Chile vive desde octubre de 2019 un proceso de transformación política sin precedentes. Una disruptiva movilización ciudadana, de masiva convocatoria y niveles de violencia colectiva inusitada contra la propiedad pública, puso en jaque al orden social y al sistema político heredado de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet. La sorpresiva movilización no provenía desde territorios apartados, como ocurrió en Chiapas en 1994, ni de clásicas organizaciones sociales, partidarias o gremiales, como se observó históricamente en la política chilena, sino desde organizaciones urbanas y juveniles con banderas independientes y causas multicolores, destacando entre ellas el emblema mapuche, wenufoye (canelo del cielo) y una bandera chilena negra con ribetes blancos, representando duelo y necesidad refundacional. Desatada contra el alza de treinta pesos chilenos en el transporte público, la movilización se amplificó, conectó diversas causas y cuestionó las raíces estructurales de la desigualdad y las injusticias sociales del “milagro chileno”: “no son 30 pesos, son 30 años” (de neoliberalismo y vigencia de la Constitución de Pinochet), fue la principal consigna de la movilización.

Las demandas históricas del feminismo, del ambientalismo, de los sectores populares por vivienda digna, de la clase trabajadora por pensiones y condiciones laborales justas y las del Pueblo Mapuche por reconocimiento y autodeterminación, se esgrimieron con transversalidad inédita en lo que se denominó “el estallido” o “la revuelta” social. La bandera mapuche flameó con protagonismo en las principales ciudades del país, empuñadas con orgullo, tanto por activistas mapuche urbanos como por chilenos. El mártir mapuche Camilo Catrillanca, asesinado apenas un año antes por las fuerzas especiales de Carabineros de Chile, se transformó en un ícono de la movilización.

El movimiento autonomista mapuche, desplegado principalmente en las comunidades rurales, mostró simpatía con las movilizaciones urbanas, y, si bien no se sumó explícitamente a éstas, sí identificó oportunidades políticas en esta nueva solidaridad y resonancia de su causa a los largo del país. Generalmente, las organizaciones mapuche rurales no figuraron en las manifestaciones, pero varias de ellas participaron en acciones de desmonumentalización (derribamiento de estatuas de íconos de la colonización), mientras las comunidades intensificaron sus demandas territoriales en sus localidades.

En noviembre de 2019, a poco menos de un mes del estallido social, con las medidas represivas mostrando total ineficacia y temiendo que el primer aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca recrudeciera las protestas, el Gobierno y el Parlamento acordaron el desarrollo de un proceso constituyente. El acuerdo no redujo mecánicamente la capacidad disruptiva del movimiento del “estallido” ni de las organizaciones mapuches autonomistas rurales, que despliegan una agenda y una actividad política de larga data. Sectores importantes de la movilización urbana y mapuche vieron con desconfianza el acuerdo, tanto por los mecanismos propuestos, como por la escasa transparencia y participación ciudadana en la discusión. Sin embargo, la apertura de una vía institucional de canalización del conflicto, le restó masividad a la protesta urbana, y movilizó a diversas organizaciones y liderazgos mapuche que vieron una oportunidad histórica de transformación de las relaciones entre el Estado chileno y los pueblos originarios[1]. Desde 1997, la agenda del movimiento mapuche se despliega complementariamente tanto en el sistema político como en la arena extra institucional, pero desde el acuerdo por una Nueva Constitución estas vías se han hecho más claras y distintas.

Desde marzo de 2020, ya en plena pandemia, con un gobierno más enfocado en restringir la libre circulación y en fortalecer la militarización en el territorio mapuche que en socorrer con asistencia a la población, se intensificó la actividad del movimiento mapuche, tanto en su versión insurreccional en las zonas rurales del Wallmapu como en la arena institucional, a escala local y nacional. La actividad del movimiento autonomista mapuche estuvo marcada por la necesidad de autosustentarse el bienestar y el cuidado, en un territorio desatendido socio sanitariamente por el Estado, pero también por la resistencia a la arremetida del capital extractivista, principalmente forestal, dotada de ingentes recursos policiales y económicos destinados a la consolidación de nuevas relaciones de subordinación, ya sea clientelares y comerciales, con las comunidades. La confrontación no sólo se dio entre militantes y policías, sino también entre las organizaciones mapuche que luchan por la descolonización del territorio y aquellas comunidades dispuestas trabajar para el capital extractivista. El conflicto, principalmente, en la zona de Arauco, se mercantilizó con la inyección paternalista y clientelar de recursos empresariales, y la progresiva erosión del tejido comunitario y la confrontación interna[2].

