La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR), de la Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), emite un Comunicado dirigido al Presidente de México, al Secretario de Relaciones Exteriores y al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Asuntos Religiosos.

 

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021

 

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones Exteriores

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Asuntos Religiosos

 

La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio, Desplazamiento y Trata (CLAMOR) del Consejo Episcopal Latinoamericano, que agrupa a más de 600 organizaciones de la Iglesia Católica en Latinoamérica y el Caribe, hemos visto en estos últimos días el desarrollo de los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en el sur de la República Mexicana a fin de contener a las personas migrantes en la ciudad de Tapachula, Chiapas.

Nos damos cuenta de una profunda crisis migratoria que se vive en la frontera sur del país, en donde cientos de personas provenientes de países del norte de Centroamérica, Cuba, Venezuela, y ahora con un número considerable de Haití, esperan una resolución favorable a sus solicitudes de Refugio, protección complementaria o acceder a una regularización migratoria.

El hacinamiento, la falta de medidas de higiene, comida, insumos básicos, aunado a la lentitud en las resoluciones del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados colocan a las personas en situación de vulnerabilidad, afectando el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Los albergues, casas del migrante y comedores para personas migrantes están saturados y al límite de su capacidad, los esfuerzos de las iglesias locales, parroquias, diócesis están siendo rebasados ante la falta de una política migratoria acorde con los estándares de derechos humanos, la planeación estratégica y los escasos o nulos recursos del Gobierno Federal.

Lamentamos y rechazamos con firmeza las conductas represivas, violentas y de contención de la migración en la frontera sur, particularmente en Tapachula. Estas medidas se han implementado en ocasiones anteriores con un balance negativo en sus resultados. Por eso, hacemos un llamado a buscar soluciones alternativas que superen la visión de corto plazo, priorizando el diálogo con las personas migrantes y las organizaciones de la sociedad civil de tal forma que se puedan articular respuestas acordes a las necesidades y en garantía de los derechos humanos.

Vemos en los hechos recientes en la frontera sur -la contención de las personas migrantes y las deportaciones sumarias- medidas afines a la política de externalización de la frontera que promueve Estados Unidos. Las decisiones políticas de ambos gobiernos afectan tanto a la población local como a las personas migrantes, a quienes se les deja en un callejón sin salida. Nos preocupa que la única opción de regularización de la estancia migratoria en México sea la solicitud de refugio. Y que se le impida el libre tránsito por el territorio Nacional a quienes ya tienen una resolución favorable de su estancia legal en México.

Por todo lo anterior, exhortamos a las autoridades competentes, principalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a que lleven a cabo las acciones concretas para atender a las personas en contexto de movilidad, respetando el debido proceso y de esta manera, se eviten y prevengan violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, exigimos a las autoridades de todos los niveles, el respeto al artículo 11 de la Carta Magna que consagra el libre tránsito, para que, a quienes ya tienen una legal estancia en México se les permita transitar por el país en busca de opciones de residencia y empleo que les permita vivir con dignidad y acceder a los servicios básicos.

Exhortamos al gobierno mexicano a que fiel a su historia como pueblo de origen de tantos migrantes, dé muestras claras de hospitalidad y acogida, y basado en las facultades que las leyes le confieren establezca nuevas alternativas de regularización acordes que le permitan a la población migrante acceder a los derechos humanos que les asiste por su misma dignidad como personas, y de esta forma aportar su riqueza a las comunidades de acogida.

Esta crisis es a la vez una oportunidad para que el gobierno mexicano demuestre el liderazgo regional respondiendo al desafío migratorio desde el respeto y la garantía de los derechos. Basta ya de represión, del uso de la violencia y el excesivo abuso de autoridad, no se trata solamente de migrantes, sino de seres humanos que necesitan de una oportunidad para vivir dignamente.

Invitamos al gobierno de México a que, antes que reprimir y contener a las personas migrantes se preocupe por atender las causas profundas que hacen que miles de mexicanos sigan hoy viviendo el drama del desplazamiento y deban enfrentarse a la migración para buscar en otro territorio la seguridad y las condiciones necesarias para vivir, que no encuentran en su país.

Como Iglesia de América Latina y el Caribe, nos sentimos profundamente comprometidos en la acogida, protección, promoción e integración de las personas migrantes y reiteramos nuestro compromiso en la defensa y protección de sus derechos humanos al mismo tiempo que nos disponemos a colaborar con las autoridades a fin de encontrar mecanismos humanitarios de ayuda coordinados en la solución de esta profunda crisis que se vive en la frontera sur de México.

Atentamente,

+ Mons. Gustavo Rodríguez
Arzobispo de Yucatán, México
Presidente de la Red CLAMOR

+ Mons. J. Guadalupe Torres Campos
Obispo de Cd. Juárez
Responsable de la Pastoral de Movilidad Humana México

+Alvaro Leonel Card. Ramazzini
Obispo de Huehuetenango, Guatemala

+ Guido Charboneau
Obispo de Choluteca
Responsable de la Red CLAMOR en Centroamérica

 

Información de prensacelam.org