Mientras el gobierno colombiano celebra la meta de erradicar 130 mil hectáreas de hoja de coca en 2020, organizaciones campesinas y académicas denuncian prácticas para inflar cifras, exagerar éxitos operativos y presentar resultados donde no los hay.

 

Por Ricardo L. Cruz

Mira, ¿si los ves allá, sobre el filo del cerro?”, dice Eladio*, hombre espigado de machete al cinto, sonrisa amplia y piel tostada por el sol, mientras señala con su largo dedo índice el grupo de soldados apostados en la ladera de la montaña que se divisa desde su finca, ubicada en una de las 10 veredas que conforman el corregimiento San Juan de Puerto Libertador, municipio en las estribaciones del Nudo de Paramillo, imponente accidente geográfico del noroccidente de Colombia.

En esta extensa región, de planicies irregulares, bordeadas por montañas que no superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar, atravesadas por riachuelos de aguas mansas y poco profundas en verano, pero bastante caudalosas y bravías cuando llegan las lluvias, se libró entre finales del siglo pasado y comienzos del actual una guerra sin cuartel de extrema crueldad y sevicia entre guerrillas de izquierda, paramilitares de extrema derecha y Fuerza Pública.

Una década atrás, ver a soldados desfilando por sus tierras significaba para los pobladores de esta región la inminencia de combates entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc-EP. Pero hoy, todos allí saben que las fuerzas del Estado recorren extensas veredas, cerros y sabanales del Nudo de Paramillo con un nuevo propósito: erradicar sembradíos de hoja de coca.

Las labores de erradicación por parte de los uniformados comenzaron, según los labriegos del corregimiento San Juan, la última semana de enero de 2021. Muchos de ellos temen que estas nuevas jornadas terminen mal, tal como sucedió en febrero de 2020, cuando se registraron dos enfrentamientos entre miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y cientos de campesinos dedicados al cultivo de hoja de coca en diversos parajes que, por fortuna, no dejaron heridos ni hechos que lamentar. En este corregimiento, según denuncian sus pobladores, los choques entre Fuerza Pública y labriegos cocaleros se repitieron durante la segunda semana de agosto del año pasado.

Los campesinos cocaleros de este caserío perdido en las estribaciones del Nudo de Paramillo sienten que estos operativos de erradicaciones forzadas se están convirtiendo en todo un “negocio político” en el que ellos terminan siendo los comodines. Eladio, por ejemplo, dice que durante 2020 los equipos de erradicadores, bien fuera los civiles contratados por el Ministerio de Defensa para ejecutar esta labor, bien fuera los militares enviados a cumplir la orden de erradicar a la fuerza, arribaron a los cultivos de hoja de coca para negociar la erradicación con el propietario.

Se trató de un “pacto” donde los erradicadores solo cumplían la mitad de su tarea o la hacían mal a propósito: no arrancaban la mata desde su raíz, sino que la rozaban a la mitad de su tronco.

“Entonces, ¿qué pasa?-explica Eladio-. Eso vuelve a retoñar a los dos, tres meses, hasta toda bonita otra vez; ¿qué hace el campesino? Pues raspar nuevamente (arrancar las hojas de la mata); los erradicadores vuelven y pasan, ¿y qué dicen? Que el campesino volvió a resembrar; entonces, ellos vuelven a arrancar otro poquito aquí, otro poquito allá y así todo el año. Y luego dicen: ‘arrancamos 300, 400 hectáreas de hoja de coca en Córdoba. Así le pasó a un vecino estos días: Llegaron los soldados y el hombre estaba en su ‘lotecito’ (sembradío). El vecino les dijo: ‘Amigos, no me dejen sin con qué comer, que ustedes saben que es así’. ¿Qué le dijeron los militares? ‘Listo, vamos a arrancar una parte, ‘raspe’ lo que le quede y luego arranca”.

Se trata de un secreto a voces que circula desde hace años en las profundidades de las tierras cocaleras: “Ellos mismos (la Fuerza Pública) arrancan las matas de aquí y las siembran más allá. Luego pasan, arrancan y vuelven y siembran en otro lado y así, todo el año en esas. Luego dicen que estas tierras están inundadas de coca, cuando no es así. Eso ha sido siempre así por acá, el año pasado hicieron eso”, señala Raúl Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), organización defensora de derechos humanos con presencia en el Nudo de Paramillo.

