Escapando de la violencia, el hambre o la represión, oleadas de migrantes recorren Latinoamérica. El camino es largo, difícil y angustioso, sin tener certeza de llegar o, si al hacerlo, podrán ingresar al país de destino y quedarse en él.

Por su parte, los gobiernos latinoamericanos no han facilitado este periplo, añadiendo trabas al ingreso a sus países o deportando a aquellos que ingresaron clandestinamente. Mientras va creciendo la xenofobia.

 

La escena resultó muy significativa. Una migrante venezolana trató de expresarse en una reunión comunitaria en el poblado chileno de Colchane para pedir solidaridad. Quería argumentar que en la época de Pinochet Venezuela acogió miles de chilenos que escapaban de la dictadura. Pero los lugareños no solo la callaron, sino que la echaron a gritos del recinto. 

El hecho representa la tensión que genera la nueva ola migratoria en el continente, la misma que ha producido escenas aún más dolorosas, como el espectáculo de los tanques peruanos enviados por su gobierno la semana pasada para enfrentar un contingente de familias con niños. Una ola que en el caso de Sudamérica tiene su principal origen -pero no único-  en la crisis política, social y económica de Venezuela, agravada por la pandemia. En Centroamérica, el fenómeno surge principalmente de la violencia de las maras que aterrorizan a los habitantes de países como Honduras y El Salvador.

Estas dos oleadas tienen un factor común: los migrantes deben cruzar varios países para llegar a su incierto destino por rutas cada vez más peligrosas no solo por la geografía, sino también por los estafadores que con promesas de transporte les esquilman su dinero y pertenencias. A esto se suman los miedos de las comunidades por las que pasan:  a los viejos miedos a la delincuencia y a la competencia por el trabajo se une hoy el nuevo temor por el contagio.

Paradójicamente, mientras las bandas criminales sí se coordinan para realizar sus actividades ilícitas, los gobiernos aún no realizan una conversación que derive en una respuesta latinoamericana. Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrante en Chile (SJM), una oenegé que ayudó en la crisis migratoria de Colchane, sostiene que “es fundamental la coordinación regional, que todos los países de nuestra zona estén a la altura de la crisis humanitaria –y no solo migratoria- que vivimos y entreguen respuesta que no se concentren solamente en el control fronterizo y expulsiones como han hecho naciones como Ecuador, Perú o Chile. Se trata de coordinar acciones conjuntas de apoyo humanitario y acogida, yendo más allá de la coordinación entre policías, militares o fiscalías”.

Sobre hacia qué acciones concretas deben apuntar esas medidas, Ureta pide incluir medidas de refugio y asilo. “Sería deseable establecer albergues transitorios para personas desplazadas entre los estados, financiados de manera cooperativa entre estados y organismos internacionales. Esto a partir de la experiencia de México, donde han realizado programas no gubernamentales sin fines de lucro a través de albergues transitorios para personas indocumentadas, donde además de suplir el problema de acceso a vivienda, se les ayuda a regularizar su situación migratoria. También, está lo realizado en la Unión Europea, donde los países participantes firmaron un acuerdo para garantizar residencias transitorias para población migrante y desplazada, financiadas por la institución supranacional, siendo un requisito para acceder a dichos centros ser migrantes refugiados”, sostiene.

Pero en realidad los gobiernos latinoamericanos han respondido principalmente con trabas, con deportaciones y  con fronteras reforzadas incluso con militares, como si tuviera sentido solucionar una crisis humanitaria con tanques, como en el caso de Perú, que produjo críticas de organismos humanitarios.

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Con información e imágenes de Connectas.org