Por su parte, la disputa también ha estado marcada por el escenario de transformación política institucional que enfrenta el país. Durante el segundo semestre del año 2020 los sectores más conservadores que se organizaban para frenar electoralmente la Nueva Constitución, exacerbaron –bajo el amparo del actual gobierno- sus discursos de odio y racismo contra la causa mapuche, ícono y emblema del levantamiento popular que abrió camino a una nueva Carta Magna. Sin embargo, estos sectores fueron derrotados sucesivamente en la arena electoral por el clamor ciudadano por un Nuevo Chile, y por nuevos actores políticos fuertemente arraigados a sus territorios, entre ellos las organizaciones y dirigentes mapuche que se involucraron en la disputa institucional. Luego del plebiscito que aprobó la redacción de una Nueva Constitución, el movimiento político institucional mapuche logró capitalizar las oportunidades políticas abiertas por el estallido. Participaron activamente de la discusión sobre los mecanismos de representación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, conquistando 17 escaños reservados para pueblos originarios de un total de 155 constituyentes, y 7 de ellos mapuche.

Si bien esta proporción subrepresenta a los pueblos originarios y al Pueblo Mapuche, supone un antes y un después en la política chilena. La reciente elección popular de los delegados constituyentes configuró un escenario propicio para que las demandas históricas del Pueblo Mapuche se consagren en derechos y reconocimiento constitucional. Los 7 constituyentes mapuche elegidos (de 39 que se presentaron a la elección) son históricos militantes del movimiento autonomista, cuentan con larga experiencia y vinculación con sus territorios, y muestran gran afinidad ideológica con la mayor parte de una asamblea, donde los independientes, el mundo progresista, la izquierda y la socialdemocracia son amplia mayoría.           

En suma, el Pueblo Mapuche hoy muestra capacidad política, tanto en las “calles” como en la arena institucional y es de esperar que se traduzca en la consagración de un nuevo status político para sí. En los próximos meses sus representantes políticos estarán redactando la primera Constitución del mundo escrita por una asamblea inclusiva, tanto con paridad de género como con representación indígena. Y todo indica que, por su parte, las organizaciones territoriales mapuche no cesarán, a pesar de la pandemia y sus restricciones, de levantar la voz. El escenario es alentador y difícilmente el Nuevo Chile será monocromático, con una sola lengua oficial, una sola bandera y una sola manera de organizarse y producir. Seguramente, la Nueva Constitución no resolverá todas las demandas históricas del Pueblo Mapuche, pero la compuerta del hermético sistema político chileno comienza a abrirse, iluminando nuevas rutas para la paz, la justicia y el cuidado de la Casa Común.

Nicolás Rojas Pedemonte
Colaborador de la Comunidad jesuita de Tirúa
Doctor en sociología y director del Centro Vives SJ,
de la Universidad Alberto Hurtado. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

-------------------------------

[1] Ver Tricot, V. y Bidegaín, G. (2021). «Escaños reservados para los mapuche en la Convención Constitucional: una rendija institucional gracias a la revuelta».  Artículo en avance para el Anuario del Conflicto Social: Territorio Mapuche 2020. Centro Vives UAH, Observatori del Conflicte Social de la U. de Barcelona y la Comunidad Jesuita de Tirua-Fundación Lican. Recuperado en https://www.uahurtado.cl/centrovives/documentos/ 
[2] Una lógica similar de injerencia de capital externo podría estar instalándose en el territorio mapuche de la Provincia de Malleco, donde la Policía de Investigaciones PDI ha denunciado la presencia de economía ilegal informal en torno a la plantación de cannabis. En territorios así de excluidos y vulnerables, la inyección de recursos no orientados a la promoción y al ejercicio de derechos, ya sean del gran capital o desde el crimen organizado, ponen en riesgo el bienestar y la paz social.