“Tenemos que mostrar resultados”

Raúl Álvarez nació en Santander, departamento ubicado en el extremo oriente colombiano. Llegó al Nudo de Paramillo en el 2000 y desde entonces, no ha parado de recorrer paraje, vereda, caserío y pueblo de esta región inhóspita, tan diferente a su tierra natal. Por ello, afirma haber sido testigo de prácticas como estas en amplias zonas rurales del Nudo de Paramillo donde crece la hoja de coca. También estuvo presente en varios enfrentamientos presentados en esta región durante el primer trimestre de 2020. “Por acá el campesino le tiene más miedo a la Fuerza Pública que a los ilegales”, dice sin titubear.

Gracias al conocimiento adquirido sobre la región, el líder social plantea interrogantes como el siguiente: “El mismo Gobierno Nacional dijo que aquí, en Puerto Libertador, había unas 800 hectáreas de hoja de coca, algo que me parece extraño porque yo, que soy campesino, le puedo decir que aquí no había todo eso; y ahora dicen que erradicaron de este mismo municipio unas 2.000 hectáreas. Eso sí no lo entiendo”.

En efecto, el total de hectáreas sembradas con hoja de coca en 2019, reportadas para el departamento de Córdoba por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) fue de 2.800. Pero un año más tarde, en medio de la pandemia de covid-19, la Dirección de Policía Antinarcóticos (DIRAN) informó que erradicó de este mismo departamento unas 4.219 hectáreas de cultivos ilícitos; es decir, unas 1.419 hectáreas más de las reportadas en 2019 por la UNODC, cifra que no les cuadra a organizaciones como Ascsucor.

Interrogantes similares plantean líderes campesinos de El Bagre, municipio del departamento de Antioquia, ubicado a 400 kilómetros de su capital, Medellín. La UNODC reportó en 2019 la presencia de 655 hectáreas de cultivos ilícitos en esta localidad a orillas del río Nechí. Pero, según la DIRAN, de allí mismo fueron erradicadas en 2020 unas 3.000 hectáreas de hoja de coca.

“¡Hombre, no hay esas hectáreas en pastos, para qué digan que había eso en coca! Eso es falso”, dice Víctor*, líder campesino de este municipio.“Yo que conozco este pueblo, puedo decirle que si hay 500 hectáreas de coca, es mucho”, asegura. Este dirigente comunitario se puso en la tarea de documentar los hechos relacionados con la erradicación forzada desde 2018, año en que se intensificaron los operativos contra los cultivos ilícitos.

La documentación, escrita con su propio puño y letra en hojas de papel, contiene casos como el siguiente: “septiembre de 2018, operativo de erradicación forzada en la vereda Los Medios. Otra compañía con contrato de tres meses. Nuevamente las comunidades se movilizan y alzan su voz de protesta (…) las tropas al parecer aplican una política que consiste en negociar el 30 por ciento del cultivo y se gastan los tres meses del contrato para legalizarlo con supuestos resultados de tantas hectáreas erradicadas para sacar comunicados noticiosos”.

También figura una anotación hecha el 20 de abril de 2020, cuando, en medio de la pandemia de covid-19, Fuerza Pública y erradicadores iniciaron operativos simultáneos en todo el municipio de El Bagre, implementando “tres modalidades bajo la misma política de negociar con el campesino productor de erradicar un 30 por ciento y dejar el resto”.

La última anotación consignada por el líder campesino data del 31 de enero de 2021: “operativo de erradicación forzada en la vereda Santa Teresa. Se movilizan más de 600 campesinos para impedir la erradicación y que se implementen medidas de inversión en el territorio. El teniente al mando del operativo dice: ‘hagamos acuerdos, déjennos erradicar parte del cultivo porque debemos trabajar y dar resultados’. Las comunidades no aceptan y deciden detener la erradicación acampando cerca del puesto de dirección de la Policía (…) los insultos verbales de parte y parte llegan a choques el día 3 de febrero (…) el día 5 nuevamente enfrentamientos a campo abierto porque la comunidad impide las actividades de erradicación. Se le comunica al personero que fue capturado un campesino quien es trasladado ante un juez para judicializarlo. Por su parte la Policía manifiesta que en el choque resultó supuestamente un antimotín herido en un brazo”.

¿Qué dice el gobierno?

“Se conocieron 10 casos puntuales, en junio de 2020, allí se tuvieron que tomar acciones para estos casos particulares. Vamos a revisar a fondo toda la estrategia de erradicación, lo que incluye la operatividad, el cumplimiento de reportes y donde tengamos que hacer garantía y mejoramiento, se hará; pero tenemos la tranquilidad, con la información que hemos recibido, que los esfuerzos que se han hecho es para dar unas medidas que tengan legitimidad y que tengan todos los controles y supervisiones”.

