era, finalmente, otro traspié entre los muchos que ya habían vivido, pero no mellaba en lo más mínimo lo que consideran su derecho inalienable de una salida soberana al océano Pacífico. Lo interpretaron más como una equivocación política de Evo Morales, el presidente que tomó la decisión de judicializar la disputa (lo cual, de haber tenido un resultado distinto, lo hubiera favorecido en su deseo de ser reelecto por cuarta vez consecutiva, contra la letra de la Constitución de 2009). 

Al calor de estas circunstancias y cuando aún estaba confiado en un resultado positivo, Morales también amenazó con denunciar a Chile por otra cuestión, hasta ese momento muy poco conocida: el uso de aguas del Silala, un curso de agua compartido en la frontera boliviano-chilena que, según afirmaba el entonces presidente, habría sido usado ilegítimamente porque no sería un río internacional, sino un manantial sobre el cual Bolivia tendría soberanía. 

Ante esa nueva amenaza y ya con un juicio a cuestas, Chile decidió adelantarse y demandó a Bolivia por el mismo asunto; por su parte, Bolivia no se quedó satisfecho y meses después contrademandó a su vecino. Este segundo juicio se ha demorado mucho más de lo que es habitual en la Corte de La Haya, pero bajó de intensidad cuando la propia Bolivia reconoció que el Silala sí es un curso de agua internacional (y, por tanto, sujeto a derechos y obligaciones mutuas), lo que para Chile implica ya una victoria. 

El gobierno boliviano sostuvo entonces que en realidad demanda una compensación sobre el porcentaje de agua que le pertenece, y para que haya una definición respecto de los embalses artificiales construidos a principios del siglo XX por una empresa privada para transportar el agua de un país a otro. Ante esta argumentación, Chile replicó que es la ley de la gravedad la que permite que el agua baje a su territorio y no las precarias construcciones que se realizaron en 1928.

Los tecnicismos hidrológicos, la derrota en el juicio anterior sobre la negociación marítima que era mucho más sensible para la opinión pública de ambos países y, sobre todo, el hecho de que haya un reconocimiento mutuo de que se trata de un curso de agua compartido, le restan dramatismo a este diferendo. Eso sí, las apuestas en ambos países corren con ventaja a favor de Chile y sabremos el resultado en algunos meses más, cuando la Corte Internacional de Justicia dé su veredicto inapelable.

El trasfondo inocultable

Por supuesto que es mucho mejor que Chile y Bolivia resuelvan sus controversias pacíficamente y no conciban otro tipo de medidas (las cuales, obviamente, están descartadas por asimetría, peso específico y capacidades militares), pero lo que realmente deberíamos preguntarnos es por qué estos países se han pasado la última década discutiendo en tribunales en lugar de conversar fraternalmente alrededor de una mesa sobre la difícil tarea de resolver problemas que sí afectan la vida cotidiana de las personas en la larga frontera común.

En efecto, a medida que se incrementan los desafíos en el sur del continente (crisis migratoria y comercial, auge del narcotráfico y el crimen organizado), se hace imprescindible que ambos países se comuniquen y conversen civilizadamente, sin negar que existe un trasfondo que no se puede borrar ni desenfocar: la pretensión marítima boliviana. Es que a pesar de que en Chile el tema está resuelto, en Bolivia sigue vivito y coleando. 

Ese es el contexto que no hay que perder de vista: en cualquier tema que involucre a ambos países, ese trasfondo seguirá presente y contaminará la relación bilateral. En ese escenario es entendible la postura diplomática chilena durante gran parte del siglo XX: «la mejor relación que se puede tener con Bolivia es no tener ninguna relación». 

El liderazgo de la izquierda continental

El nuevo gobierno chileno ha dado señales más que suficientes de que quiere hacer las cosas de otra manera, tanto dentro del país como en política exterior. Al respecto, las dos primeras medidas importantes que tomó fueron la ratificación del tratado medioambiental de Escazú, que Sebastián Piñera se había negado a firmar, y la renuncia al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), el acuerdo regional entre gobiernos de centroderecha que intentó reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

También hay que tener en cuenta que Boric ha dado muestras reiteradas de su simpatía hacia el proceso político boliviano y hacia algunos de sus protagonistas (especialmente el ex-vicepresidente Álvaro García Linera), y los vínculos entre el Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano y el Frente Amplio chileno, ambos ahora en el gobierno, son estrechos. A su vez, hay quienes ven en Boric al líder que puede ocupar el vacío que han dejado hace años los líderes tradicionales de la izquierda latinoamericana. 

