Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), sugerida por la hacendada y diputada estadual Mara Caseiro (Partido Trabalhista de Brasil – PTdoB) y aprobada en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul, va a investigar la actuación del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB).

Para la creación de la CPI, se presentó la justificación de que el Cimi estaría financiando y estimulando ocupaciones indígenas, para generar conflicto con los hacendados de la región. El secretario ejecutivo del Cimi, Cleber Buzatto, clasifica el requerimiento como fallido y débil. Sería una represalia por la repercusión negativa que viene ganando en el país y en el mundo la violencia promovida por los hacendados contra los indígenas de Mato Grosso do Sul, que intentan retomar sus tierras ancestrales, en especial los Guaraní y Kaiowá.

**El documento que justifica la CPI presenta un listado de nombres, incluyendo a líderes indígenas, que estarían supuestamente involucrados en la incitación al odio. De acuerdo con Buzatto, algunos nombres mencionados en la requisición nunca fueron parte del Consejo.**

Los ruralistas acusan también a la entidad de haber articulado la infiltración de paraguayos entre los pueblos indígenas, para reforzar las acciones de reocupación de tierras. El general Rui Matsuda, de la 4ª Brigada Guaicurus de Caballería Mecanizada de Paraguay, sin embargo, ya declaró que la denuncia de la bancada ruralista no procede.

Durante una presentación del Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras (Sisfron) a representantes de los Tres Poderes de la República, el general explicó que fueron instalados radares del Sisfron en diferentes puntos del área de frontera entre Paraguay y Mato Grosso do Sul, donde se encuentran las tierras indígenas. **Los equipamientos, capaces de rastrear personas y vehículos en un radio de 10 kilómetros, no detectaron ninguna movilización en el área. Él reforzó también que binóculos con la misma capacidad que los radares y con perfecta calidad de identificación a 5 kilómetros también fueron usados para investigar las denuncias originadas en la bancada ruralista.**

En nota, el Cimi clasifica a la CPI como “parte de la estrategia de ataques ruralistas a los pueblos indígenas y sus aliados”. También de acuerdo con la nota, una parte de los hacendados han actuado, a su vez, a través de milicias armadas para atacar a los pueblos indígenas. En menos de un mes, fueron practicados más de 10 ataques paramilitares contra el pueblo Guaraní Kaiowá, de los tekoha [lugar donde se es) Nanderu Marangatu, Guyra Kamby’i, Pyelito Kue y Potreiro Guasu. Terminando con el asesinato del líder Guaraní Kaiowá, Semião Vilhalva, tres indígenas baleados por armas de fuego, otros heridos con balas de goma y golpizas.

De acuerdo con la entidad misionera, hay también indicios de tortura contra los indios de la región y denuncias de estupro colectivo contra una Guaraní Kaiowá.

**CPI del Genocidio**

Para contraponer la CPI contra el Cimi, indígenas y movimientos sociales lanzaron la campaña “Yo quiero: CPI del Genocidio”, durante un acto público, el último jueves 24 de septiembre, en sesión plenaria en la AL de Mato Grosso do Sul. La protesta reunió cerca de 200 manifestantes.

En la ocasión, hubo un intento de detención del abogado Rogerio Batalha Rocha, del Colectivo Terra Vermelha, por orden del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado estadual Junior Mochi (Partido del Movimiento Democrático Brasilero - PMDB), a pedido de la diputada Mara Caseiro. Cleber Buzatto, que estaba en la ocasión, dijo que el abogado sufrió arañones de parte de uno de los guardias de seguridad de la Casa y que la denuncia fue registrada en la Policía Civil.

**Además de alertar a la sociedad sobre el exterminio de indios en Mato Grosso do Sul, la campaña “Yo quiero: CPI del Genocidio” llama la atención sobre los procesos de demarcación de tierras paralizados y sobre la criminalización de los movimientos sociales.**

Según el Cimi, en los últimos 12 años, por lo menos 585 indígenas se suicidaron y otros 390 fueron asesinados en Mato Grosso do Sul. Buzatto afirma que hay una omisión de parte del gobierno en relación con estos datos.

En nota, la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), Regional Sur 4, manifiesta su solidaridad con el sufrimiento indígena del Estado. “Los participantes de la Asamblea de Pastoral de la Regional Sur 4 ven con preocupación y dolor la violencia usada contra los pueblos indígenas en Mato Grosso do Sul”, declara.

La Asamblea de Pastorales de la CNBB también repudia la creación de la CPI contra el Cimi.
“¿Cómo concordar con quien ‘demoniza’ a personas e instituciones que se solidarizan y defienden a personas que se encuentran en tanta desesperación?”

**Para el Cimi, la CPI sugerida por la diputada Mara, va a servir para llamar aún más la atención de la prensa nacional e internacional sobre los delitos cometidos por el agronegocio y por el Estado sur matogrosense contra los Guaraní Kaiowá y demás pueblos originarios de la región.**

El secretario ejecutivo del Consejo dice también que es el momento de exponer a empresas que se benefician con la exportación de mercaderías agrícolas producidas en el Estado. Él cita, inclusive, la marca de carne bovina Friboi como una de las beneficiarias de la situación.

Los procesos de demarcaciones de tierras están paralizados. Mientras tanto, de acuerdo con Cleber Buzatto, los pueblos indígenas enfrentan el hambre diario, violencia y ataques paramilitares constantes.


**Bancada ruralista financiada por el Lava Jato**

A través de una lectura de datos públicos en la página virtual del Tribunal Superior Electoral (TSE), el Cimi constata que empresas involucradas en la Operación Lava Jato, un esquema de miles de millones de desvío y lavado de dinero de la Petrobras, financiaron campañas electorales de parlamentarios ruralistas que forman la “CPI del Cimi”. En total, los parlamentarios recibieron R$ 2.454.542,06 millones en donaciones.

De acuerdo con el Cimi, la diputada Mara, quien sugirió y presidirá la CPI, **recibió en donaciones realizadas por terceros y no directamente de alguna empresa o constructora de la Lava Jato, el valor de $ 607.238,65**. A su vez, el parlamentario que será vicepresidente de la CPI contra el Cimi, Marquinhos Trad (PMDB), recaudó $ 1.077.787,91 millones.

Las donaciones verificadas por el Cimi no están registradas en el TSE como irregulares o ilegales, porque en 2014 las campañas electorales podrían ser financiadas. Sólo en septiembre de este año (2015) es que las donaciones privadas fueron abolidas.

**Posicionamiento Indígena**

Los Indígenas Guaraní y kaiowá rebaten la justificación usada para crear la CPI en contra del Cimi. Ellos afirman, en nota, que no están siendo manipulados y que la CPI en cuestión ignora la capacidad humana de los pueblos indígenas. “No fuimos manipulados como muñecos, no somos robots mecánicos, somos guerreros resistentes del gran pueblo Guaraní y Kaiowá para siempre”.

**Los indígenas recuerdan que, a lo largo de la formación de Brasil, los indios fueron considerados no como seres humanos, sin alma y sin tierra, y dicen que esa ideología todavía perdura en la actualidad. Por eso hay tanta masacre en contra de los pueblos indígenas.**


**Lea también**: No somos manipulados, somos portadores de capacidades humanas[http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=8372]