En la primera semana de septiembre se dispararon las muertes por COVID-19 a 329 personas según el Observatorio ciudadano, una tragedia humanitaria muy cerca del pico de la epidemia en mayo 2020, cuando fallecieron 351 personas en una semana. Médicos sostienen que este año se está teniendo mayor impacto que en 2020 con hospitales saturados y que han tenido que aumentar número de camas para pacientes con el virus. El Ministerio de Salud (Minsa) apenas reporta una muerte semana, aunque si elevó la cantidad de contagios a 615, la cifra más alta desde el inició de la pandemia.

En medio del actual momento de la pandemia, Daniel Ortega llamó a no quedarse en casa, luego de que el independiente Observatorio Ciudadano llamó a la población a una cuarentena voluntaria y a extremar medidas, debido al contagio en el país.

En Nicaragua solamente vacunarán a la población mayor de 30 años, a partir del 20 de septiembre.

Los expresidentes de México, Brasil, Chile y Colombia, Ernesto Cedillo, Fernando Cardozo, Ricardo Lagos y Juan Manuel Santos, respectivamente, encabezan una ola mundial de condena contra el régimen de Daniel Ortega por la persecución desatada contra el escritor Sergio Ramírez, después de encarcelar a 36 lideres políticos y cívicos. Sergio Ramírez escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, fue acusado por la fiscalía por conspiración contra la integridad nacional y lavado de dinero. El régimen alega que el escritor destinaba dinero para la desestabilización del país desde el programa “Medios para Nicaragua” de la Fundación Violeta Barrios. Los delitos son los mismos que el régimen imputa a lideres de la oposición, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas, encarcelados desde finales de mayo, previo a las elecciones en Nicaragua. La fiscalía ordenó la detención de Ramírez y el allanamiento de su casa. El escritor salió del país y dijo que no volvería para evitar represalias del gobierno, luego de ser interrogado por el Ministerio Público.

Continúan las audiencias contra los presos políticos, los lideres campesinos Medardo Mairena y Fredy Navas, el dirigente estudiantil Max Jerez y el político opositor Juan Antonio Peraza fueron remitidos a juicio por el supuesto delito de conspiración contra la integridad nacional. Por el mismo delito fueron remitidos a juicio Jaime Arellano y los exdiplomáticos, Mauricio Díaz y Francisco Sacasa; mientras que el exdirector del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue acusado por lavado de dinero. Las audiencias se llevan a cabo en el complejo judicial Evaristo Vázquez y no en un juzgado como lo indica el marco jurídico nacional, se desconoce el nombre de los jueces y sus abogados no tienen acceso a las audiencias.

Familiares de las personas presas políticas denunciaron que sus parientes están siendo sometidos a torturas. En un comunicado manifestaron preocupación por la pérdida extrema de peso, el confinamiento total de algunos de ellos, interrogatorios constantes, luces encendidas las 24 horas del día y celdas precarias para encierros durante largos periodos. Además, exigieron visitas familiares y sin vigilancia policial. Hasta ahora el régimen no permite la entrada de ningún organismo de derechos humanos a Nicaragua.

El gobierno de Daniel Ortega lanzó una campaña de desprestigio contra sacerdotes nicaragüense, a través de un documental llamado “Curas políticos” en el que acusan a los religiosos por supuesta intromisión en la vida política. Daniel Ortega también ha afilado sus ataques contra sacerdotes católicos llamándoles “curas del demonio y terroristas con sotana”.

En el Día Internacional del Periodista, el colectivo de derechos humanos “Nicaragua nunca más” denunció el feroz ataque contra periodistas nicaragüense, aseguraron que la represión que lleva tres años, se agravó en mayo con la aprensión de periodistas. El régimen ha encarcelado a cuatro periodistas, mientras decenas se exiliaron por amenazas de cárcel y persecución por su labor.

Francisco Días, Juan Valle, Luís Pérez, Ramón Avellán, Justo Urbina y Fidel Domínguez fueron condecorados por Ortega con la orden Rigoberto López Pérez. Los seis jefes policiales están sancionados internacionalmente por ser cómplices de violaciones a derechos humanos y leales a la familia de Ortega.

La Unidad Nacional Azul y Blanco, estará trabajando de manera clandestina para evitar encarcelamiento de sus otros miembros. Actualmente 12 miembros de UNAB están presos.

 

Información de Jesuitas CAM