Organizaciones de la Compañía de Jesús y la Red Clamor brindan 20 recomendaciones a la comunidad internacional para atender a la realidad de las personas venezolanas refugiadas y forzadas a migrar.

 

El próximo 17 de junio de 2021 se celebrará en Canadá la II Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Por este motivo, varias organizaciones de la Compañía de Jesús y la Red Clamor se han dirigido a representantes de los Estados y delegados/as a esta Conferencia a través de un pronunciamiento que compartimos a continuación:

 

Organizaciones jesuitas y la Red Clamor en solidaridad con las personas venezolanas refugiadas y forzadas a migrar, piden reforzar el compromiso de la comunidad internacional ante la próxima Conferencia Internacional de Donantes en Canadá

 

Las organizaciones de la Compañía de Jesús y la Red Clamor abajo firmantes, nos dirigimos a los y las representantes de los Estados y delegados/as a esta Conferencia, con el ánimo de brindar elementos que dan cuenta de la realidad que actualmente viven las 5.6 millones de personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas, y a partir de la experiencia de acompañamiento, defensa y promoción de sus derechos, presentar algunas recomendaciones para orientar acciones y resultados.

Como se reconoció en la Conferencia de 2020, la crisis venezolana es una crisis multidimensional y su atención es inaplazable. Insistir en una salida democrática y pacífica a la crisis es indispensable, ya que mientras persista la causa, migrar seguirá siendo para muchos la única salida para salvaguardar la vida. Es preciso reconocer que la migración venezolana es forzada, y por lo tanto, considerar a la población venezolana como personas con necesidad de protección internacional en el marco de flujos mixtos y masivos, lo cual sugiere una respuesta institucional integral, máxime cuando los efectos de la emergencia sanitaria por COVID-19 están generando doble afectación entre la población migrante.

REALIDAD MIGRATORIA. Ante el empeoramiento y precarización de la migración, pedimos un mayor esfuerzo y compromiso político por parte de todos los Estados. Concretamente es necesario:

1. Brindar asistencia humanitaria tanto a la población que se encuentra en Venezuela, como a los “caminantes”, quienes ante la imposibilidad material y económica deciden realizar su tránsito a pie por el continente. Antes de cruzar las fronteras internacionales sufren el desplazamiento forzado interno y se exponen a situaciones de riesgo contra su integridad por actores legales e ilegales.
2. Reconocer las vulnerabilidades durante el tránsito internacional y minimizar los riesgos asociados, como la separación familiar que conduce a un aumento de niños, niñas y adolescentes -NNA- no acompañados, optar por medios no seguros para migrar que terminan en tragedias en el mar, o desapariciones forzadas.
3. Abordar en los países de destino la migración desde los más altos estándares de protección y promoción de los derechos humanos en todas sus decisiones políticas.
4. Promover la incorporación de la perspectiva de género para prevenir y erradicar las diversas discriminaciones y violencias específicas a las que se enfrentan las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, en las distintas fases del proceso migratorio.
5. No instrumentalizar la migración forzada venezolana con fines electorales o con discursos de odio que llevan a episodios de violencia y fomentan la discriminación y el rechazo.

CIERRE Y MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS. Las medidas de contención de la pandemia con un enfoque de seguridad nacional han sido utilizadas para impedir el ingreso a los distintos países. Sin embargo, los flujos migratorios no se detienen y las personas migrantes se ven obligadas a ingresar por pasos no regulares, lo que les trae como consecuencias ser víctimas de trata y tráfico, sufrir devoluciones en caliente, la imposibilidad de solicitar refugio, detenciones y deportaciones masivas, como ocurren en Chile y Brasil. En definitiva, mayores riesgos para quienes migran, por eso insistimos en la urgencia de:

6. Abordar la migración desde el respeto por los derechos humanos y establecer de común acuerdo mínimos humanitarios como corredores de tránsito para evitar que los migrantes queden varados en fronteras, disminuyendo la presión por recursos en las comunidades históricamente empobrecidas.
7. Adoptar la recomendación del ACNUR de reconocer la necesidad de protección internacional de la población Ante las bajas tasas de reconocimiento es importante fortalecer los sistemas de asilo (a nivel operativo, técnico y financiero) y garantizar el debido proceso.
8. Adecuar los marcos normativos y diseñar políticas públicas de regularización que faciliten la integración de las personas migrantes y les brinde protección complementaria. Reconocemos el esfuerzo de Brasil a través de la Operación Acogida para integrar e interiorizar a la población venezolana.
9. Llevar a cabo procesos de regularización masiva y extraordinaria para quienes se encuentren en situación de Animamos a los países a desarrollar medidas como el Estatuto Temporal de Protección colombiano, que acojan las recomendaciones de la sociedad civil. También invitamos a considerar los programas de reasentamiento como una oportunidad para la regularización.
10. Paliar las dificultades generadas por los servicios consulares venezolanos, y la dificultad de acceso a documentos de identidad que condiciona la regularización.
11. Promover la solidaridad, la hospitalidad y la acogida como principios que nos permiten reconocer y potencializar los aspectos positivos de la migración y aprovechar sus beneficios entre todos.

DERECHOS HUMANOS. El respeto por la dignidad humana y el acceso a derechos fundamentales deben ser independientes de la condición migratoria. Para disminuir la desprotección y garantizar el acceso a derechos recomendamos:

12. Salud. Promover la vacunación universal contra el COVID-19 e incluir a la población migrante en los planes de vacunación. Prestar atención a las enfermedades catastróficas y crónicas, así como a la salud mental.
13. Educación. Velar por el interés superior de los NNA buscando los mecanismos para asegurar su acceso y permanencia a una educación de calidad, brindando los recursos, incluidos los tecnológicos, para que sea posible.
14. Ingresos y medios de vida. Fortalecer los esquemas de economía solidaria y asociativa que a su vez fortalezcan las redes de apoyo de la diáspora. Las personas migrantes deben ser incluidas en las medidas de atención y recuperación económica de la emergencia sin importar su condición migratoria.

FINANCIACIÓN. Esta Conferencia es una oportunidad para cumplir las metas trazadas el año pasado y comprometer recursos adicionales para alcanzarlas. Para brindar una respuesta coordinada entre las partes interesadas, los Estados y las organizaciones internacionales deben:

15. Cogestionar los recursos con las organizaciones de la sociedad civil -OSC- que tienen trayectoria en el acompañamiento a población migrante y con las propias organizaciones de migrantes en la diáspora, como actores subsidiarios y complementarios.
16. Asegurar la participación de la sociedad civil en instancias regionales intergubernamentales como el Proceso de Quito para contribuir con su conocimiento y experiencia.
17. Reenfocar la financiación considerando los impactos sociales y económicos de la pandemia en la región de manera que los criterios de asistencia se ajusten a la nueva realidad, perfiles y proyecto migratorio de las personas.
18. Ofrecer una respuesta coordinada entre países de la región, favoreciendo los planteamientos de la Declaración y el Plan de Acción de Brasil de 2014 (Programa de Fronteras solidarias y Asilo de Calidad); y entre los gobiernos locales reconociendo su rol en los procesos de integración y acogida).
19. Condicionar el respaldo político y financiero al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la atención de las poblaciones vulnerables desde la interseccionalidad y los enfoques diferenciales.
20. Rendir cuentas de la destinación de los recursos de cooperación internacional basados en los principios de transparencia e igualdad de trato en su asignación y gestión.

Organizaciones firmantes:

 

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Información de redjesuitaconmigranteslac.org