La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador comparte un pronunciamiento a raíz de los últimos acontecimientos referentes al proceso judicial que se lleva a cabo por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres laicas, en las instalaciones de la universidad, en 1989.

 

Ante el proceso judicial por la masacre en la UCA, que se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra este centro de estudios, la Universidad hace las siguientes consideraciones:

Compromiso permanente con la verdad y la justicia

Desde la década de los setenta, la UCA ha estado comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador, con especial beligerancia ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

A lo largo de más de 40 años, desde el inicio de la guerra hasta la fecha, ha acompañado y defendido a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos. El trabajo realizado por el Idhuca es una de las credenciales de ese compromiso institucional.

Desde su fundación, el Idhuca ha estado al servicio de las víctimas y ha trabajado con ellas en defensa de sus derechos. Fruto de esa labor son los más de ochenta casos de graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante la guerra que fueron investigados y documentados; casos referidos a masacres, torturas y desapariciones forzadas, y cuya responsabilidad recae en la mayoría de los casos en el Estado salvadoreño. Setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que a la fecha se haya realizado alguna gestión.

Asimismo, la UCA, a través del Idhuca, abogó por la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su derogación, ya que dicha normativa impedía el acceso a la verdad y la justicia en los casos de crímenes cometidos por el Estado y la guerrilla durante el conflicto armado, favoreciendo la impunidad de los perpetradores.

El proceso judicial

Desde que ocurrió la masacre en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes jesuitas, los familiares, la Universidad y la Compañía de Jesús pusieron todo su empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables del crimen. La insistencia en que el caso fuera conocido y resuelto en las instancias judiciales nacionales ha respondido a la intención de sentar un precedente que abra las puertas a que otros hechos igualmente execrables sean enjuiciados en el país, y aportar con ello a la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos.

Es conocido que el proceso actual inició en el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, y que en 2017, luego de la anulación de la ley de amnistía, fue solicitada la reapertura del caso. Pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal. En 2022, la Sala de lo Constitucional impuesta, a través de un proceso de amparo, ordenó el inicio del proceso judicial.

Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre. Ello se confirma con el comportamiento de la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, siendo estas —tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999— los familiares de Elba, Celina y los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el juez tercero de paz, aquella afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos.

Por su parte, el juez, a pesar de haber recibido el requerimiento fiscal el 25 de febrero, lo entregó al representante de las víctimas hasta el 8 de marzo. Asimismo, en la resolución de la audiencia inicial se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite.

* * *

Considerando todo lo anterior, la Universidad se mantendrá expectante del desarrollo del proceso judicial y en el momento oportuno decidirá si participa en el mismo como querellante. Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación.

La UCA reitera su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas, y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre los acusados, las víctimas o los funcionarios judiciales.

Antiguo Cuscatlán, 14 de marzo de 2022.

 

Información de noticias.uca.edu.sv