Informe correspondiente a la semana entre el 23 y el 29 de agosto de 2021.

 

La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales con las que suman 45 oenegés nacionales e internacional en el mes. Entre las nuevas canceladas está Fundación Xochiquetzal, SOYNICA, Acción Médica Cristiana, Fundación Mejía Godoy y Diakonia. También fueron canceladas el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Oyanka-Jalapa, entre otras.

La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley de Mercados de Capital, Ley General de Bancos y Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Las reformas incrementan las facultades del super intendente para cerrar cualquier empresa del sector financiero. Además de imponer multas.

En el hospital Alemán Nicaragüense, las muertes por COVID-19 pasaron de cinco a 15 fallecimientos diarios. Solo en Managua hay 370 personas ingresadas por coronavirus en el hospital Vélez Paiz, Bautista, SERMESA, entre otros. Así como también en Estelí, León, Nueva Segovia y Matagalpa.

Nicaragua es el segundo país de América con menos personas vacunadas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Nicaragua ha aplicado la vacuna a tres de cada 100 habitantes. Solo Haití está por debajo de Nicaragua en esta lista.

Alrededor de 20 lideres opositores que estaban encarcelados en periodo de investigación, fueron acusados por la fiscalía en los nuevos juicios por los supuestos delitos de lavado de dinero y conspiración. Cristiana Chamorro fue acusada por apropiación y retención indebida. Así como también Marcos Fletes y Walter Silva por lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, imputaron delitos a seis trabajadores más de la Fundación Violeta Barrios.

Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, precandidatos a la presidencia fueron acusados de conspiración para menoscabo a la integridad nacional. Por los mismos delitos fueron acusados José Pallais, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, Dora María Téllez, José Adán Aguerri y el politólogo, Manuel Orozco.

La fiscalía también acusó a Carlos Fernando Chamorro por lavado de dinero, bienes y activos, entre otros. El periodista se encuentra en el exilio y ha sido confiscado desde el año 2018.

Familiares de lideres opositores y abogados, denunciaron que se han realizado audiencias secretas en la que presentaron las acusaciones contra los presos políticos, pero a ningún abogado de las personas acusadas se les ha notificado, ni permitido entrevistarse con ellas y ellos. 

Daniel Ortega, ejecuta una política migratoria en la que nacionaliza a extranjeros señalados de corrupción, pero impide la salida o entrada de nacionales opositores, excarcelados, defensores de derechos humanos y periodistas. Una excarcelada política relató que se le impidió salir legalmente de Nicaragua y tuvo que pagar 200 dólares a dos funcionarios de migración para cruzar la frontera. Mientras otorga la residencia a tres familiares de el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, acusado de corrupción.

 

Información de Jesuitas CAM