A seis meses de las elecciones colombianas, Gustavo Petro es el candidato mejor posicionado en las encuestas. El líder de la izquierda cuenta con una extensa carrera marcada por su pasado guerrillero, por su rol como senador y por su paso por la Alcaldía de Bogotá. ¿Quién es y cómo piensa el hombre que podría liderar el primer gobierno progresista de Colombia?

 

Gustavo Petro Urrego es, sin dudas, uno de los líderes colombianos más controvertidos de la escena política. El actual candidato a presidente lleva la delantera en las encuestas a seis meses de las elecciones. Algunos lo definen por su ideario rebelde, por su inconformismo con el statu quo y por su actitud combativa. Para otros, eso mismo es motivo de temores y de críticas. El hombre que a los 17 años adhirió a la guerrilla del M-19 y que luego participó del proceso de desmovilización de la guerrilla, que fue alcalde de Bogotá y que ha tenido diversos pasos por el Parlamento, recibe tantos elogios como críticas. Si para unos es el representante de un posible cambio progresista, para otros es un producto de los vestigios del socialismo del siglo XXI de la Venezuela de Chávez. La derecha —que está fuertemente entronizada en la sociedad colombiana— lo acusa de «bolivariano» y de cómplice del autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua.  

Hoy, tras años de batallas políticas, Petro se sitúa como uno de los favoritos en las encuestas presidenciales de 2022. El político de izquierda podría ser el sucesor del uribista Iván Duque.

La coyuntura actual

Este final de año será decisivo para la elaboración de las coaliciones que irán a consultas en marzo de 2022 para definir candidatos a la Presidencia y la consolidación de las listas al Congreso para asegurar la gobernabilidad al próximo mandatario. Si bien existen más de 50 precandidatos —incluyendo los de los partidos tradicionales Liberal y Conservador—, se vislumbran tres grandes fuerzas políticas en el centro del panorama político actual. Por un lado, se encuentra el partido de gobierno, el Centro Democrático, que tendría una alianza natural con la derechista Coalición de la Experiencia —liderada por el ex-ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry— y con el Partido Conservador. A través de un proceso de consulta interna a sus militantes, el Centro Democrático escogió a Óscar Iván Zuluaga como su candidato presidencial. Economista de formación, Zuluaga ya había sido candidato frente a Juan Manuel Santos en 2014. Si bien representa al ala menos radical del uribismo, promueve «ajustes» al Acuerdo de Paz, es crítico de la legalización de las drogas y no piensa reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela. Sin dudas, las banderas de Zuluaga se centrarán en el tema de la seguridad, el empleo y la lucha contra el enemigo del uribismo: la izquierda.  

En el centro del espectro político se sitúa la Coalición Centro Esperanza, liderada por el ex-alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien irá a una consulta en marzo con figuras del liberalismo como Juan Manuel Galán, hijo del inmolado líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, el ex-ministro de Salud y Protección Social y rector de la Universidad de Los Andes Alejandro Gaviria y el ex-ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Esta coalición, que se ha caracterizado por la crítica de la corrupción, del clientelismo y de la vieja política, se ubica en el centro, pero cuenta con diversos progresistas. Además, hace gala de un discurso centrado en la «recuperación de los valores» y en la educación como baluarte de la paz, a la vez que presta especial atención al fortalecimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a encarar el gran problema de la inequidad en el acceso a la tierra. Su programa puede ser definido como pluralista y pragmático. Al tiempo que aspira a que Colombia reestablezca relaciones con Venezuela, apuesta por introducir una renta básica de ciudadanía y por políticas de vanguardia en lo que refiere a la regulación del consumo de drogas.

Las elecciones de 2022 serán, sin lugar a dudas, claves en la historia colombiana. El gobierno de Duque se enfrenta a una muy baja legitimidad. No se trata solo de que su popularidad haya mermado considerablemente según todos los sondeos, sino además de la incapacidad de su gobierno para afrontar los grandes problemas del país. Los resultados de la gestión frente a temas como la desigualdad, la pobreza y el desempleo son, ciertamente, muy dispares. Si bien el gobierno de Duque puede mostrar buenos resultados en términos de recuperación económica, el avance de los programas de vacunación y el apoyo a los inmigrantes venezolanos, sus políticas no lograron avanzar de manera decidida en el ámbito de la paz.  El sostenimiento del clientelismo, de la corrupción de las mafias políticas y de la defensa de los sectores del establishment es uno de los puntos que le achacan sus opositores. Juan Manuel Galán, de la Coalición Centro Esperanza, es uno de quienes más enfatizan este tipo de discurso. A él se suma la ex-ministra de Agricultura liberal Cecilia López, quien asegura que el gobierno ha hecho muy poco para reducir la pobreza en la cual están sumidas tres cuartas partes del país.

