De los 56 centros de salud públicos que el Gobierno decidió remodelar o reconstruir en 2013, ocho años después el 60% de ellos todavía está a medio construir, tiene equipamiento roto o directamente carece de él. Las fallas quedan en evidencia en medio de la pandemia de la Covid. Y los millones de pesos invertidos por el Estado no se ven al recorrer algunos hospitales.

 

El polvillo se siente al pasar la puerta de hierro del parqueo del Hospital Municipal de Esperanza Dr. José Fausto Ovalles, en Valverde, República Dominicana. El hospital está en reconstrucción desde hace ocho años y nada parece indicar que la obra vaya a terminarse pronto.

Una, dos y tres ambulancias en menos de cinco minutos cruzan la puerta por el parqueo con piso de piedras improvisado en medio de la reconstrucción. Dos embarazadas, una de ellas de nacionalidad haitiana, son introducidas a una sala de emergencia en una carpa militar. Más que un espacio de internación hospitalario, se trata de una improvisada sala que se apostó allí hace ocho meses como parte de una larga lista de arreglos nunca acabados en el tiempo previsto inicialmente.

El Dr. José Fausto Ovalles es uno de los 56 hospitales del país que en 2013 el ex presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, decidió que empezaran a repararse o reconstruirse integralmente a través de un ambicioso plan detallado en el decreto MISPAS-CCC-PU-2013-08, para lo cual se convocó a sorteo de obras.

Esos trabajos fueron declarados de urgencia y estarían bajo el amparo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), lo cual ameritaba una asignación e inicio inmediato de las obras. Pero ocho años después, más del 60 por ciento de los hospitales está categorizado en “estado regular o malo” a pesar de haberse invertido millones de pesos de las arcas públicas en reconstrucciones o remozamientos en cada uno, según el informe elaborado por el Servicio Nacional de Salud (SNS) en el mes de diciembre de 2020, con la nueva gestión del gobierno del actual presidente Luis Abinader.

Ese informe confirma que el plan de 2013 para reacondicionar y modernizar la red de hospitales públicos de República Dominicana no se cumplió. Más de la mitad de los centros sanitarios intervenidos presentan hoy deterioros en pisos, paredes, aires acondicionados y destrucción en sus áreas quirúrgicas. Y un 25 por ciento ha prescindido de la mayoría de sus quirófanos por sus estados de deterioro.

Además, un 10 por ciento de los hospitales aún tiene zonas inconclusas o por remozar, a pesar de haber sido reinaugurados entre los años 2018 y 2019, los tiempos previos a la campaña electoral presidencial del 2020.

Según el Servicio Nacional de Salud, al menos el 5 por ciento aún se encuentra bajo intervención, a pesar de que ha pasado casi una década desde la declaratoria de urgencia de las obras.

Esta investigación periodística, realizada por Acento y CONNECTAS, con el apoyo de Participación Ciudadana, Faro e Innovation for Change, documenta la crítica situación de cinco de los 56 hospitales. Todos ubicados en distintas zonas del país, que a pesar de haber recibido inversiones millonarias se encuentran en malas condiciones de infraestructura y equipamiento, y además carecen de condiciones para atender casos Covid en medio de la pandemia. Incluso uno de ellos lleva ocho años en reconstrucción.

La historia de la intervención de los 56 hospitales comenzó el 26 de agosto del 2013, a las 10 de la mañana, en la sede central del Ministerio de Salud Pública. Esa mañana se adjudicaron las obras a los 56 ganadores del sorteo, que eran ingenieros independientes o empresas contratistas. Los trabajos debían durar entre 6 meses y un año, y se iniciarían inmediatamente fueran firmados los contratos.

Pero el 28 de marzo de 2016, cuando se supone que las obras en los hospitales ya debían estar terminadas, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) firmaron un acuerdo que dio un giro inesperado a lo indicado en los contratos de ejecución de cinco de las 56 obras que había convocado el Ministerio de Salud en 2013, entre ellas la del Dr. José Fausto Ovalles.

Este hospital es un ejemplo de la desidia con la que se ha desarrollado parte de aquel ambicioso plan de obras gubernamental. A pesar de que la “reparación general” inició en 2013, ocho años después aún se espera la terminación de la sala de emergencia, consultorios, laboratorio, zona de rayos X, quirófano, morgue y habitaciones de internamiento.

