Carta Abierta

Los jesuitas lanzan un grito por la vida en la Amazonía

 

El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el último 5 de junio, ha pasado. Pero el lamento y la indignación por la forma en que la agenda ambiental brasileña ha sido descuidada por sus autoridades, no. Por lo tanto, la Preferencia Apostólica Amazónica de la Provincia de los Jesuitas de Brasil, a través de sus obras y presencias apostólicas, viene a alertar a la conciencia pública de la población y sus gobiernos sobre los impactos y peligros de esta negligencia y descuido de nuestra Casa Común y de sus habitantes, especialmente los que dañan el territorio amazónico.

Vale la pena recordar que el Día Mundial del Medio Ambiente fue recomendado por las Naciones Unidas (ONU) en 1972, en la Conferencia de Estocolmo, una reunión histórica en un intento por mejorar la relación entre el hombre y el planeta. La idea era llamar la atención de las personas y de los gobiernos sobre los problemas ambientales y los cuidados necesarios para preservar los recursos naturales. Ante esto, es deber de todos potenciar una cultura de cuidado por el desarrollo sostenible e integral, y esto va más allá de una fecha, se convierte en una actitud continua.

Por lo tanto, lamentamos y nos indignamos por la forma como las autoridades han descuidado la agenda ambiental brasileña. En los últimos años, hemos observado el agravamiento de la devastación ambiental provocada por el aumento de los incendios, la minería ilegal, la deforestación y el acaparamiento de tierras en algunas partes del país, pero especialmente en la Amazonía brasileña.

El desmantelamiento de las agencias ambientales, junto con la flexibilización de las políticas de control de la deforestación y de incendios, facilitan el avance de grandes empresas transnacionales de agronegocios y minería en áreas preservadas y amenazan los medios de vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales. Ante los absurdos practicados por la actual política medioambiental, expresamos nuestro vehemente repudio y destacamos:

  • El aumento de la deforestación y de los incendios es un reflejo del desmantelamiento de las agencias ambientales junto con la flexibilización de las políticas de deforestación y de control de incendios. Como parte de la implementación de este desmantelamiento, el presupuesto del Ministerio del Ambiente (MMA) prácticamente ha desaparecido. A pesar del aumento de la deforestación y de los incendios forestales, el gobierno propuso para el año 2021 el presupuesto más bajo de los últimos 21 años para el ministerio. El Proyecto de Ley de Presupuesto Anual 2021 (PLOA) (PL 28/2020), presentado por el actual gobierno al Congreso, preveía 1,72 mil millones, con el 88% del presupuesto discrecional comprometido para gastos administrativos[1];
  • Según el presidente del Instituto Chico Mendes – ICMBio será necesario suspender los servicios y operaciones de inspección, prevención y extinción de incendios por falta de recursos[2]. La omisión, o incluso la acción deliberada del Estado brasileño en no realizar acciones dirigidas a combatir incendios, puede favorecer una nueva ola de incendios en 2022, poniendo en riesgo los territorios y recursos naturales que constituyen la base para garantizar el derecho a la vida y la reproducción socioeconómica de diversos pueblos indígenas y comunidades tradicionales, especialmente considerando el contexto de la pandemia, que ha tenido un impacto más intenso y agravante en la vida de estos pueblos;
  • El Estado brasileño ha desmantelado instituciones públicas como la Fundação Nacional Indígena (FUNAI) y el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), paralizando los procesos de demarcación de territorios tradicionales y la reforma agraria, instituciones de protección socioambiental que podrían generar reducción de la pobreza, de desigualdades sociales y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras;
  • Las investigaciones autorizadas por la Policía Federal contra el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, junto con otros funcionarios públicos, sospechosos de estar involucrados en un esquema que facilitó la exportación ilegal de madera a países de Europa y Estados Unidos[3]; y otra reciente, autorizada por la ministra Carmen Lúcia, contradicen las acciones del gobierno federal en la agenda ambiental;
  • El lanzamiento de la política de alquiler de unidades de conservación, con el decreto n. 10.623 del 09 de febrero de 2021, “Adopte un parque”, donde grandes empresas ya han mostrado interés[4]. El documento no proporciona claramente los mecanismos para implementar la gestión presupuestaria de los parques, señala un monitoreo insuficiente y el decreto no aclara si habrá distinciones en la adopción de las UC’s de protección integral y de uso sostenible, donde hay comunidades tradicionales. Además de todo eso, el ICMBio aparece como el organismo gestor, pero en el contexto de la agenda ambiental del Ministerio de Medio Ambiente existe un grupo de trabajo que discute la posible fusión del organismo con el IBAMA, lo que hace que todo el proceso sea menos transparente;
  • La omisión del Estado frente a las graves violaciones a los derechos humanos a que son sometidos los pueblos Yanomami y Munduruku, producto de las actividades desarrolladas en sus territorios principalmente por mineros ilegales, madereros y agroindustriales[5];
  • La entrega de territorios amazónicos a proyectos agroindustriales, empresas mineras y las hidroeléctricas, y el favorecimiento a este tipo de emprendimientos sin políticas públicas para promover y proteger la agricultura familiar, la pesca artesanal y el extractivismo en unidades de conservación.

