A pesar de sus poderes soberanos, los Estados tendrán grandes dificultades para cumplir las promesas de la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Se trataba de asociar, en nombre del desarrollo sostenible, la economía con la ecología. Se buscó entonces la piedra filosofal: crecimiento económico sin crecimiento del consumo de energía fósil ni aumento del consumo de recursos no renovables.

En el contexto de los recursos naturales – por no hablar de los problemas del calentamiento global -, esta dificultad para aunar las necesidades económicas, sociales, de gobernanza y ecológicas queda ilustrada por un problema fundamental en la actualidad: la gestión – pública o privada – del agua. En diciembre de 2021, la revista Promotio Iustitiae (órgano de la Compañía de Jesús para la Justicia Social) advertía a sus lectores con el título: «El grito del agua y el grito de los pobres». Más bien habría que decir: el grito del agua «es» el grito de los pobres, los excluidos y los marginados.

Tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. El 97,2% corresponde al agua salada de los mares, a la que se añade el agua salada de algunos acuíferos subterráneos. El agua dulce (2,8% del total) se encuentra esencialmente en el hielo de los polos norte y sur (2,1% del agua total del globo). Esto deja como agua utilizable en tierra sólo un 0,7% del total, estimado entre 900.000 y 1.800.000 kilómetros cúbicos, y con ella se debe abastecer a todos los habitantes de la Tierra, sus cultivos agrícolas (70% del agua dulce consumida), la industria (20%) y los usos domésticos (10%).

Por desgracia, el agua utilizable está muy mal distribuida. Además, la recarga anual de los acuíferos está limitada a 12.000 kilómetros cúbicos cada año, con una demanda que crece al 1% anual[1]. Lo que provocará, dependiendo de la región y de los escenarios climáticos, un descenso del nivel de las aguas subterráneas para el año 2100 de entre 50 centímetros y 10 metros. La tendencia general no es buena, debido al crecimiento de la urbanización, la industrialización, los patrones de consumo de alimentos que determinan los cultivos y sus necesidades de agua, por no hablar de las sequías crónicas en algunas regiones. China, Brasil, Canadá, Marruecos, Túnez, varias regiones francesas e incluso Portugal están gravemente afectados. Las represas hidroeléctricas llevan varios meses paralizadas en Portugal. Tanto en Australia como en Chile, y en la propia California, la sequía ha provocado el abandono de empresas agrícolas debido al vaciamiento de las capas acuíferas.

Por eso, en contra de la teoría de que hay suficiente agua potable para el planeta, en realidad más de mil millones de personas carecen ya de acceso a ella. Al problema del suministro de agua se suma el de la calidad del agua disponible. Aquí se entremezclan cuestiones de clima, geología, almacenamiento, distancia y tiempo de acceso al agua: problemas que no deben hacernos olvidar el drama de la erosión del suelo, la degradación ambiental y la contaminación. En las regiones de agricultura intensiva, existe el problema de los fertilizantes – sobre todo los nitrogenados – que pueden hacer que el agua no sea potable[2]. Además, los nitratos favorecen la proliferación de algas verdes en la costa y tampoco perdonan a la atmósfera, ya que el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero muy potente. Por no hablar del amoníaco, que favorece la producción de micropartículas.

Los efectos de la deforestación

Por ello, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su reunión anual de noviembre de 2021 en Glasgow (COP26), volvió a abordar el problema de la deforestación (ya incluido en la agenda de 2020). Cien países se comprometieron a detener la deforestación, que desempeña un papel fundamental en el ciclo del agua. Este compromiso afecta a casi el 85% de la superficie forestal mundial. No hablamos de la explotación de los bosques – cuyos árboles vuelven a crecer tras una tala razonada – sino de la esterilización de las zonas forestales debido a la desaparición de las especies arbóreas necesarias para la regeneración de los bosques, también a causa de las carreteras, las minas, las vías férreas, los emplazamientos industriales o administrativos, la urbanización y, por último, las zonas ocupadas por los cultivos. Algunos países – en particular Brasil y el Congo – tendrán sin duda dificultades para cumplir estas promesas.

Queremos destacar este compromiso con los bosques, porque pone de manifiesto de forma concreta lo que exige la ecología integral, tan querida por el Papa Francisco. La reducción de la superficie forestal del planeta se remonta al Neolítico: comenzó con el cultivo de cereales hace casi 13.000 años. El cultivo de cereales ha modelado los paisajes del Planeta, haciendo retroceder los bosques y permitiendo el crecimiento de la población en ósmosis con el desarrollo ambivalente de las civilizaciones.

Desde el Creciente Fértil de los cereales en Oriente Próximo hasta las extensiones de América donde domina el cultivo del maíz, desde la quinoa latinoamericana hasta la cebada tibetana, desde el arroz africano hasta la espelta, desde el amaranto hasta el trigo, los cereales han permitido el comercio, la aparición de ciudades y el desarrollo de imperios, todo ello inmerso en una ritualidad a la vez simbólica y técnica, y en el florecimiento de los ritos de fertilidad. En esta dialéctica, el hombre forjó la naturaleza, al tiempo que fue moldeado por ella en sus prácticas, instituciones y representaciones simbólicas y religiosas.