Para explicar un poco esto hay que sumar otro aspecto que cambió las condiciones iniciales del plan: en 2016, los contratos y procesos de los 56 hospitales pasaron a mano de la mencionada OISOE, lo que provocó demoras en la entrega de las cubicaciones. En el caso del Dr. José Fausto Ovalles, la obra quedó paralizada aproximadamente dos años desde la primera pared tumbada. En 2013, según el contrato, había recibido 45,458,379.14 pesos (US$ 1,010,186.2); mientras que en 2016 le fueron otorgados otros 80 millones de pesos con un nuevo contrato a favor del mismo ingeniero ganador. Pero las cuentas son mucho mayores hoy: en ocho años el hospital lleva más de 200 millones de pesos invertidos en “reparación general”, según datos de la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE), pero increíblemente su reconstrucción aún no acaba.

“Todavía le falta más de un 40 por ciento a algunas partes y a otras de un 60 y 80 por ciento, recién está comenzando”, dice Lucilo Javier Estévez, nacido y criado en Esperanza. Lucilo es parte del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), un movimiento universitario que ha seguido de manera directa los trabajos en el hospital de Esperanza, que debe atender a una población de 66 mil habitantes.

El hospital Doctor Leopoldo Pou, en Samaná, está a 253 kilómetros de distancia del Dr. Ovalles. Es el centro de salud regional de la provincia Este, al otro extremo del país, y también está “enfermo”. Como parte de la lista de los 56 de 2013, su asignación presupuestaria de 100, 234,119.45 pesos llegó finalmente a 247,234,119.45 (US$ 5,494,091.5) ejecutados, más del doble. “¿Y en que se invirtió ese dinero? No sabemos”, expresa la doctora Santa Furcal, presidenta de la filial del Colegio Médico Dominicano de la zona del Este del país.

Un ejemplo de los sobrecostos que se terminaron pagando para acondicionar el hospital: un contrato adjudicado en 2013 por “ampliación y reparación general” tenía un monto inicial de 87,804,112.03 pesos, pero presentó una ejecución presupuestaria mayor un año después de 100 millones de pesos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Empero, el Leopoldo Pou ya había sido transferido en 2015 al nuevo adjudicatario asignado y estaba próximo a su inauguración. “Fue básicamente el primer hospital de los 56 que se inauguró para que el presidente en ese entonces, Danilo Medina, lo presentara cómo un logro para su campaña de reelección”, externó Furcal.

Antes de hacerse efectivo el traspaso de la supervisión de las reconstrucción o remodelación de los hospitales desde Salud Pública hacia la OISOE, está última ya había configurado un nuevo contrato de remodelación triplicando el presupuesto original del mismo.

“Yo mismo he tenido que salir con los comunitarios, de aquí de Samaná, corriendo porque no tenemos los suficientes equipos, las salas de cirugía no funcionan. Y tenemos que ir corriendo a Santo Domingo porque no tenemos más hospitales de trauma cerca”, añadió Jonnhy Núñez, comunitario activo de la zona de Samaná.

Justo en las escalinatas del Pou, hace gestos con los manos al hablar, con expresión de pesar al referirse al hospital principal del municipio cabecera donde convergen todos los samanés.

Al Ovalles y el Pou como hospitales “enfermos” hay que sumar al Provincial Santiago Rodríguez, también de la zona norte del país. Su presupuesto inicial de obra fue firmado por más de 60 millones de pesos (61,164,468.89) en el año 2013, para luego ser casi triplicado a más de 170 millones (174,816,404) en el año 2016; pero terminó en 226,205,612.00 pesos (US$ 4,616,441.0).

Pese a ese refuerzo presupuestario, la obra aún no se termina. “Requiere reparación del sistema de aire acondicionado para corregir filtraciones, así como el saneamiento de la pintura interior y exterior”, dijo un médico de este hospital que no quiso revelar su identidad.

Inaugurado dos años después del traspaso a la OISOE, es decir en 2018, solo cuenta con dos quirófanos para la atención de los 58 mil habitantes de la provincia. El Servicio Nacional de Salud resalta en su informe de 2020 que en Emergencia, el Santiago Rodríguez cuenta con seis camas de observación, reanimación, cura, yeso, nebulización y demás servicios de apoyo que se puedan presentar, lo que señala como una debilidad.

En la región sur, Barahona y Neiba, zonas de gran espectáculo marino, cuentan con dos hospitales binacionales por su cercanía con la República de Haití. Por eso, más del 40 por ciento de las parturientas son haitianas que se tratan en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, y en el San Bartolomé de Neiba, en la provincia Bahoruco.

El Jaime Mota es el principal centro de atención a la salud de los residentes en esta parte de la República Dominicana. Hace dos años fue reinaugurado tras una remodelación que duró más de 6 años.

