A raíz de lo diversos acontecimientos sociales y políticos en el país sureño, la Red de Centros Sociales de la CPAL realizó su ya conocido espacio para conocer la situación del país, con la participación de Pía Palacios, de TECHO Chile. Compartimos el artículo redactado como resultado de la ponencia, elaborado por el historiador, Reinaldo Rojas.

 

Chile ha sido, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, el país latinoamericano con un crecimiento económico sostenido en el tiempo y un sistema democrático muy estable, lo cual le ha permitido vivir cambios de gobierno de diferente signo ideológico sin grandes traumas. Sin embargo, el 18 de octubre de 2019, una manifestación de usuarios del sistema de transporte público en Santiago, protestando el alza de tarifas, prendió las alarmas. Y el 25 de octubre, en una ciudad que alberga unos 6 millones de habitantes, se llevó a cabo una multitudinaria marcha social contra el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la cual, según los cálculos de los observadores, reunió a cerca de 2 millones de personas.

La protesta pacífica se transformó en denuncia contra un sistema social altamente injusto y desigual, que la inmensa mayoría de los chilenos ha venido soportando, desde hace décadas y calladamente. Aquellos éxitos económicos,  aquella estabilidad política, estaban en juego. La pregunta se hizo noticia, dentro y fuera del país: ¿Qué está pasando en Chile? Para compartir el seguimiento de este proceso político y social que, en la actualidad está inmerso en un proceso constituyente, la Red de Centros Sociales de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) de la Compañía de Jesús, organizó una sesión de “Análisis de la realidad de América Latina y El Caribe” para abordar el caso Chile, contando con la participación de la geógrafa Pía Palacios, Directora del Centro de Estudios Socio-territoriales de TECHO CHILE y de la Fundación Vivienda. La moderación de la sesión virtual, transmitida por YouTube el 15 de julio de 2021 a través del canal Somos Jesuitas, estuvo a cargo de la politóloga Ingrid Jiménez, del Centro Gumilla de Venezuela.

Chile: crecimiento económico con desigualdad.

La aparente paradoja de un modelo económico exitoso que termina siendo cuestionado por sus beneficiarios, es el punto de partida de la ponente, quien señala que Chile es uno de los países con mayores niveles de desigualdad y segregación social y territorial del continente. Esta realidad está presente en la vida cotidiana de un pueblo que trabaja duramente para aumentar su calidad de vida, en un contexto económico de prosperidad, ya que se trata de un país que ha registrado uno de los más altos niveles de PIB en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta riqueza está muy mal distribuida, ya que es una pequeña minoría la que se beneficia de esta prosperidad, mientras la gran mayoría de la población vive en una situación económica y social muy difícil, con grandes limitaciones para lograr el acceso a servicios públicos, a la educación, la seguridad social y la salud.

Las manifestaciones de octubre de 2019 pusieron al descubierto el gran malestar social que recorre al país austral, y las consignas que se levantaron en ese momento empezaron a dar cuenta de que ese descontento social iba a dirigido a las bases neoliberales del modelo económico impuesto por la dictadura del general Augusto Pinochet, en la década de los años 90, y refrendado en la Constitución de 1980. Una desigualdad estructural estaba oculta detrás de los altos indicadores de crecimiento económico y la estabilidad democrática ha estado coexistiendo con un Estado subsidiario, que sólo actúa cuando el mercado y los sectores privados se lo permiten, por reacción o por emergencia.

Efectivamente, en Chile el sistema económico de mercado se combina con un modelo político constitucional donde los servicios básicos de agua, transporte público, electricidad así como los derechos a la educación y la salud no están garantizados por el Estado, están prácticamente privatizados. Por sus conocimientos en el área, la ponente desarrolló este tema de la desigualdad con el ejemplo de la vivienda, que es una de los problemas sociales más críticos para la población.

El derecho a la vivienda

El acceso a una vivienda digna, con acceso a los servicios públicos, es en Chile una aspiración social generalizada. Los resultados de la Encuesta Socio-económica que se aplica anualmente en el país, da cuenta del estado de precariedad habitacional y hacinamiento familiar en que vive un importante sector de la población chilena, en un país donde más del 90% de la población es urbana y habita en viviendas arrendadas cuyos costos de alquiler consume, entre los más pobres, más de la mitad de sus ingresos familiares.

