La Red Jesuita con Migrantes (RJM) de la CPAL se ha unido también a este posicionamiento, tanto a título personal y como organización parte del Bloque LAC.

 

Uno de los temas centrales de interés de los gobiernos presentes (y ausentes) de la reciente Cumbre de las Américas, era la respuesta coordinada a los desafíos que presenta para el continente la dinámica migratoria. Veinte gobiernos del continente americano firmaron una declaración al respecto: Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección.

La declaración contiene afirmaciones de interés, similares a las que ya se han venido recogiendo en otros espacios de acuerdo como los Pactos Globales de Migración y Refugio. Nos parece positivo considerar el necesario trabajo para cambiar las condiciones de expulsión, para afectar a las causas que provocan la huida de millones de personas en el continente y en el mundo. Hacer referencia a la protección y a los derechos humanos de los migrantes con independencia de su condición migratoria, hacer llamadas a la necesaria cooperación internacional para ofrecer respuestas integrales, hacer mención expresa de los aportes positivos de la migración y de las personas refugiadas en los países de destino, en fin, lugares comunes pero ciertos que es positivo que se incluyan en pronunciamientos de este tipo. Evidentemente la llamada a la alianza con la Sociedad Civil (sentido amplio) es otro elemento que venimos defendiendo en múltiples ocasiones.

Sin embargo nos hemos ganado, como organizaciones de la Sociedad Civil y como organizaciones de Migrantes, el derecho a la desconfianza desde lo que contemplamos en la cotidianeidad de las políticas y de las prácticas migratorias de los mismos Estados que afirman que quieren promover una gestión humana.

Es fundamental pasar de las palabras a los hechos, centrar las políticas realmente en una expresión del enfoque de derechos humanos y de la necesaria protección internacional. Esperamos, más bien exigimos porque a veces ya nos desesperamos, que se abra un camino para una verdadera transformación de la respuesta actual de los estados, donde la cooperación internacional busca más proteger las soberanías que a las personas y donde es más fácil acordar sobre retención, externalización, militarización, deportación, persecución que sobre construcción de verdaderas alternativas migratorias que faciliten el acceso a derechos, o sobre la promoción de sistemas de asilo incluyentes y eficaces o sobre verdaderos planes de desarrollo regional, transparentes y centrados en las personas, por poner algunos ejemplos. En todo estos procesos es fundamental contar con las propias organizaciones de migrantes y de la sociedad civil.

Varias organizaciones de todo el continente, muchas que estuvimos presentes en Los Ángeles, volvemos a plantear la necesidad de desarrollar acciones continentales que promuevan una migración con derechos y dignidad.

 

Posicionamiento de Organizaciones de Sociedad Civil de las Américas por acciones continentales para una Migración con Derechos y Dignidad

 

A la luz de los cambios en las tendencias migratorias y de los obstáculos para acceder a la protección y a los derechos en los países de origen, tránsito, acogida y retorno durante la última década, nosotras, las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y América Latina y el Caribe, reconocemos la importancia de que los países de las Américas se unan desde un enfoque coordinado en torno a la migración y la protección de las personas en movilidad basado en principios de derechos humanos.

Esperamos que la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 20 gobiernos en la Novena Cumbre de las Américas, sea más que un documento enunciativo y se convierta en compromisos accionables para defender los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Esto incluye el derecho a solicitar asilo en el país en donde las personas se sientan seguras, el acceso a derechos en todo el proceso migratorio, asumir la responsabilidad compartida de acoger y proteger a las personas en movimiento, a través de una mayor asistencia humanitaria y vías de protección seguras, canales regulares para la migración que trascienda la oferta y demanda laboral, promoviendo vías que sean asequibles para mujeres, hombres, niñez y familias en movilidad, mayor apoyo financiero para la integración de las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida.