Lo cierto es que Duque ha tenido que enfrentar un proceso de gobierno complejo, caracterizado por un hecho inédito en Colombia: la explosión social que se extendió desde abril hasta octubre de este año. Convocada inicialmente como una protesta contra una reforma tributaria regresiva, la manifestación social tomó cuerpo y se apoderó de las calles de Colombia. La represión por parte de las fuerzas de seguridad le valió al oficialismo una fuerte condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó de la situación en el país. A poco de desarrollarse, la cuestión de la reforma tributaria pasó a ser un tema más de la agenda: se sumaron críticas por el manejo de la pandemia de covid-19, fuertes quejas por la situación económica y social del país y planteos críticos respecto de la falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz. Muchos de los asistentes —y sobre todo de las organizaciones convocantes al Paro General— llegaron a exigir incluso la renuncia del propio presidente, además del juicio a Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad. Las jornadas de protesta, que tuvieron su momento más alto a fines de abril y durante mayo, se extendieron con diversos paros convocados por las principales centrales de trabajadores del país. Esto evidenció que el de Duque es un gobierno seriamente debilitado al que parte de los sectores desfavorecidos y de la juventud le han dado la espalda.

En un contexto como este, el pesimismo y la desesperanza están presentes. Y no es para menos. La sociedad colombiana ve el derrotero político de un presidente que prometía trabajar con y para los jóvenes, mientras los indicadores sociales se vuelven cada vez menos alentadores. El desempleo y el difícil ascenso social abren cada vez más el camino al progresismo, tanto al representado por la Coalición Centro Esperanza como al expresado por la fuerza de izquierda liderada por Petro, el Pacto Histórico. Esta última ha ganado fuerza tras las protestas, ha convocado a buena parte de una ciudadanía identificada con el progresismo y con la izquierda, pero ha logrado también trascender —al menos parcialmente— sus apoyos históricos. A diferencia de otros tiempos, en los que solo un núcleo duro de izquierda apoyaba propuestas como las del Pacto Histórico, hoy hay diversos disidentes del Partido Liberal, una buena parte de los miembros del Partido Verde, de sectores desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de ciudadanas y ciudadanos independientes que no siempre se sentían interpelados por la política que apuestan por la candidatura de Petro. La búsqueda de un modelo más humanista, que reduzca la desigualdad y la pobreza, que preste especial atención a las cuestiones del ambiente y que aborde la necesidad de fortalecer la participación política, está ganando impulso.

Pero con el crecimiento en apoyos, también emergen los temores. Para las derechas, el discurso de ruptura con las elites y la posibilidad de que, de llegar al poder, Petro pueda imponer un cambio drástico de modelo, se han transformado en todo tipo de críticas y de alertas.

Ciertamente, al menos hasta hoy, es Petro quien parece encarar más cabalmente la posibilidad de un cambio y quien concita mayor cantidad de apoyos entre las fuerzas de oposición. Y es que, si bien existen diversos elementos progresistas en la Coalición Centro Esperanza, la indefinición del candidato del espacio centrista —recién se elegirá en marzo—, la ubican en desventaja frente al Pacto Histórico. Es Petro quien hoy atrae todas las miradas. Pero ¿quién es y de dónde viene el hombre del que todos hablan?

Una trayectoria

Gustavo Petro se formó en una familia politizada. Mientras que su padre era seguidor del líder conservador Laureano Gómez —admirador del dictador español Francisco Franco— y, acaso contradictoriamente, admirador del «Che» Guevara, su madre revindicaba al líder popular Jorge Eliécer Gaitán y era activista política en la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el movimiento dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla que reivindicaba al Partido Conservador. En ese marco, y con una serie de lecturas políticas que lo marcarían desde pequeño —entre las que se destacaban Verne, Dostoievski y Rousseau—, Petro se acercó a la izquierda política, transitando desde posiciones del socialismo marxista hasta ideas basadas en la Teología de la Liberación y el «cristianismo liberador».