Esta carencia de vivienda propia ha generado el fenómeno de la campamentación, que son asentamientos irregulares, sin servicios públicos y de difícil acceso, que se han venido conformando en las periferias de las grandes ciudades. Entre 2017 y 2020, señala la ponente, se incrementó la pobreza en un 10,8 en el país, mientras la campamentación familiar pasó de 36 mil familias en 2015 a 81.643 en 2020. Para el 31% de los chilenos el factor de mayor incidencia en su calidad de vida es el costo de los arriendos.

Y esta situación social no afecta solo a los pobres. Es, junto a salarios que no compensan el alto costo de la vida en alimentación y servicios, lo que incide en el empobrecimiento de los sectores medios que se enfrentan a muchas limitaciones para poder mejorar sus condiciones de vida. Por eso, en algunas de las proclamas que se levantaron en el estallido social de 2019 se decía que son reclamos acumulados en treinta años de neoliberalismo.

La Convención Constituyente

El estallido social del 18 de octubre de 2019, se continuó con multitudinarias marchas, como la del 25 de octubre, muchas de las cuales tomaron las calles de las ciudades cargadas de violencia y enfrentadas por el gobierno de Piñera con tal fuerza y represión que han llevado a la denuncia de las fuerzas de seguridad del Estado por violación de los Derechos Humanos. En ese sentido, la situación sigue estando tensa, no ha habido cambios sustanciales en la situación social del país y son muchas las demandas que siguen en curso por la reparación a las víctimas de la represión.

Sin embargo, lo más significativo de este proceso en el terreno político ha sido la aprobación en octubre de 2020 de la convocatoria a una Asamblea o Convención Constituyente, cuya elección de diputados se llevó a cabo entre el 15 y 16 de mayo de este año 2021 y que ha entrado en funciones como el camino que puede darle cause a las demandas de cambio de 2019 con la redacción de una nueva Constitución.

La aspiración colectiva es que la nueva Constitución le devuelva al Estado sus obligaciones en la defensa y aplicación de las garantías de seguridad social, salud y educación que deben caracterizar un verdadero Estado Social de Derecho. Pero, además, debe reconocer la presencia de los pueblos indígenas y la diversidad cultural de la sociedad chilena. Se trata de romper con la situación de polaridad que caracterizó el debate político en los años anteriores y para ello la elección de los diputados a la Convención Constituyente se ha realizado en condiciones de paridad de género, de equilibrio territorial, con presencia de los pueblos originarios, una de cuyas representantes preside la Convención y con la mayor representación del mundo profesional y del espectro político, tanto de partidos como de movimientos, que hacen vida en el Chile de hoy.

Ante un país fracturado socialmente, con grandes desequilibrios territoriales y urbanos y frente a los desafíos de la pandemia del COVID-19, Chile ha tomado el camino de reformar su Carta Magna en un ambiente de optimismo por el futuro y sobre la base de los acuerdos políticos incluyentes que son la base de todo proyecto político verdaderamente democrático. Aquel país que vivió los estragos de un golpe militar que llevó a miles de chilenos a tomar el camino del exilio y a los que se quedaron a vivir en el silencio impuesto por una férrea dictadura; ese país, que en medio de la pandemia ha logrado llevar a cabo una de las campañas sanitarias de inmunización más exitosas en el mundo, hoy se apresta a renovar su pacto constitucional en democracia.

En este sentido, este proceso constituyente como respuesta política al estallido social de 2019 es un ejemplo a tomar en cuenta en un continente donde la deriva autoritaria, la persecución al oponente político y la violencia gubernamental contra la población siguen estando presentes en muchos de nuestros países. Por eso, el éxito del camino tomado por el pueblo chileno, será de gran beneficio para la construcción de un modelo más incluyente, justo y equitativo de democracia para América Latina y El Caribe.

Reinaldo Rojas
Doctor en Historia. Profesor Titular jubilado de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), colaborador
del Centro Gumilla. Encargado de la revisión de los videos
de las conferencias virtuales: “Análisis de la realidad de América Latina
y el Caribe”, y redactor de sus versiones escritas.