Hasta 2020, mientras estuvo en reconstrucción, los pacientes tuvieron que trasladarse entre Santo Domingo y otro hospital de menor nivel de atención de la zona, aumentando la angustia de los que también se trasladaban desde Neiba porque, al igual que en Barahona, carecieron de hospital desde el 2015 al 2018, ya que el San Bartolomé se encontraba en construcción.

Según el contrato del año 2013, en el Jaime Mota serían construidas las áreas de banco de sangre, nefrología, pediatría, los consultorios de salud mental, el módulo de odontología y una reparación general de las demás zonas del hospital por un monto de 53,502,860.66 pesos (US$ 1,528,653.1).

Cinco años después, en 2018, se llevó a cabo un nuevo contrato desde la OISOE para la ejecución del presupuesto de “Terminación de obra gris” debido a que todavía estaba inconclusa. Allí se detalló la reparación de consultorios, neonatal, laboratorio, quirófanos, sala de mujeres, instalaciones sanitarias, climatización, instalaciones eléctricas general y de ascensores, sistema de detección de incendio, sistema de seguridad, sistema de megáfono o música ambiental y sistema de llamada a enfermeras, con un monto de inversión de 212,300,208.88 pesos.

“El hospital fue remodelado, no construido ni reconstruido. Se remodelaron las siguientes áreas: emergencia, sala quirófano, área administrativa, el área de parto y el parqueo”, añadió el doctor Wilkins Manuel Feliz Pérez, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Barahona-Pedernales.

Pero tres áreas del Mota señaladas en el contrato no fueron construidas: salud mental, pediatría y perinatología. “No obstante, en la actualidad el área de perinato está en funcionamiento de manera normal, pero la otras dos funcionan en lugares improvisados que no reúnen las condiciones para ello”, añade Feliz Pérez.

“Todas esas parturientas y demás enfermos iban al Jaime Sánchez, colapsando el sistema de salud que hasta ahora se ha ido recuperando porque inauguraron esos hospitales que ya tenían años detenidos. El Jaime Mota se concluyó en 2020 con el nuevo gobierno”, indicó Feliz Pérez, refiriéndose al segundo hospital de la provincia.

En la actualidad el hospital luce muy bonito, está pintado, algunas áreas han sido remodeladas y equipadas, pero sus servicios siguen siendo deficientes y no están a la altura de lo que la región necesita y demanda, dicen desde el Colegio Médico Dominicano.

El otro que recibió un aumento de más de un 600 por ciento fue el vecino hospital de Bahoruco, el Municipal San Bartolomé de Neiba. Su monto inicial fue de 28,397,234.27 pesos (US$ 811,349.5), para un aumento -tres años después- a 463,998,343.69 pesos (US$ 103,110,745.4). Pero terminó, en el año 2019, con una inversión de 677,588,587.63 pesos (US$ 13,828,338.5), según la ejecución final otorgada por libre acceso a la información pública desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

El contrato inicial indicaba una “reparación de grietas y pisos”, asignado al ingeniero Rafael Feliz Cordero, a quién se le retiró y fue reasignado en 2016 a la empresa García Smester Soluciones para la Construcción SRL, pese a que no había participado en el sorteo de Salud Pública. Incluso esa compañía recibió el aumento del presupuesto con las mismas indicaciones que el primer contrato de la reparación.

Lo anterior contraviene la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la cual indica que “segundos y terceros ganadores del sorteo deben ser las opciones siguientes para la obtención de las obras”. Además, en el Artículo 48 se señala que cuando el ganador no se presente dentro del plazo otorgado, “el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable”.

Según informaciones oficiales, el hospital San Bartolomé fue construido durante la gestión del presidente Hipólito Mejía, en el periodo 2000-2004, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego, fue reconstruido durante la gestión de Leonel Fernández en 2010, con un costo aproximado de unos 938,400 dólares. Esta fue su última intervención.

Pero estas sucesivas intervenciones no bastaron para dejar el hospital en condiciones, por lo que hubo que ordenar una nueva reconstrucción que aún no concluyó.

Equipamiento roto o en falta

El óxido del sostén de las camillas del hospital Leopoldo Pou parece que en cualquier momento las hará quebrantar, con o sin paciente en su regazo. Sus colchonetas verdes, sin protección alguna, producen calor solo al verlas. Y más por la inexistente central de aire acondicionado dentro de las salas.

En el centro, un ventilador de pared ha sido instalado en el techo por los médicos, quienes improvisando ingeniería le hicieron lugar para no morir de calor en el trabajo. “La verdad es que se equiparon las salas de emergencia, las habitaciones con nuevas camillas y las salas de cirugía. Se abrieron cinco porque solo había una; pero ahora solo contamos con una ya que las otras cuatro se dañaron”, dice el doctor Rubén Darío Tavarez, médico pediatra del Pou.