En contra de esta narrativa, que borra la separación demasiado intelectual entre naturaleza y cultura, destacamos el hecho de que los símbolos no tienen la neutralidad ecológica que algunos les atribuyen. El agua dulce no sólo está mal distribuida geográficamente, sino que también está mal utilizada. Pongamos sólo dos ejemplos. El consumo de carne depende tanto del estatus social como de la dieta. Pues bien, este acapara una parte importante de la superficie cultivada (pensemos en la producción de sorgo, soja o maíz, cultivados para alimentar a los animales). Asimismo, mencionemos la pasión por el deporte de la Fórmula 1. Alejándose de la energía eléctrica, que sin embargo ha demostrado su potencial, los responsables anuncian que se orientan hacia el bioetanol y otros biocombustibles; están encantados con esta energía «100% ecológica» (¡sic!), que han incluido en el reglamento de la F1. No se dan cuenta de que el cultivo necesario para los biocombustibles, al igual que la cría de ganado para el consumo de carne, refuerza poderosamente la expansión de las tierras agrícolas y los cultivos vegetales para el consumo humano, a expensas de los bosques, y contribuye así al calentamiento global.

Más urgente es hoy el problema de la gestión del agua. ¿Es preferible la gestión privada del agua? ¿Debe confiarse a una autoridad pública, a un organismo intermunicipal? En cualquier caso, existe el riesgo de la burocracia, la negligencia y a veces incluso la corrupción. Este es un tema interesante para el discernimiento político.

La responsabilidad de los Estados

El agua potable, necesaria para la vida, es – como el aire no contaminado, la energía limpia y el espacio vital – parte de los bienes comunes que pertenecen a todos. El bien público del agua es lo que el Congreso de Viena, en 1815, ya había proclamado con respecto a los ríos europeos (Rin, Ródano, Danubio, etc.): ningún país podía apropiarse, mediante presas u otros medios, del agua de estos ríos. Se trata de una vuelta a los antiguos «métodos de producción asiáticos», en los que la administración local, dirigiendo una red de pequeños canales, gestionaba la distribución del agua. El principio de que el agua de los ríos es un bien común para todos los países de regadío se ha aplicado en algunas partes de Asia. Pero obviamente no en Oriente Medio.

Así, el 20 de febrero de 2022 se conectaron a la red eléctrica las dos primeras turbinas eléctricas de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GPRE). Esta enorme presa, la mayor de África – de 1,8 kilómetros de longitud y 145 metros de altura, que contiene 13.500 millones de metros cúbicos de agua, y cuyo coste es de 4.200 millones de dólares -, proyectada desde 2011, construida por Etiopía en el Nilo Azul, cerca de la frontera con Sudán, es el motivo de un conflicto diplomático no resuelto entre tres países ribereños del Nilo. En efecto, millones de personas en Sudán y Egipto dependen de las aguas del Nilo. Las disputas fueron sometidas por primera vez al arbitraje del Consejo de Seguridad de la ONU, que las descargó en la Unión Africana. No hubo ningún resultado concreto. Es cierto que en 1929 Egipto había firmado un protocolo con Sudán que prohibía a este último construir una presa en el río. En 1959, un acuerdo concedió a Egipto dos tercios del caudal anual del Nilo. Pero Etiopía, al no ser parte del acuerdo, nunca se sintió obligada por él. Además, un nuevo acuerdo firmado por los países de la cuenca del Nilo, en contra de la opinión de Egipto y Sudán, eliminó el veto de Egipto y permitió la construcción de presas y proyectos de riego.

El agua es considerada un «bien público» porque su suministro es responsabilidad del Estado. La Asamblea General de la ONU lo reconoció como «derecho humano fundamental» en julio de 2010, siguiendo a las Blue Communities[3]. Dos meses más tarde, la Resolución del Consejo de Derechos Humanos se hizo eco de ella, aclarando las obligaciones de los Estados en materia de acceso al agua y a los servicios higiénico-sanitarios. Varios países, como Etiopía, Uruguay, Colombia, Francia, el Reino de los Países Bajos, Ecuador y Bélgica, ya han consagrado el derecho al agua potable en sus constituciones. En definitiva, nadie debe ser privado de ella. De ahí la indignación por la privatización del agua.

El agua es vital para las poblaciones y para las relaciones entre regiones y países. Bajo el efecto del calentamiento global, el nivel del mar está subiendo, hasta el punto de inundar regiones enteras, mientras que el nivel de los lagos y capas acuíferas está bajando. El aumento del nivel del mar, causado no sólo por el deshielo de los glaciares y los polos, sino también por el aumento de la temperatura del agua del mar, aumenta la presión del agua salada sobre el agua dulce en las zonas costeras. Así, las islas de Tuvalu, donde viven casi 12.000 habitantes a unos 500 kilómetros de Fiyi, ya no tienen agua potable. Kiribati, que ahora está a tres metros sobre el nivel del mar, está amenazada. Si la tendencia actual continúa, en 25 años Vietnam habrá perdido el 10% de su superficie.