Los derechos humanos también incluyen el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la protección de las familias, de la niñez, los grupos en exclusión o en mayores riesgos de violaciones a derechos humanos y violencias como las mujeres, la comunidad LGBTI+, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto incluye el reconocimiento de los pueblos indígenas mediante la creación de un plan de acceso a la lengua.

Para que la Declaración no se quede en una simple expresión de buenas intenciones y aspiraciones, los gobiernos de la región deben asegurarse de desarrollar planes de acción con participación de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, para cumplir con los compromisos de respeto a los derechos humanos asumidos, con indicadores claros y plazos de cumplimiento, incluyendo la evaluación y seguimiento de los avances en su implementación. Como parte de este proceso, instamos a que se realice una consulta sostenida con las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, en retorno y las comunidades de acogida de las Américas; así como una amplia gama de organizaciones de derechos de las personas migrantes, organizaciones de derechos humanos y organizaciones lideradas por indígenas, incluso la evaluación y monitoreo de los avances en el cumplimiento de sus objetivos.

Si bien reconocemos que la Declaración representa un enfoque más integral de la migración, nos preocupa que los gobiernos sigan centrándose en la cooperación para la contención y la aplicación de políticas de control en las fronteras, y la aplicación de la ley, incluida la falta de mecanismos adicionales de responsabilidad y supervisión, el intercambio de información sin las salvaguardias adecuadas, lo que conlleva riesgos para la privacidad y la vigilancia, y la aplicación de regímenes de visado, que pueden afectar negativamente a las personas que buscan refugio y llevarlas a viajar por rutas más peligrosas. Dada la naturaleza mixta de las tendencias migratorias, y en lugar de enfoques inefectivos y perjudiciales basados en la aplicación de la ley, instamos a los Estados a implementar sistemas de entrada sensibles a la protección que son necesarios para identificar las necesidades de protección, proteger contra la no devolución y garantizar el acceso a los procedimientos de asilo.

También instamos a los gobiernos a crear iniciativas conjuntas que den prioridad a la lucha contra los delitos y las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Poner fin a la violencia contra los migrantes requiere desmilitarizar la aplicación de la ley de inmigración, despenalizar a los migrantes en la política y la retórica política, reducir el uso de la detención y hacer que el Estado, las empresas y los actores criminales rindan cuentas por el daño, la explotación y el abuso de las personas migrantes. Combatir la xenofobia significa desarrollar políticas que prohíban y contrarresten el odio, que reflejen las aportaciones de los propios inmigrantes y refugiados, que apoyen a las comunidades de acogida y que mejoren la integración social y económica mediante el acceso a un estatus legal, a un refugio seguro, a un trabajo digno, a la educación y a la atención sanitaria.

Diversas crisis humanitarias en las Américas requieren una respuesta y un compromiso inmediato. La Declaración es una oportunidad para que los gobiernos reajusten el enfoque regional de la gestión de la migración; reconsideren un marco de responsabilidad compartida; ayuden a fortalecer los sistemas de protección de la migración en todas las Américas; se basen en las buenas prácticas de la región; garanticen que todas las personas tengan derecho a buscar y disfrutar de asilo y otras formas de protección; y que respeten el principio de no devolución.

Organizaciones firmantes

ACCSS, Guatemala
Alianza Americas
Asociación Rumiñahui
Asociación Pop No’j, Guatemala
Asylum Access México (AAMX) A.C
Bloque Latinoamericano sobre Migración
CARECEN-LA
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Center for Democracy in the Americas (CDA)
Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena -CAFAMI A.C.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Comunidades Indigena en Liderazgo (CIELO)
Estancia del Migrante González y Martínez
Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes (Perú)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Hope Border Institute | Instituto Fronterizo Esperanza
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Latin America Working Group (LAWG)
Latinas en Poder
National Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR)
Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCIDH)
Oxfam America
Red Jesuita con Migrantes - Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC)
Sin Fronteras, I.A.P.
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Refugee Commission

Descargar Posicionamiento en PDF

 

Información de redjesuitaconmigranteslac.org