Compartimos con ustedes el artículo de Ismael Moreno SJ, publicado en la Revista AURORA N° 16: PANCRISIS.

 

Honduras, un pequeño país con una privilegiada ubicación, con costas en los dos océanos, fronteras terrestres con tres países en la franja delgada de Centroamérica, y con una amplia biodiversidad. Con más de 9 millones de habitantes, en un territorio de 112,492 kms cuadrados, es mayoritariamente mestizo, aunque con al menos 9 etnias diversas. La sociedad está conducida por un grupo de unas 250 familias que conforman la élite oligárquica hondureña, en un ensamblaje de un modelo organizado para concentrar las riquezas y ganancias en muy pocas manos, dejando a millones sin posibilidades para acceder a oportunidades para una vida en dignidad.

Honduras es un país condicionado por la relación de sometimiento a Estados Unidos desde hace al menos 120 años. Fue en su costa atlántica donde se acuñó, a comienzos del siglo veinte, la expresión “banana republic”, que significa que Estados Unidos y las corporaciones multinacionales miran y se relacionan con Honduras sobre la base de quedar como proveedor perpetuo de materia prima y productos para el postre.

El impulso de la economía hondureña se sustenta en un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y en la privatización de bienes y servicios públicos, y se impulsa desde una alianza  conductora conformada por una burocracia de extrema derecha política, una reducida élite oligárquica y las transnacionales. Esta alianza se respalda en los militares, el gobierno de los Estados Unidos y el crimen organizado, específicamente el narcotráfico.

Honduras tiene una gran tarea pendiente: en contrapartida al modelo elitista y concentrador de riquezas y decisiones, impulsar una propuesta que parta de un nuevo concepto de soberanía basado en la capacidad y poder adquiridos por las personas, comunidades, organizaciones y Estado, para tomar decisiones autónomas y libres sobre las vidas personales y el entorno, los bienes y riquezas
comunes, el presente y el futuro, en base al respeto de los derechos humanos y los derechos del planeta, asumido como nuestra casa común.

Sociedad rota

En Honduras todo está roto. A lo largo de lo que va del siglo, el pueblo hondureño se ha ido configurando en torno a un estado de indefensión y de damnificación. Esa ruptura de los tejidos se expresa en la desconfianza hacia todas las instituciones públicas y políticas, como ha quedado dicho en los diversos sondeos de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC).

Se expresa en la despolitización de más del 40 por ciento de ciudadanos que dicen no pertenecer a ningún partido político, pero que tampoco pertenecen a organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales o de derechos humanos. Esa despolitización convierte al pueblo hondureño en una presa fácil de manejar por políticos o grupos de fuerza, como las pandillas o estructuras del crimen
organizado, pero a su vez en un pueblo que sospecha de todo y de todos, que lo convierte en un conglomerado bajo la única divisa posible del sálvese quien pueda.

Más miserables que pobres

Esa ruptura se expresa en la agudización del empobrecimiento de la población mayoritaria. Según expertos, al finalizar el 2020 ocho de cada diez personas quedaron bajo la línea de pobreza. Los que comenzaron el año desempleados seguirán desempleados, y muchos más que iniciaron con empleo, lo perderán. Así, el país avanza - ya se encuentra en ella- hacia una sociedad con una alta cantidad de miserables. Y esto es de alta peligrosidad, porque se convierte en tierra fértil para levantamientos espontáneos y sin control, o para populismos y mesianismos que se alimentan de poblaciones miserables, a las que se pueden manipular con respuestas asistenciales. Y la miseria se transforma en votos que legitiman autoritarismos y dictadores.

Una sociedad y un Estado estructuralmente desprevenidos

La ausencia de prevención es un problema estructural hondureño. Cruza la sociedad entera, ha invadido los dinamismos más profundos de la sociedad y de los miembros de la misma, hasta convertirse en un problema cultural. Todos los fenómenos naturales, políticos o humanos se convierten en amenaza, peligro y, finalmente, en mayores destrozos y deshumanización. Incluso, asuntos como procesos electorales o el sistema de justicia se sitúan en esta desprevención estructural. Todos los dinamismos de la institucionalidad del Estado se acaban convirtiendo en amenazas y peligros para la misma democracia y para la aplicación de la justicia.

El hecho de que el Estado esté capturado por reducidos grupos políticos, que lo usan para negocios y saquear recursos de las instituciones públicas, confirma la desprevención de la sociedad. Cuando se habla de que Honduras es el tercer país más desigual del planeta, después de Sur África y Haití, o el segundo país más vulnerable del planeta junto con Bangladesh o uno de los dos países más corruptos del continente, confirma la desprevención de la sociedad. También, cuando el sistema de salud no logra controlar el dengue, o cuando los recursos para atender la pandemia
son saqueados por los funcionarios de más alto nivel, confirma la ausencia de prevención sistémica de la sociedad.

Cuando la institucionalidad del Estado en varias de sus dependencias, como las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y la propia Casa Presidencial, fueron contaminados y penetrados por sectores del crimen organizado, primordialmente por el narcotráfico, confirma la ausencia de prevención de la sociedad y el Estado.

Cuando los dinamismos estructurales de la sociedad conducen a que las riquezas se acumulen multimillonariamente en pocas personas, cinco de las cuales concentren una fortuna equivalente al  salario mínimo anual de 2 millones de hondureños, confirma que la sociedad está gobernada por un sistema de vida productor de desigualdades, y por eso mismo, que anula sistémicamente la prevención.

¿Qué hacer frente a la desprevención?

Todas las situaciones de vulnerabilidad, todas las amenazas y todos los peligros naturales sociales, ambientales, sanitarios y políticos son prevenibles. Todos.