En su primer viaje fuera del país (a Buenos Aires, como mandan las tradiciones diplomáticas chilenas), Boric demostró gran sintonía con Alberto Fernández y su gobierno. Pero ese liderazgo también puede estar atado a que sea capaz de mostrar su tonelaje político en la izquierda y la socialdemocracia continental, navegando en aguas peligrosas como las de este tipo de diferendos bilaterales, tomando distancia de lo que tradicionalmente hicieron sus antecesores.

Eso significaría algo más que volver a poner el rótulo de «embajada» en las legaciones diplomáticas de ambos países (hoy limitadas al nivel consular). Por ejemplo, involucraría ofrecer mejores condiciones al comercio y al intercambio vecinal y a las inversiones en la frontera compartida. La migración, el narcotráfico, la dependencia del norte de Chile del comercio con Bolivia y la mediterraneidad boliviana obligan a este tipo de medidas.

Pero si Chile debe invertir en imaginación, Bolivia también debe embarcarse en una discusión más sustancial sobre la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con su vecino, sin por ello renunciar a su reivindicación marítima (que, además, tiene rango constitucional, por lo que difícilmente será arriada por cualquier político que quiera tener éxito). En otras palabras, Chile debe asumir que Bolivia seguirá demandando una salida al mar, y Bolivia comprender que no es necesario renunciar a esa reivindicación para tener una mejor relación con el país transandino.

De las palabras a los hechos

Si bien no se habla mucho del tema, hace tiempo que Chile debió asumir la responsabilidad que conllevan ser ganador de la guerra y el portentoso desarrollo económico que logró en relación con Bolivia (éxito al que sin duda contribuyó la riqueza que extrajo de los territorios anteriormente bolivianos). ¿Qué significa asumir esa responsabilidad? Ir más allá de declaraciones y ofrecimientos simbólicos e invertir en serio para mejorar la relación con su vecino. 

¿Poner en marcha, nuevamente, el tren entre Arica y La Paz que ha funcionado intermitentemente? (Después de 16 años fuera de servicio, en 2021 se quiso reanudar el transporte ferroviario, pero luego del viaje de prueba y ante la oposición de camioneros bolivianos, el servicio se volvió a suspender). ¿Mejorar la infraestructura o dejar de subir las tarifas portuarias? Son medidas costosas pero imprescindibles para reconstruir la confianza mutua.

Ahora bien, Bolivia también tiene mucho que hacer más allá de la repetición cansina de sus aspiraciones. La tarea más urgente quizá sea asumir la derrota que sufrió en una guerra del siglo XIX y sus traspiés políticos y jurídicos a lo largo de los siglos XX y XXI, asumir su condición geográfica mediterránea y la dependencia comercial que le implica que los puertos más accesibles y cercanos sean chilenos. La opción a través del puerto de Ilo en Perú, ofrecido por Lima, ha demostrado ser inviable para el comercio boliviano (incluso a pesar de que Perú entregó en comodato una playa a Bolivia cerca de ese puerto, se creó una zona franca en la ciudad de Ilo y se otorgaron facilidades a los bolivianos para el uso del puerto).

En definitiva, a pesar de la afinidad ideológica que pueda haber entre los presidentes Gabriel Boric y Luis Arce, la reivindicación marítima boliviana contaminará cualquier otro tema que involucre a ambos países, y habrá que vivir con ello. En tanto, ambos deben encontrar la forma de convivir con ese diferendo histórico, encapsularlo y avanzar lentamente en la reconstrucción de la confianza rota. Ya lo hizo antes Chile con sus otros dos vecinos, Perú y Argentina, y con muy buenos resultados. Pero es cierto también que, a diferencia de otros conflictos fronterizos, para Bolivia el tema del mar es una suerte de trauma nacional traducido en diversas imágenes sobre la amputación y la mediterraneidad y con fuertes efectos en la política interna.

Son cambios sustanciales, complejos y difíciles, que requieren invertir capital político y, probablemente, perderlo en el intento, pero solo así, en el largo plazo, se construirá una relación vecinal armónica y moderna. En eso debería consistir el cambio en la política exterior de ambos países de cara al siglo XXI.

 

Imagen e información de nuso.org