Mónica Gómez, vocera de la Coalición de Movilidad Humana y responsable de Incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe (JRS LAC) lee pronunciamiento adjunto para instar a los Estados a proteger y garantizar derechos de población migrante y refugiada.
Como parte de las actividades previas al inicio de la 50ª Asamblea General de la OEA que, a causa de la pandemia por Covid-19 se desarrolló de manera virtual, la Coalición de Movilidad Humana de las Américas, conformada por 29 Organizaciones de Sociedad Civil, en un pronunciamiento de 5 puntos, presentó la realidad del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe y los retos en torno a la vigencia de los Derechos Humanos de la población migrante y refugiada.
“Nos preocupan las particulares afectaciones que tienen las personas migrantes forzadas, desplazadas y refugiadas en la región que se han visto presionadas a movilizarse por múltiples causas en situaciones de mayor riesgo, y con afectaciones diferenciales tanto por edad, género, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad y pobreza”, precisa el comunicado.
En este sentido, presentaron como “asuntos prioritarios” para los Estados:
1. El cumplimiento de sus obligaciones en torno al principio de no devolución, y a brindar protección internacional a aquellas personas que la requieren, aún durante la pandemia. “Hacemos un llamado a los Estados a respetar el derecho al debido proceso en caso de deportaciones, abstenerse de llevar a cabo deportaciones colectivas, así como a crear de rutas de regularización migratoria permanentes y flexibles”.
2. Llamado a que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante en condiciones de igualdad. “Esto incluye, no solo el acceso a medios de vida, sino el respeto a los medios de sustento existentes de la población migrante, quienes en muchos casos trabajan en la economía informal, y comúnmente se enfrentan a situaciones de acoso y persecución policial”.
3. Acceso a la salud durante la pandemia y pospademia. “La atención en salud no debe enfocarse exclusivamente en atención al COVID-19, sino acceso a servicios de salud integral, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales deben ser igualmente priorizados.
4. Ante la detención migratoria, en contradicción a estándares internacionales de Derechos Humanos. “Nos unimos al llamado hecho por diversas agencias internacionales e instamos a los Estados a liberar sin demora a las personas migrantes detenidas y asegurar el acceso a derechos básicos”.
5. Asegurar que las respuestas que se desarrollen en torno al COVID-19 atiendan las desigualdades y retos preexistentes de la población migrante y refugiada con ánimo de prevenir las violaciones a sus derechos. Esto implica “acciones diferenciadas con enfoque interseccional y de género para atender a quienes sufren discriminación y exclusión de manera diferenciada, por ejemplo, mujeres, personas LGBTI, personas con enfermedades crónicas como VIH, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas, así como niñez migrante no acompañada”.
Descarga aquí el pronunciamiento completo.
Fuente: Servicio Jesuita a Refugiados
