La situación de Nicaragua se sigue agravando suscitando mayor atención de los organismos internacionales de derechos humanos; lo que enturbia aún más el camino hacia las posibles elecciones en noviembre.

Les invitamos a leer, difundir, sensibilizar y actuar.

Informe

Situación de crisis en Nicaragua

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, calificó como deficiente la falta de respuesta del régimen de Daniel Ortega ante las recomendaciones de este organismo para el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua. Bachelt, expresó su preocupación porque en los últimos meses ha recrudecido la represión y censura con la aprobación de leyes y reformas legislativas que califica incompatibles con los estándares de derechos humanos.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh) y la Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) comprobaron que 113 de las 328 muertes durante las protestas en el año 2018 fueron a causa de ejecuciones extrajudiciales. Detallan que estos asesinatos ocurrieron en operativos entre entidades estatales y paraestatales. El 67% de los 113 asesinatos se encontraban en un rango de edad entre 18 y 34 años y un 12% eran menores de edad.

El régimen de Daniel Ortega continúa desmantelando las redacciones y estudios de los medios 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, confiscados por la dictadura desde 2018 y adjudicadas de manera ilegal al Ministerio de Salud en diciembre de 2020.

Un grupo de jóvenes aglutinados en la plataforma virtual “Nicaragua decide” presentó los resultados de un sondeo de preferencia sobre candidatos opositores para las elecciones del 7 de noviembre que aún no han sido convocadas. En la web nicaraguadecide.org, se registraron más de 6900 encuestas, 82% de Nicaragua y 22% del exterior. Nicaragua decide asegura que ésta no es una encuesta de popularidad y que los resultados no pueden ser generalizables a la población de Nicaragua. Los nombres más mencionados para candidatura fueron: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Ernesto Medina y Medardo Mairena.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial evadieron las preguntas del medio independiente, Confidencial, ante la falta de transparencia del Ministerio de Salud por las adjudicaciones ilegales de medios de comunicación y confiscaciones de edificios de oenegés. Ambos organismos financian al MINSA con más de 63 millones de dólares, bajo condiciones de transparencia en el sistema de compras. Sin embargo, el MINSA continúa ocultando datos sobre el COVID-19. Según el MINSA en Nicaragua solo han fallecido 171 personas por el nuevo coronavirus, pero los mismos datos de la entidad indican que en 2020 hubo una sobre mortalidad de 7600 personas, algo que no había ocurrido en los últimos 25 años.

10 mil nicaragüenses refugiados en Costa Rica contarán con seguro médico gracias a la firma de un convenio entre la Caja costarricense de seguro social y la Agencia ONU para refugiados. El seguro estará vigente por nueve meses.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada en Nicaragua pone en riesgo la cooperación que reciben organizaciones no gubernamentales, sostuvo el Secretariado de ONG internacionales (SONGI) en una carta pública. En el documento señala que al menos 32 oenegés gestionan cada año más de 25,5 millones de dólares en cooperación, que llega a comunidades remotas del país para contribuir en la lucha contra la pobreza.

La nueva ley exige a las entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externos registrarse como "agentes extranjeros" ante el Ministerio de Gobernación y reportar mensualmente sus movimientos financieros. Impide el financiamiento externo a organizaciones que, a juicio de las autoridades, desarrollen actividades políticas en Nicaragua.

Para la Fundación Violeta Barrios, "es una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrario a sus lineamientos"

De acuerdo con Martha Patricia Molina, abogada y experta en temas de transparencia y anticorrupción, “es una normativa inconstitucional, maliciosa, macabra y vulnera derechos humanos”. Los agentes que no se encuentre debidamente inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros no podrán realizar movimiento de recursos y/o bienes materiales, según el artículo 10 de la ley.

La ley prohíbe, congela, suspende e interrumpe por completo toda transferencia, traslado, traspaso, cambio, movimiento de activos o bienes materiales, de acuerdo al artículo 26 de la normativa. Las entidades bancarias y empresas de remesas estarán obligadas a congelar el dinero. Además, las sanciones muy graves refieren a la realización o promoción de actividades que generen resultados que impliquen proselitismo político.

“El Agente Extranjero se convertiría en un empleado del Ministerio de Gobernación. (la información que exista entre el Agente y el Ministerio de Gobernación no podrá ser transmitida por el agente a terceras personas). Tendrán que realizar al menos 21 actividades mensuales. Además de tres tipos de informes. (previo, mensual y final), al mismo tiempo tendrán que retirar constancia de cumplimiento de presentación de informe mensual, ¿quién pagará el tiempo invertido para elaborar informes, internet, gastos en pasajes?”, sostiene Molina.

El Ministerio de Gobernación podrá llegar a las organizaciones sin previa notificación, las sanciones leves van de $300-$2000 dólares, las graves $2001-$5000dólares y muy graves $5001-$500mil dólares. También se impondrán sanciones penales.

El ministerio de Gobernación dio plazo hasta el 5 de febrero a las personas naturales y jurídicas para registrarse como "agentes extranjeros". De no hacerlo serían sancionados con el cierre de la personalidad jurídica, entre otras acciones.

La Ley 842 conocida como Ley de Defensa de los Sancionados, sanciona a los bancos y prestadores de servicios que rechacen a un cliente por una causa que no esté sustentada en la ley nacional. La aprobación de la ley responde a la protección de 28 funcionarios del gobierno que han sido sancionados por EEUU, por corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos.

Con la Ley 842, se colocará a Nicaragua fuera de las normas internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero, lo que podría causar el cierre de las relaciones entre bancos europeos y estadounidenses y los bancos locales. Si por causa de esa ley, los bancos locales sufren un corte en sus relaciones por parte de los bancos internacionales, se verán afectadas todas las transacciones financieras y comerciales que cualquier nicaragüense o empresa local, tenga con otros países.  En especial, se arriesga gravemente el envío de remesas familiares por nicaragüenses residentes en Estados Unidos. 

Fuente: Informe Confidencial
Imagen: Jorge Cabrera / Reuters