En 1977, siendo todavía menor de edad, ingresó en el M-19, organización guerrillera que reivindicaba el nacionalismo revolucionario y que se proponía desarrollar un «socialismo a la colombiana». En términos contextuales, el proceso guerrillero se vinculaba a un conjunto de fenómenos, entre los que se destacaban el fraude político contra la ANAPO (partido del que el M-19 se consideraba sucesor) y la instauración de una serie de políticas violentas desde el Estado. En tiempos en que parte de las izquierdas apostaban por la vía armada, el M-19 representó esa alternativa en la política colombiana. Viviendo vidas paralelas (la civil, en la Universidad, y la clandestina, en la guerrilla), Petro atravesó un periodo en el que no faltaron los pasos por la cárcel y la tortura. En ese marco, no eran pocos los que homologaban a Colombia con las dictaduras del Cono Sur: se aplicaban métodos represivos, de tortura y de desaparición de personas.

La llegada a la Presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986) abrió la puerta para las conversaciones de paz con los grupos guerrilleros. Pero en noviembre de 1985, el M-19 toma el Palacio de Justicia con el argumento de hacerle un juicio al presidente por haber traicionado la tregua del proceso de paz. Esta acción terminará en una tragedia con el asesinato de los magistrados, la muerte de guerrilleros y la desaparición de civiles. En su relato, Petro reconoce que el M-19 se equivocó y no se midió el peligro de exponer las vidas de los magistrados.

Con la firma de la paz en 1990 bajo el mandato del liberal Virgilio Barco (1986-1990), y posteriormente durante el gobierno del liberal César Gaviria (1990-1994), Petro ingresa en una nueva época. Un breve periodo en Bruselas como refugiado diplomático lo lleva a ampliar sus horizontes regresando a las aulas en la Universidad Católica de Lovaina. Según él mismo ha afirmado, su paso por Europa le permitió abrirse a un mundo cosmopolita y recoger nuevos ejes de acción política. La meta de lograr el difícil equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente es uno de ellos.

A su regreso a Colombia en 1997, inició una carrera en la vida pública en la izquierda con un paso destacado por el Senado. Allí se lo reconoció como una de las voces más prominentes por sus críticas a las políticas asociadas al sector financiero, por su posición sobre la especulación en la compra de tierras, su furibunda crítica del paramilitarismo en Antioquia y, sobre todo, por sus posicionamientos sobre la corrupción —que critica, además, dentro de su propio partido: el Polo Democrático—.

La llegada a la Alcaldía de Bogotá en 2012 marcó a fuego su carrera política. Petro accede a ella ese año, ya fuera del Polo Democrático y bajo una nueva organización de izquierda que se reivindica, a la vez, progresista, ecologista y socialdemócrata: Colombia Humana. Su paso por la Alcaldía fue problemático. Tras dos años de mandato, fue destituido de su cargo luego de que Miguel Gómez Martínez, representante bogotano de la derecha en la Cámara de Representantes, presentara una iniciativa para revocar su mandato. El uribista consiguió las firmas necesarias y, a fines de 2013, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años. La razón: un mal manejo de un conflicto vinculado a la recolección de basura. Las medidas cautelares de la CIDH y el apoyo popular dieron espacio para que los jueces sancionaran finalmente su reincorporación al cargo. 

El gobierno de Petro en la capital del país es, sin embargo, recordado por su impronta social. Su vocación de mezclar estratos sociales en distintas zonas (como sucede en algunas de las ciudades más cosmopolitas del mundo) no fue bien recibido por los más pudientes. Su política de seguridad urbana, sin embargo, dejó huella. Basado en un marco según el cual la seguridad no debe basarse en las políticas de represión policial, sino en un proceso de amplia construcción ciudadana, Petro encaró una batería de medidas entre las que se destacó la estrategia de desmovilización de las pandillas callejeras a través de planes de sustento y de trabajo. Alrededor de 10.000 jóvenes dejaron el robo y las prácticas delictivas, a la vez que accedieron al estudio a través de los programas de Colombia Humana en la ciudad de Bogotá. Asimismo, Petro desarrolló una serie de políticas sociales para las personas que vivían en la calle y se ocupó seriamente de las problemáticas de las trabajadoras sexuales de la ciudad. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza multidimensional en Bogotá arrojaba guarismos de 12%. Cuando Petro entregó la Alcaldía, aun en un proceso de destitución movilizado por la derecha, la cifra se había reducido a 4,7%.

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Imagen e información de nuso.org