El Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Mendes de Almeida - OLMA, obra perteneciente a la Compañía de Jesús en Brasil, ha emitido un comunicado en apoyo a los indígenas originarios del país y sus derechos. Compartimos el texto:

 

Nota pública en apoyo a los Pueblos Indígenas de Brasil

¡¡¡Los derechos indígenas son originales!!!

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) está juzgando un grave caso de violación de los derechos humanos que pone en riesgo los objetivos de la República establecidos en la Constitución Federal de 1988, en cuanto a la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, "(...) sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualesquiera otras formas de discriminación" (cláusula IV, artículo 3 de la Constitución).

Se trata de la sentencia del Recurso Extraordinario (RE) 1.017.365, un caso que discute una demanda de despojo presentada contra el pueblo Xokleng en Santa Catarina, en la que se reconoce la repercusión general del caso, admitiendo que la decisión tomada en esta sentencia tendrá consecuencias para todos los pueblos indígenas de Brasil. Además, los ministros también analizarán la determinación del ministro Edson Fachin, en mayo de 2020, de suspender los efectos del Dictamen 001/2017 de la Asesoría General de la Unión (AGU), que oficializó el llamado "hito temporal" y que ha sido utilizado por el gobierno federal para paralizar e intentar revertir las demarcaciones de Tierras Indígenas (TI).

Los grupos económicos vinculados al agronegocio y a la minería transnacional, con el apoyo de las bancadas ruralista y minera en el Congreso Nacional, se articulan en oposición a la afirmación de un Estado pluralista y de sociedades que entienden su relación con la tierra y los recursos naturales de la misma como elementos integrantes de sus cosmovisiones. Este grupo defiende la tesis jurídica del hito temporal para afirmar que sólo las tierras que estaban ocupadas por los pueblos indígenas el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación del actual texto constitucional, pueden ser reconocidas por el Estado como tierras indígenas. También observamos que el plazo atenta la convencionalidad del Pacto de San José de Costa Rica, así como el Convenio 169 de la OIT, que fueron debidamente ratificados por el Estado brasileño y gozan de estatus supralegal de derechos humanos.

En este contexto de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, recordamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró culpable al Estado brasileño en el caso contra el Pueblo Indígena Xucuru por el retraso injustificado en la demarcación del territorio indígena. La sentencia también llama la atención sobre la necesidad de que el Estado brasileño mejore su ordenamiento jurídico interno para garantizar la agilidad en la desinstalación de posibles ocupantes no indios del territorio ancestral, como forma de garantizar que no se repita la violencia practicada por invasores y terratenientes.

Como si la amenaza de reconocimiento del hito temporal no fuera suficiente, la Cámara de Diputados analiza el Proyecto de Ley 490/2007, que abre las tierras indígenas a la explotación económica depredadora y hace inviables en la práctica nuevas demarcaciones de sus territorios tradicionales, además de determinar que los procedimientos de identificación y delimitación de las tierras indígenas deben ser aprobados por el Congreso Nacional. Este proyecto de ley también está plagado de vicios ilegales e inconstitucionales, faltando al derecho a la consulta libre, previa e informada.

La demarcación de las tierras indígenas no sólo concierne a la viabilidad de las culturas y conocimientos ancestrales, sino que también implica la propia preservación de los derechos de la naturaleza y la garantía de un futuro posible para toda la humanidad. La Buena Vida sólo es posible porque el futuro es ancestral y original. Entender este equilibrio es comprender la importancia de la demarcación, es proteger y tener la tierra como lugar de convivencia de todos los seres. Esto debe ser una lucha para todos.

El Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA), en coordinación con las organizaciones que integran la Red de Promoción de la Justicia Socioambiental de la Provincia Jesuita de Brasil (RPJSA) apoya la lucha de estos pueblos en defensa de la construcción de una sociedad justa, fraterna, solidaria y pluralista, que garantice el respeto a los territorios indígenas y a sus proyectos de vida. Por lo tanto, apelamos a los Ministros del Supremo Tribunal Federal, así como a los honorables miembros del Parlamento para que garanticen la Constitución Federal de 1988 y el respeto de los derechos originales de los pueblos indígenas de Brasil, por el bien del presente y del futuro de toda la nación.

Brasília- DF, 24 de agosto de 2021 

 

Imagen e información de olma.org.br