Ante la ausencia del Estado en Mariscal Ramón Castilla, la provincia peruana ubicada en la triple frontera amazónica, los narcotraficantes hacen de las suyas mediante una singular dinámica: los “narcobenefactorados”. Esta investigación de La República y CONNECTAS comprueba, con documentos y evidencia gráfica, cómo los jefes del narco han logrado que las comunidades indígenas y campesinas los dejen operar, mediante el pago de tributos para obras como losas deportivas, refacciones de colegios y acciones sociales.

 

Hay pruebas de que, en la frontera peruana con Brasil y Colombia, la provincia Mariscal Ramón Castilla (MRC) está perdiendo la lucha contra el narcotráfico. Según el último reporte de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida - 2020), allá se concentra el 67% de los cultivos de coca de todo Loreto, la cuarta región a nivel nacional con mayor producción de este ancestral arbusto. El origen de esta situación es la “ausencia del Estado”, repiten ciudadanos y autoridades locales que fueron entrevistados en esta investigación. Esta ausencia que refieren ha sido suplida por organizaciones de tráfico de drogas, con una creciente participación en los asuntos públicos de las comunidades: los “narcobenefactores”.

Los narcotraficantes que transforman la hoja de coca en cocaína han encontrado un mecanismo para legitimar su actividad ilícita en los territorios donde operan, lo llaman el “derecho a la comunidad”. Se trata de una retribución económica por el terreno utilizado para cultivar coca destinada al narcotráfico. Se puede dar de muchas formas, en algunos casos se paga un monto por cada arroba de hoja de coca extraída y en otros una mensualidad previamente establecida con los representantes comunales. Sin ser grandes sumas de dinero, estos ingresos resultan ser determinantes en una provincia como MRC.

Con estas partidas se logran hacer pequeñas obras como locales comunales, losas deportivas o refacciones en colegios, las mismas que tienen gran impacto para las comunidades. Durante esta investigación se identificaron siete obras construidas bajo esa dinámica. Son dos locales comunales, un comedor, un estrado, una loza deportiva y dos colegios con refacciones. Además, se pueden cubrir los gastos de las familias que “caen en desgracia”, ya sea porque alguno de sus miembros enferma o fallece.

Esta investigación se trabajó con once comunidades, tanto indígenas como campesinas, de los cuatro distritos de toda la provincia MRC (Ramón Castilla, Yavarí, San Pablo y Pebas). La mayoría de entrevistados son o eran representantes comunales además de raspachines, lo que se complementó con actores sociales representativos como maestros y líderes religiosos. Esto para comprobar el patrón testimonial establecido durante una visita previa y descartar la posibilidad de que se trate de un “hecho aislado”, como suelen repetir las autoridades cada que son consultadas. Por otra parte, los nombres y lugares utilizados han sido reservados para evitar exponerlos a represalias individuales por un problema que es más bien estructural.

Para Emilio, el pago de este derecho es una opción al abandono que las comunidades sufren desde hace décadas. “Uno mira la necesidad que tiene el pueblo. Por ejemplo, nosotros veíamos que los fines de semana, cuando caía la lluvia, se hacía un barral para jugar pelota. Todo quedaba feo y la juventud iba creciendo. Si no hay deporte, ellos se van mucho al fiu, fiu fiu, a la tomadera”, afirmaba. “¿Entonces qué hicimos? Una losa deportiva porque nos gusta mucho jugar al fútbol”, agregó este hombre que alguna vez fue parte del Ejército, el mismo que abandonó porque los 120 soles (32 dólares) mensuales que recibía de la institución no le alcanzaban para apoyar económicamente a su familia.

Emilio llegó a la comunidad en la que vive desde hace 14 años como raspachín, un trabajador temporal que se dedica exclusivamente a cosechar hoja de coca en condiciones de explotación para los verdaderos jefes del narco. Poco a poco fue subiendo de posición. Luego de ganarse la confianza del patrón (jefe narcotraficante), pasó a procesar cocaína en los laboratorios y transportarla. Pero, como “era mucho riesgo”, después de un tiempo dejó aquellas tareas para hacer sus propias chacras de coca y trabajar más tranquilo. Ahora está a un paso de ser patrón. Sin embargo, dice, él prefiere lanzarse a la alcaldía. Actualmente alterna puestos en la representación comunal y sigue gestionando recursos de los “narcobenefactores”.

Experiencias similares se encuentran en todo MRC, donde el abandono es la constante más palpable. De acuerdo con el portal REDinforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), menos del 8% de su población tiene acceso a agua potable, más del 50% no tiene energía eléctrica, apenas tres colegios de los 425 que hay cuentan con servicios básicos completos y su sistema de salud se encuentra en condiciones precarias. Una situación que se complica cuando los servidores públicos responden las demandas de sus ciudadanos con un “no hay presupuesto” o “pongan una parte y nosotros (municipio) completamos”.

Algo que no pasa con los “narcobenefactores”, pues para ellos, estas son oportunidades para seguir construyendo relaciones de dependencia económica que disfrazan de “derecho a la comunidad”. Este pago incluso parece emular valores del estado liberal moderno, pues son recursos obtenidos de los narcotraficantes que deben ser, por decirlo de algún modo, transparentados entre los beneficiados. Esta tarea se realiza en las asambleas comunales, ya que permiten rendir cuentas de manera colectiva. Algunas veces, estas rendiciones se registran en los libros de actas; otras, en simples cuadernos de notas sin ninguna formalidad. Cada que ingresa un aporte, este se apunta acompañado únicamente con el apelativo del patrón.

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Imágenes e información de connectas.org