Con un titileo de luces, a lo lejos se observa la entrada a uno de los cinco quirófanos, pero las ruinas de lo que fueron modernos aparatos en el 2016 no dejan el paso libre para llegar allí.

Intervenciones ginecológicas como partos e histerectomías, así como urgencias traumatológicas por accidentes de tránsito, son las cirugías más comunes en el hospital provincial de Samaná. “No hay manera de atender a tantas personas con tan solo un quirófano, a los que podemos tenemos que trasladarlos a Santo Domingo dependiendo la atención que requiera”, dice molesta la doctora Furcal.

Su colega Tavarez lleva 8 años en el Pou. Estuvo en el antes y el después de la obra de reacondicionamiento, pero asegura que hoy casi no hay diferencias con las condiciones que tenía el hospital previo a 2013, cuando se lo incluyó entre los 56 hospitales públicos a intervenir.

Ocho años después, el hospital de Samaná no solo no parece más nuevo y moderno, sino que tiene filtraciones: en los pasillos, las gotas de agua caen del techo hacia cubos de agua apostados en el camino, obstruyendo el paso de los transeúntes.

Similares inconvenientes tiene el Provincial Santiago Rodríguez. “Está clasificado como regular, ya que tiene problemas de filtración en paredes causadas por el sistema de climatización, deviniendo en un gran deterioro en la pintura interior, así como otras reparaciones”, reza el informe elaborado por el Servicio Nacional de Salud a finales del 2020, cuando llevaba casi tres años desde su inauguración.

Los problemas de filtraciones se fueron agudizando con los meses hasta llegar a afectar zonas importantes, como las salas de cirugía y la emergencia, lo cual obligó a despojarse de dos de las tres salas que poseían. Esto ha provocado que los pacientes tengan que ser referidos a hospitales de Santiago o Santo Domingo, el más cercano ubicado a 152 kilómetros de distancia.

Mientras que en La Perla del Sur, la provincia Barahona, un contrato del año 2019 otorgaba una inversión de 753,152,630.32 pesos (US$ 153,704,543.4) en equipamiento del Hospital Dr. Jaime Mota, los trabajadores de salud señalan que equipos como el tomógrafo y el mamógrafo fueron reparados y no incluidos nuevos dentro del presupuesto, a pesar de haber estado contemplados.

“El centro asistencial tenía 17 años que no hacía una mamografía, al igual que una tomografía, debido a que estaban fuera de servicio. Esos estudios fueron retomados después de la reconstrucción. Son equipos reparados, aunque se prometieron nuevos”, aclara el director del Jaime Mota, doctor Carlos Augusto Feliz Terrero.

Añade que los desechos quirúrgicos son depositados en zafacones comunes para ser llevados al vertedero, por la falta de un incinerador, lo cual estaba contemplado dentro del equipamiento a renovar. “No se hizo un levantamiento de necesidades, por lo que hoy el centro carece de algunos espacios que son indispensables para su buen funcionamiento”, destacó el médico a cargo del hospital.

El artículo 21 de los contratos de cada uno de los hospitales establece que al finalizar los trabajos “el contratista deberá presentar una garantía de las obras ejecutadas por él a satisfacción de la entidad contratante”, lo que no se tomó en cuenta a pesar de las deficiencias en el país.

También resalta los vicios ocultos que se encontrarían luego de su inauguración, prosiguiendo “por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra.

Dicha garantía era por un año con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de la construcción al momento de recibir la obra. Algo que no ocurrió con el Leopoldo Pou, que presentó sus vicios de construcción a menos de un año de su inauguración fugaz en 2016 “Aquí, después que el hospital ha tenido problemas, no vino nadie. Y eso que fue al año que lo inauguraron”, resalta Furcal, la presidenta del Colegio Médico en Samaná.

Esta investigación trató de obtener una entrevista con las actuales autoridades de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Aunque no estuvieron al frente del proyecto para remodelar y reconstruir los hospitales, que es de la pasada gestión, no respondieron a las consultas para aclarar las inversiones en los centros de salud señalados.

Sin condiciones para atender casos de COVID

“Me tracé la meta de transformar todos los hospitales públicos”. Así inició su discurso el ex presidente de la República, Danilo Medina, el 16 de julio de 2020 cuando dejaba inaugurado un hospital. Esa vez dijo que la pandemia le impediría dejar su legado finalizado en su totalidad; justo le quedaba un mes para salir de la presidencia, ya que su contrincante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, había ganado las elecciones presidenciales.

