Mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que múltiples actores sigan utilizando la violencia como "política por otros medios"

 

Este domingo 6 de junio, los ciudadanos mexicanos participaron en las mayores elecciones de la historia del país. Estaban en juego 15 gobernaciones, 30 legislaturas estatales, 1.900 alcaldías, así como la renovación de toda la Cámara de Diputados. Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no estuvo en las urnas, la elección fue vista en gran medida como un referéndum de su presidencia y un posible instrumento para fortalecer a su partido, Morena, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El proceso electoral estuvo marcado por fuertes divisiones entre los candidatos políticos, así como por un clima de polarización alimentado por los ataques de López Obrador contra las instituciones electorales del país y sus detractores, entre ellos periodistas y activistas sociales. Pero esta división no fue el único factor que ensombreció las elecciones de México.

Durante los meses previos a las elecciones, el país fue testigo de una creciente y aparentemente omnipresente ola de violencia que afectó a la vida y a la seguridad personal de los políticos candidatos y de los funcionarios públicos (especialmente los alcaldes), pero también a la de los líderes de los partidos, los periodistas y los activistas de derechos humanos. Según algunas estimaciones, hubo más de 140 asesinatos en las elecciones de este año. Concentrados geográficamente en estados como Oaxaca, Baja California, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Jalisco, esta ola de violencia implicó expresiones de daño muy visibles, como la tortura, el linchamiento, los disparos, las mutilaciones y la exhibición de cadáveres en espacios públicos.

La cobertura nacional e internacional de la violencia electoral en México se centró en su mayor parte en la posible implicación de los cárteles de la droga o de los grupos delictivos organizados (GDO) en la perpetración de la violencia. El gobierno mexicano, incluido el presidente López Obrador, se refirió en repetidas ocasiones al "crimen organizado" como el principal responsable de la inestabilidad y el miedo que caracterizan estas elecciones.

De hecho, como han demostrado estudios recientes, los GDO tienen incentivos para utilizar la violencia durante los procesos electorales, sobre todo a nivel municipal, donde pueden asegurarse el acceso a los recursos públicos, a los negocios lícitos e ilícitos y a la protección de las fuerzas del orden. Además, como han señalado varios analistas, el mayor "incentivo para matar" de estas organizaciones es el hecho de que se enfrentan a un coste escaso o nulo por su uso de la violencia, ya que cerca del 90% de los asesinatos quedan impunes en México.

Sin embargo, una narrativa centrada exclusiva o principalmente en los GDO es problemática en varios aspectos. En primer lugar, la mayoría de estos delitos no se denuncian o forman parte de investigaciones en curso y no concluyentes. Por lo tanto, aún no existen pruebas empíricas o judiciales que puedan demostrar efectivamente la participación directa de estos grupos en estos actos de intimidación y violencia. En este sentido, la participación de estas organizaciones criminales en estos actos se basa en especulaciones, en el boca a boca o en las "pruebas" que supuestamente dejan los propios autores. Por ejemplo, las pancartas o las notas escritas pegadas al cuerpo de la víctima o el "estilo" del asesinato (múltiples disparos o disparos a la cabeza) suelen considerarse pruebas de los asesinatos del crimen organizado.

Igualmente importante es el hecho de que una narrativa centrada en los grupos armados organizados oculta el hecho de que varios de estos grupos actúan con la protección o la participación activa de las autoridades y los agentes de la ley. En otras palabras, esta narrativa no reconoce el hecho de que las líneas entre los actores políticos y los grupos criminales son mucho más borrosas o "fluidas" sobre el terreno, lo que hace que el binario entre actores armados legales e ilegales sea analíticamente inadecuado. Además, la evidencia histórica indica que la connivencia entre actores políticos y criminales no es nueva en México, y que los asesinatos extralegales, tanto hoy como en el pasado, pueden ser perpetrados directamente por actores estatales, principalmente por agentes de policía a nivel municipal y estatal.

Una narrativa que atribuya toda la violencia electoral a los GEC tampoco da cuenta de la multiplicidad de actores que ejercen la violencia en el México contemporáneo, desde los sindicatos, hasta los agentes de poder local y las turbas de linchamiento. Al igual que las organizaciones criminales, estos diferentes grupos vieron en estas elecciones una oportunidad para promover sus intereses políticos, garantizar el acceso a los recursos económicos o ejercer el control social a nivel local.

