La policía arrestó al precandidato presidencial Arturo Cruz, alegando que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, según un comunicado en el Ministerio Público. El exembajador fue detenido en el aeropuerto al regreso de un viaje de Estados Unidos (EEUU) por traición a la patria, de acuerdo a la Ley de Defensa del pueblo, la soberanía y la autodeterminación para la paz, mejor conocida como “Traidores a la patria”. En este momento se mantienen a dos candidatos presidenciales detenidos, Cruz y Cristiana Chamorro, quien está bajo arresto domiciliar, mientras otros aspirantes se encuentran bajo asedio y amenazados por las leyes inhibitorias.

La abogada defensora de Cristiana Chamorro, teme la realización de una audiencia judicial en secreto contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro que tiene casi 100 horas de arresto domiciliar en total aislamiento. La abogada de Chamorro, Orietta Benavides comentó que vecinos de Chamorro, han reportado movimientos de personas ajenas a la policía como la fiscal Karen Chavarría, quien giró la orden de arresto domiciliario. Según Benavides, “son tantas las violaciones a Chamorro que este momento se encuentra en total indefensión”.

Gobiernos de EEUU, Francia, España y varios eurodiputados, demandaron la liberación de Cristiana Chamorro, que ha sido despojada de sus derechos políticos para participar en las elecciones de noviembre. Expresaron diputados europeos que la actual situación de Nicaragua pone en riesgo la legitimidad de las elecciones en Nicaragua.

Más de 30 diputados europeos demandaron al alto representante de la Unión europea para política exterior, Josep Borrell aplicar a Nicaragua la cláusula del acuerdo de asociación con países de Centroamérica dada la violación a los derechos humanos. Empresarios nicaragüenses consideran que habrá consecuencias para Nicaragua en la economía dada las violaciones de derechos a Cristiana Chamorro.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) invocó el cumplimiento de las leyes de agentes extranjeros y defensa de los pueblos para chantajear a la Alianza Ciudadana, único partido de oposición para que aplique los requisitos legales que deben cumplir sus aspirantes presidenciales. Con la aplicación de estas leyes inhibitorias pretende eliminar a los precandidatos de oposición como Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, señalados como golpistas por su participación en las protestas de 2018.

 

Información de Jesuitas CAM