Mientras su meta -según dijo- quedaría inconclusa, un año después en el hospital Pedro Pou, junto a un tanque de oxígeno, se sienta John sin poder respirar. Su cuadro parece un caso sospechoso de Covid, pero según explica, le ha dado un ataque de asma. "Cada vez que tengo ataques vengo porque no tengo otro método de auxilio, pero muchas veces he tenido que esperar a que alguien más termine de usar el tanque porque solo hay uno en esta área”, dice agarrándose la mascarilla de oxígeno en la sala de emergencias.

Su caso es más simple que otros que llegan a este hospital en condiciones críticas. Como quienes sufren insuficiencias respiratorias por Covid, que han tenido que recibir asistencia manual de urgencia por parte de los mismos médicos y enfermeras.

El Leopoldo Pou se reinauguró hace casi cinco años aunque su estructura no lo aparenta. “Teníamos cuatro tomas de oxígeno en el área de emergencias de adultos y dos en las de niños, pero ya solo contamos con una para ambas áreas y es algo que nos ha preocupado durante años. Porque a pesar de que el hospital fue remodelado en 2016, no permaneció en las mejores condiciones más de un año”, relata la doctora Furcal mientras camina por el pasillo principal que comunica las salas de emergencias, Covid-19, materna, de adultos e infantil, con los consultorios médicos.

El Pou no es un hospital Covid, pero ha tenido que adaptarse y recibir a todos los posibles afectados de esta enfermedad en un espacio informalmente preparado para ello. “Este es el área de triage”, señala Furcal. Es un pequeño cuartito con dos médicos en un escritorio sin ninguna protección, porque el calor no los deja cubrirse más que con sus batas. “La central de aire acondicionado está dañada desde el año en que se arregló el hospital, o sea el 2016”, completa.

Justo enfrente de ella está John, el paciente que no tiene Covid sino síntomas de asma. No existe nada que lo proteja de contagiarse en el hospital, donde se sienta con otras personas que llegan con problemas respiratorios. “No sabemos quién tiene y quién no tiene Covid, pero los sentamos a todos en el mismo lugar”, admite el pediatra Tavarez.

La puerta corrediza de barrotes de hierro color beige se abre y se cierra para dar paso a cada enfermo que llega allí. No se discrimina su entrada, así como tampoco las enfermedades. Con síntomas de lo que parece ser una gripe, llega Carlos (45 años) junto a un hijo adolescente. Espera en una camilla, con colchoneta verde, a ser evaluado por las enfermeras. Ha pasado por el control en la sala de triage, pero no había prueba PCR para realizarle y determinar si tiene Covid-19. Esto lo había corroborado antes la doctora Furcal tras preguntarle a la persona que se encontraba en el área de farmacias. Solo quedaba una.

Pero esa única prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) no se puede utilizar con Carlos, ya que solo se le aplica a personas que requieren trasladado a otro centro de salud en la capital del país, Santo Domingo.

La situación, otra vez, se repite en el hospital Santiago Rodríguez, que tiene una emergencia que recibe a todos los enfermos por igual y sin ventilación central. “Estamos aquí porque mi papá sufrió un preinfarto y estamos a la espera de respuestas de los médicos”, cuenta María Roberta Peña. Sentada junto a su pequeño hijo, al costado derecho su vecino tose constantemente tras presentar síntomas graves de gripe, según dice.

Sin área de triage, allí van todos los que no tienen posibilidades de pagar una clínica privada. Pero la espera se hace mayor los sábados y domingos, porque el recurso humano médico se reduce.

No muy lejos de allí, en el municipio Esperanza, sostenido por un bastón del lado derecho y su esposa en el izquierdo, llega Emilio cabizbajo y desorientado a la carpa habilitada en el hospital Dr. José Fausto Ovalles. La mujer, María, dice que él se ha sentido débil y algo decaído; el termómetro indica fiebre “un poco alta”

Aunque tiene algunos de los síntomas de Covid, lo despachan a su casa. “Me dicen que le monitoree la fiebre y que mañana vaya a un laboratorio a hacerle analíticas y las traiga porque las camas están llenas”, relata su esposa.

Ella teme tener que volver a viajar al hospital Santiago Rodríguez, a la provincia más cercana, o ir a una clínica, donde tendría que disponer de 40 mil o 50 mil pesos dominicanos para poder moverse y pagar los servicios. “Aquí no le hacen nada y nunca hay de nada para atender a uno”, asegura molesta pero resignada mientras camina a la salida de manos con su marido.

 

Imagen e información de connectas.org