Los sindicatos, por ejemplo, viejos y nuevos, integrados por personas de la industria del transporte y la construcción, consideraron esta elección y sus resultados como una oportunidad para asegurar contratos para proyectos de infraestructura pública.

Un caso ilustrativo tuvo lugar en marzo de 2021, en Ecatepec, Estado de México. Miembros del Sindicato Libertad -un sindicato que representa a personas del sector del transporte pero también a vendedores ambulantes y recolectores de basura- agredieron a un grupo de personas que se quejaban de la falta de agua en el municipio y que exigían a las autoridades que dejaran de distribuir el agua a través de las tuberías controladas por este sindicato. Los manifestantes eran simpatizantes del partido Morena, mientras que se cree que los agresores eran partidarios del líder del sindicato, un hombre que se presentaba como candidato a diputado local con un partido rival. Este sindicato y otros similares con presencia en estados como Guerrero, Veracruz y Puebla, suelen tener conexiones profundas y duraderas con los agentes del poder local -conocidos comúnmente como caciques-, así como con empresarios y familias influyentes.

mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que estos actores sigan utilizando la violencia como "política por otros medios"

Los "caciques" locales, que pueden tener o no vínculos con el crimen organizado, y que suelen pertenecer a familias que han dominado la política, los sindicatos y las empresas locales durante décadas, son las autoridades de facto en varios de los municipios que ahora se enfrentan a las elecciones. Es poco probable que se produzcan actos de intimidación y violencia, como extorsiones, secuestros y asesinatos, sin su aprobación o incluso sin su participación activa.

En Veracruz, por ejemplo, varias organizaciones criminales, entre ellas el brutal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Zetas Vieja Escuela, tienen una importante presencia en el estado y supuestamente controlan el tráfico de drogas y otros mercados ilícitos en la localidad. Sin embargo, como han sugerido investigaciones recientes, no toda la violencia puede atribuirse fácilmente a estos grupos.

Un ejemplo de ello es el asesinato de Carla Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, ambas parte de una influyente familia de caciques tradicionales que poseen negocios de transporte, restaurantes, tiendas y ranchos en Veracruz. Aunque se les ha vinculado con intereses criminales, su asesinato es difícil de desligar de la historia de control político, corrupción y violencia que involucra a esta familia en el pasado reciente.

Aunque los medios de comunicación o los relatos oficiales rara vez se ocupan de ello, las formas de violencia comunitaria y la justicia por cuenta propia -incluidos los linchamientos- también han desempeñado un papel crucial en esta reciente ola de violencia electoral. Estos grupos más o menos organizados buscan presionar, intimidar o negociar con los funcionarios públicos o con los candidatos que se presentan a las elecciones. Su objetivo es "corregir" el comportamiento de los políticos que han sido acusados de corrupción, de mal uso de los fondos públicos o de colaborar con los GEC.

En estados como Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, los vecinos han organizado linchamientos, disturbios y han secuestrado a funcionarios públicos como forma de protesta por sus acciones o por su incumplimiento de los bienes públicos. Uno de los ejemplos más recientes fue la amenaza de linchamiento contra el candidato a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los vecinos le pusieron una soga al cuello, lo despojaron de sus zapatos y lo hicieron caminar mientras lo amenazaban con lincharlo. Los agresores le acusaron de no haber entregado las obras públicas que había prometido cuando era diputado en el Congreso del Estado.

En la violencia electoral de México no hubo uno, sino varios actores involucrados. Tenemos que romper con las explicaciones dominantes centradas en las acciones de las organizaciones criminales que a menudo se imaginan como operando fuera de los márgenes del Estado.

Los sindicatos, los vigilantes, los agentes locales de poder y los actores estatales son también actores clave en la creación de la violencia en México, ya sea electoral o de otro tipo. Para ellos, al igual que para los grupos criminales, la violencia constituye un lenguaje político para hacer reclamaciones, negociar el acceso a los recursos o influir en los resultados electorales.

Más allá de estas elecciones, y mientras la impunidad y la corrupción sigan siendo una característica endémica del sistema político mexicano, es probable que estos actores sigan utilizando la violencia como "política por otros medios".

 

Imagen e información de opendemocracy.net