Como dicen los expertos, los  fenómenos naturales nadie los puede detener, ni las más altas investigaciones han logrado, hasta ahora, mecanismos que detengan los fenómenos naturales. Lo que se puede prevenir son los desastres. Bien dicen, nadie detiene los fenómenos naturales, pero los desastres sí se pueden prevenir. Igual, con una pandemia como el COVID-19, una vez que el virus se desata, es difícil detenerlo, pero sí prevenir sus desastres. Desesperada, mucha gente se organiza en caravanas para tomar camino hacia Estados Unidos, como expresión de un modelo productor
de desigualdades. Ambos desastres se pueden prevenir, porque no son fenómenos naturales. Son sociales, políticos, institucionales y humanos.

La prevención: un estado estructural de estabilidad y confianza

La prevención es un estado estructural de la sociedad para asumir todas las situaciones o eventos con un nivel de desafío y advertencia; y antes de que se presenten, la sociedad ya está predispuesta en positivo para asumirlos como desafíos y tareas. Esto vale para fenómenos naturales, climatológicos o pandémicos, económicos, políticos, militares, culturales e institucionales.

Cuanto más se involucren las diversas instancias de la sociedad, para poner en marcha procesos de prevención, más capacidad se tendrá para reducir las consecuencias. Y cuánto más cerca se esté en procesos que aborden las causas de los desastres, más capacidad se estará para que la prevención sea estructural y no puntual o coyuntural.

La prevención institucional y cultural, al tener una perspectiva de cambio estructural, nunca deberá sostenerse solo desde las líneas verticales y definida en exclusiva desde cúpulas, como es la lógica del sistema actual. Sin negar el aporte de las cúpulas políticas, empresariales, sindicales, religiosas y sociales, la dinámica conductora ha de sostenerse en acuerdos nacionales con fuerte componente participativo. La prevención institucional y cultural ha de cruzar el corto plazo, pero orientado hacia compromisos en el mediano y el largo plazo. Ha de sustentarse en hechos y  compromisos específicos y coyunturales, pero trascendiéndolos.

ABC para Honduras

Honduras está en la necesidad de impulsar Acuerdos Básicos Compartidos (ABC). Expertos hablan de degradación de la sociedad, tanto de su modelo económico, como del ambiente y la institucionalidad política. Cuando se habla de sociedad degradada, se hace referencia a una sociedad y un Estado que, finalmente, son gobernados desde decisiones e incluso desde estructuras
criminales organizadas transnacionalmente.

La sociedad hondureña, atrapada entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, los políticos y la violencia y delincuencia policial, es una sociedad deprimida y damnificada. Es necesario romper con la lógica de hacer lo mismo y depositando el liderazgo en los mismos. Este re-pensar el país ha de tener, como punto de partida, la aceptación
consensuada de que, así como estamos, en el lugar al que hemos llegado, nadie tiene la capacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y peor todavía, imponiéndolo a los demás.

Mínimos consensos: lo máximo a lo que podemos aspirar

Un punto de partida imprescindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompan con la lógica política excluyente es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que, en el corto plazo, y previsiblemente en el mediano plazo, no estamos en capacidad para impulsar una propuesta buscando “máximos”; sencillamente, porque la realidad
no ofrece esas posibilidades.

Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de democracia y Estado de Derecho. Y esto es así, porque hemos perdido lo mínimo que una sociedad necesita para su convivencia armónica. Esos mínimos perdidos se han de recuperar como condición para poner en marcha procesos auténticos de construcción de democracia y Estado de Derecho real. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que llamaríamos los “ABC hondureños”, es decir, los “Acuerdos Básicos Comunes”.

¿ABC sobre qué?

En los ABC de Honduras debían estar incluidas algunas categorías de acuerdos:

La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y ambientales, como la tenencia de la tierra y políticas agrarias, la protección y manejo de las riquezas o recursos naturales, empleo y producción, la vulnerabilidad ambiental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda. Todos estos acuerdos, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo
y de inversiones, que rompa con la galopante inequidad, factor decisivo de la violencia e inestabilidad.

La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos, como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, relaciones de género, medios de comunicación, libertad de expresión y derecho al acceso a la información y derechos culturales.

La tercera categoría sería la político-institucional-jurídica y tiene que ver con el derecho a la organización y participación en la toma de decisiones desde una institucionalidad que garantiza una democracia representativa, participativa y directa; la transformación del sistema de justicia, la reconfiguración del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos contralores del Estado, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y en general, el diseño de una institucionalidad con capacidad para responder a las transformaciones contenidas en las dos primeras categorías.

Estas categorías no están separadas entre sí, cada una está remitida a las otras. La primera categoría contiene acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción, lo que de inmediato vincula con
acuerdos que se han de establecer en torno a la legislación que regula el empleo, hasta lograr un acuerdo mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores. De igual manera, si se buscan Acuerdos Básicos Compartidos en torno al empleo, se deberá establecer el vínculo con la defensa de los derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria.

El diseño de los ABC de Honduras ha de ser una propuesta aglutinadora. Esto no significa que todo se ha de hacer desde cero, porque se han de tomar en cuenta experiencias exitosas que se hayan realizado en algunas zonas, municipios u organizaciones del país. Este ABC de Honduras ha de garantizar que, no sólo en los objetivos, se busque la inclusión social y la democracia participativa, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa. Los sectores no oficiales, opositores y eclesiales están llamados a fortalecer sus propias instancias e identidades; y desde sus capacidades organizativas y animadoras, a desarrollar sus propios acuerdos, para convertirlos en fuerza y poder, en una mesa de negociaciones, para evitar que se imponga la ley del más fuerte.

 

Ismael Moreno Coto, SJ

Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Centro Social de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Honduras, y de Radio Progreso, Honduras.

 

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