Radio Progreso y el ERIC llevaron a cabo una investigación exhaustiva de los mecanismos y redes empresariales y familiares que están detrás de los contratos energéticos con el Estado hondureño, responsables de la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) está al borde de la quiebra. Paga $990 millones anualmente a generadoras privadas, que representan cerca del 70% de su presupuesto operativo, y tiene un déficit acumulado de $2,300 millones.

Mientras el Estado genera cada Kilovatio a 2 centavos de dólar, a nivel privado lo paga arriba de 12 centavos, siendo la segunda energía más cara de América Central, solo por debajo de Nicaragua, según expertos.

En Honduras, hay 3 grupos empresariales que sacan las mayores ganancias de la producción energética privada: Grupo Terra, propiedad del empresario Fredy Nasser; Grupo Iresa y Lufussa, vinculado a empresas de miembros de la familia Larach y Kafie; y sociedades mercantiles en las que tienen participaciones integrantes de la familia Canahuati. Cada año la ENEE debe pagar a estos tres grupos $642.1 millones en total.

Las empresas de la familia Nasser, aglutinadas en Grupo Terra, son las que más facturan, en 2019, cobraron por 11 contratos, cerca de $327 millones, mientras que las generadoras de la familia Larach y Kafie, sumaron por 13 contratos más de $148 millones.

Con respecto a las empresas de diversos miembros de la familia Canahuati, entre 2006 y 2014, suscribieron 11 contratos, por 7 de ellos facturaron, solo entre enero de 2019 y julio de 2020, cerca de $58 millones.

Vender energía al Estado no es delito siempre y cuando se respete la ley, pero en Honduras la institucionalidad ha sido vulnerable a la influencia de élites empresariales, políticos y hasta personas vinculadas al narcotráfico. El resultado es que el Estado paga más de lo que necesita y las empresas obtienen más beneficios a costa de endeudar a la ENEE y llevarla al borde de la quiebra.

El Estado de Honduras no tiene capacidad para producir la energía que el país necesita, por eso está obligado a contratar electricidad privada. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de la Coalición Patriótica de los Combustibles, manifestó que el problema radica en las condiciones en que se contrata este servicio ya que no se rige por los valores del mercado y, además, porque las administraciones gubernamentales nunca han visto el fortalecimiento de la generación estatal como un mecanismo de desarrollo estratégico.

Según Rodríguez, para sacar a la ENEE de la crisis bastaría con revisar los contratos privados y fortalecer la energía estatal.

La ENEE empezó a comprar energía privada desde la década de los 90, pero a partir de 2007, los costos de contratación se encarecieron debido a reformas que incentivaron el cambio de matriz hacia la producción energética con recursos renovables, a través de exoneraciones fiscales, pago de bonos y precios de generación, que no pueden ser asumidos por la estatal. De ello se beneficiaron empresarios, políticos y personas vinculadas al narcotráfico, como ejecutivos de confianza de Los Cachiros y personas cercanas a Sergio Neftalí Mejía y Ramón Mata Waldurraga, quienes fueron procesados en Estados Unidos, por delitos relacionados al tráfico de drogas.

Al respecto, Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) expresó: “en los contratos había prebendas tan espectaculares como la exoneración de pago de impuestos y costos fijos. Con algo así era natural que empresarios interesados en tener utilidad se metieran pensando que había negocio, y así ha ocurrido”.

Mario Rubén Zelaya especialista en temas energéticos, explicó que la política del Estado fue: “pagar más por kilovatio hora a los generadores privados, lo cual es irracional”. Zelaya lamentó que, a nivel centroamericano, la ENEE sea la única estatal eléctrica deficitaria.

Una responsabilidad compartida

Todos los contratos energéticos pasan por el Congreso Nacional, pero antes deben ser suscritos por la gerencia de la ENEE, analizados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y ratificados por el Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad compartida.

Familiares de funcionarios públicos firmaron contratos de energía mientras estos estaban en el ejercicio del cargo, violando la Ley de Contratación del Estado.

Gracias al cambio de matriz, políticos y funcionarios, se convirtieron en proveedores energéticos.

Otro político igualmente vinculado al negocio energético, así como varias empresas de su familia y hasta de correligionarios, es el actual aspirante presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal.

Según auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), gran parte de los contratos de generación se han firmado violando la ley, en el caso de la energía fotovoltaica, se firmaron al precio más alto de América Central.

El 20 de enero de 2014, en la sesión conocida como “diarrea legislativa” (la última presidida por Juan Orlando Hernández en la que se tramitaron, de una vez, decenas de contratos y decretos), el Congreso Nacional aprobó 52 contratos de energía renovable.

Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los acuerdos fotovoltaicos se suscribieron al precio más alto de América Central, $15 centavos por kilovatio generado, más incentivos de $3 centavos, cuando en Panamá en ese entonces, se adquiría por la mitad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó, en 2018, que se debían revisar los contratos con empresas privadas como condición ineludible para el rescate financiero de la ENEE. Esa revisión no tuvo éxito, porque las empresas no aceptaron bajar los costos de generación.

Luego de las recomendaciones del FMI, el presidente Juan Orlando Hernández creó una comisión interventora, dirigida en primera instancia por la ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, quien informó que en la actualidad hay 98 contratos de alto costo que están ahogando financieramente a la ENEE.

Y agregó que para salvar a la empresa del déficit financiero habría que recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, y renegociar los contratos con las generadoras: “el costo de la generación es altísimo, Honduras necesita volverse competitiva”. Solo a las empresas térmicas, la ENEE paga al año más de $495 millones.

“Esos contratos ya se revisaron, el problema es que como son privados no se pueden revertir, hay que esperar que expiren y algunos son de largo plazo, de 20 a 30 años. Ya no se puede hacer nada”, dijo el economista Alejandro Aroni.

Según fuentes consultadas, la mayoría de contratos energéticos que se aprueban en el Congreso nunca se socializan, no se discuten y se desconoce la forma en que fueron negociados. Aun así, el Estado sigue endeudándose con préstamos millonarios para pagar a las generadoras privadas.

El analista Mario Rubén Zelaya agregó: “la situación de la ENEE se puede rescatar solo si se renueva el modelo de gestión. El sector electricidad debe someterse a un proceso de auditoría que deduzca responsabilidades por los malos manejos y a partir de allí construir transparencia y rendición de cuentas. Esto es fácil, es de tomar decisiones y tener voluntad política para hacerlo”.

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