Así le respondió el ministro de Defensa, Diego Molano, al medio de comunicación colombiano Caracol Noticias, que a mediados de febrero de 2021 publicó un informe en el que denunciaba cómo los equipos de erradicadores inflaron sus resultados para así cumplir las metas de erradicación; en otros casos, estos grupos negociaron las erradicaciones con los propietarios de los predios. El informe periodístico se conoció semanas después de que este Ministerio informó a la opinión pública haber cumplido la meta de erradicar a la fuerza unas 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos en 2020, el año de la pandemia.

Para el Gobierno se trató de un resultado histórico nunca antes visto en la lucha contra los cultivos ilícitos. Pero para expertos en políticas antidrogas, como Pedro Arenas, cofundador de Viso-Mutop, organización que acompaña comunidades campesinas en la Amazonía colombiana, las cifras hay que recibirlas con bastante recelo.

“No creo que el gobierno colombiano haya alcanzado esa cifra”, advierte Arenas, y explica: “No hay una entidad independiente que certifique los resultados de la Fuerza Pública, pues estos son reportados por el propio Ministerio de Defensa: ellos planifican las operaciones, van a campo, ejecutan los operativos y ellos mismos se certifican. Y ninguna entidad por fuera del Ministerio puede corroborar esto. De ahí que voceros de diversas comunidades planteen: “¿cómo es posible que el año pasado erradicaran tantas hectáreas y este año estén prácticamente las mismas?”.

A juicio de Arenas, a esta inquietud por la veracidad de las cifras de erradicación se suma un hecho incontrovertible: los altos indicadores de resiembra, fundamentalmente allí donde se llevan operativos de erradicación forzada o donde se ha asperjado vía aérea con el fungicida glifosato, situación que pone en cuestión la efectividad de esta estrategia en la lucha contra los cultivos ilícitos.

“Los indicadores de resiembra, en el caso de la erradicación manual, en departamentos como Nariño (sur de Colombia), oscilan entre el 60 y el 65 por ciento. Hay estudios que señalan que, para el caso de las aspersiones aéreas, el nivel de resiembra llega al 70 por ciento. El gobierno nacional también acepta que la resiembra de cultivos ilícitos puede ser superior al 50 por ciento”. Así, para este activista, “todos los gobiernos quieren mostrar resultados en el corto plazo. Detrás de esta decisión está la necesidad de continuar recibiendo el paquete de ayudas económicas de Estados Unidos y así mantener todo un negocio y toda una empresa, como son las operaciones de erradicaciones forzadas”.

Según estudios realizados por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia (FESCOL), Colombia se gastó en nueve años unos 79,9 billones de pesos en fumigación aérea con glifosato. La misma entidad calculó cuánto costaría apoyar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de 80.400 familias si se les entregaran 40 millones de pesos por núcleo: 2,9 billones de pesos.

Las evaluaciones realizadas por organizaciones expertas en política antidrogas tampoco dejan bien librada la estrategia de la erradicación forzada. En junio de 2020, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), importante centro de pensamiento colombiano, publicó una investigación en la que calificó la erradicación forzada como “una herramienta con bajos niveles de eficiencia y efectividad. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Tumaco. Una vez que el grupo de erradicación termina su jornada (…) avanza hacia el siguiente lote. Al cabo de tres días se habrán alejado unos cinco kilómetros. Esta rutina se repetirá durante dos o tres meses. Cuando el grupo de erradicación se aleja, los cultivadores vuelven a sembrar, pues es poco probable que el escuadrón que erradica retorne pronto”.

Un año antes, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes de Colombia, publicó un informe titulado “¿Es eficaz la erradicación forzosa de cultivos ilícitos?”. Las evidencias teóricas y empíricas recolectadas por los investigadores llevaron a plantear que no, pues “la destrucción de laboratorios y las incautaciones han sido más efectivas que la erradicación de cultivos (…) la poca eficacia de la erradicación se debe a que la resiembra es relativamente fácil y económica. El valor de producción de la hoja de coca es muy pequeño en comparación con los demás eslabones de la cadena, y reemplazar una hectárea sembrada es más fácil que reemplazar el producto final incautado”.

De acuerdo con este estudio, la erradicación forzosa tiene efectos inmediatos en la reducción de cultivos, pero implica sacrificar resultados de largo plazo y genera efectos negativos sobre las comunidades cocaleras, como la profundización del conflicto y el riesgo de violaciones de derechos humanos.

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Con imágenes e información de connectas.org