En otros lugares, el agua escasea por razones políticas, como en Oriente Medio, pero a veces también por razones económicas de abandono. Recordemos el Mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán, que difícilmente podremos regenerar.

El problema del agua sólo puede agravarse, ya que, incluso teniendo en cuenta la evolución del nivel de vida y las necesidades de la agricultura y la industria, los recursos explotables del planeta no serán suficientes para los 11.000 millones de habitantes que se esperan para el año 2100. Sumando todos los usos del agua, el consumo actual alcanza los 4.000 litros diarios por habitante. Los aproximadamente 12.000 kilómetros cúbicos de recarga natural de aguas subterráneas no serán suficientes, sobre todo porque la distribución muy desigual de las extracciones y las recargas de los acuíferos aumenta drásticamente la desertización.

Frenar la deriva

No cabe duda de que existen numerosas técnicas para recargar los acuíferos: cuencas de infiltración, pozos de inyección, desviación de los cursos de agua para canalizar parte de la corriente, almacenamiento de agua de lluvia, sin olvidar las nuevas técnicas de producción de agua potable: además de la desalinización del agua de mar (que, sin embargo, consume mucha energía), la mejora de los procesos de saneamiento, la explotación de los icebergs y la utilización del vapor de agua de la atmósfera y de las nubes. Pero las condiciones geológicas y climáticas de estas técnicas sólo abordan de forma marginal el problema de la regeneración del agua.

En este ámbito vital, como en muchos otros, constatamos en primer lugar las carencias de la autoridad pública: ausencia de objetivos precisos – a falta de cuantificación – y de medios proporcionados para afrontar este reto estructural. Hasta ahora, los controles parecen insuficientes. Además, cada vez se conceden más autorizaciones – a veces a través de la corrupción – para permitir que determinados cultivos superen las dosis permitidas de abono nitrogenado (170 kilogramos por hectárea al año).

Ciertamente, se pueden dar muchos consejos para equilibrar mejor los abonos, pero falta un compromiso claro por parte de los Estados. Es necesario cambiar las técnicas de cultivo y las prácticas habituales de los agricultores, dos tercios de los cuales, según las estimaciones de los consultores agrícolas, tienden – es humano – a esparcir más fertilizantes nitrogenados de los necesarios.

Sigue habiendo la misma cantidad de agua en el planeta, pero no de la misma calidad. En el pasado, la naturaleza era suficiente para que el agua fuera segura. Las capas superficiales del suelo filtraban las aguas residuales; las plantas y las raíces neutralizaban casi todos los contaminantes. Esto ya no es así hoy en día. La agricultura intensiva vierte en el suelo nitratos, fosfatos y pesticidas; la industria vierte bifenilos policlorados y otros colorantes; el ser humano libera residuos químicos de medicamentos y detergentes: todos actúan como si fueran dueños del agua, pudiendo usarla, derrocharla y abusar de ella.

Hoy en día, la contaminación está sin duda mejor controlada. En contra de la creencia generalizada, los agricultores occidentales han realizado con éxito enormes esfuerzos para promover sistemas naturales basados en un modo de producción que limita la necesidad de fertilizantes nitrogenados y herbicidas químicos. Se han visto empujados a ello por la normativa, pero también han encontrado su propio beneficio en ella. En la actualidad, con el asesoramiento de agrónomos especializados, las aguas residuales pueden regenerarse mediante un sistema de estanques plantados con hierbas seleccionadas, que también está al alcance de algunas empresas agrícolas que operan en zonas rurales.

Sin embargo, sobre todo en las zonas urbanizadas, las aguas residuales deben depurarse mediante balsas de decantación y, para eliminar los agentes patógenos, hay que utilizar bien productos químicos – en su día hipoclorito de sodio, más tarde cloro u ozono – o bien mecanismos físicos, rayos ultravioleta, membranas de ultrafiltración. Estas operaciones de descontaminación pesan más en la factura que el coste de la recogida y el transporte del agua, al menos si excluimos la distribución en camiones cisterna o a través de comerciantes ambulantes en las zonas del Tercer y Cuarto Mundo.

Étienne Perrot, SJ
Teólogo y economista. Enseña economía y ética social
en París y ética empresarial en la Universidad de Friburgo.

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[1] Los acuíferos se denominaban antiguamente “capas freáticas”, que no son lagos subterráneos, sino rocas empapadas de agua.
[2] Sabemos que los nitratos, resultantes de la oxidación del nitrógeno que entra en la mayoría de los abonos, a una determinada concentración (50 mg/l según las normas de la Organización Mundial de la Salud [OMS]) hacen que el agua no sea potable.
[3] Las Blue Communities son sindicatos públicos comunitarios que velan por el control y la distribución justa del agua potable. El movimiento se originó en Canadá a principios de este milenio y se ha extendido por todo el mundo.

 

Imagen e información de laciviltacattolica.es