Como podemos notar, es urgente impulsar políticas públicas para la protección integral de la Amazonía, para combatir la deforestación y los incendios, y para cuidar toda la biodiversidad. Expresamos nuestra solidaridad con los movimientos, organizaciones sociales y poderes públicos que siguen adelante en la resistencia, en la sabiduría ancestral de los pueblos y de las comunidades tradicionales y en la defensa de un medio ambiente ecológicamente equilibrado, definido como un bien de uso común de los pueblos y esencial para la saludable calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Expresamos nuestro pedido público de justicia contra quienes están violando las leyes y atentando contra la convivencia pacífica en Brasil: mineros, acaparadores de tierras, empresarios ilegales y todos aquellos que encubren las prácticas criminales de despojo ambiental en la Amazonía. Manifestamos también la solicitud pública de suspensión inmediata de la tramitación del Proyecto de Ley No. 2.633/2020, que trata de la regularización de la tenencia de la tierra y amenaza la vida de los pueblos, las comunidades tradicionales y la preservación de la biodiversidad. Porque, de aprobarse, ese proyecto va a intensificar aún más los conflictos socioambientales y la violencia en el campo, además de no promover la distribución justa de la tierra y la preservación integral del medio ambiente.

La oportunidad es también para reafirmar nuestro compromiso de seguir denunciando las prácticas ilícitas y las posturas antiéticas y de falso cristianismo que pretenden pervertir los valores auténticos de la convivencia social y la fe religiosa. Tenemos a la Amazonía como una opción especial en nuestra misión evangelizadora en el país, y la historia sociopolítica de la región con las causas de desigualdades sociales y persistentes actividades depredadoras de la naturaleza que afectan a la fauna y flora nos indignan, ya que afectan directamente a los pueblos del bosque. De esta forma, también, reiteramos nuestro apoyo incondicional a los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales de Brasil y su derecho a la vida y “la vida en abundancia” (Jn 10,10).

Manaus – AM, 08 de junio de 2021

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[1] https://www.oc.eco.br/orcamento-meio-ambiente-e-o-menor-em-21-anos/ 
[2] ICMBio fica sem recursos para atividades básicas e pode paralisar de vez - Sustentabilidade - Estadão (estadao.com.br) 
[3] https://agroefogo.org.br/blog/2021/05/19/ricardo-salles-o-que-se-sabe-sobre-denuncia-contra-ministro-que-gerou-busca-e-apreensao-da-pf/ 
[4] https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.623-de-9-de-fevereiro-de-2021-302915383 
[5] https://cimi.org.br/2021/05/cidh-escritorio-regional-alto-comissariado-onu-cobram-brasil-protecao-integral-povos-yanomami-munduruku/

 

Imagen e información de jesuitasbrasil.org.br