El Grupo también señaló con preocupación las acciones que tienden de nuevo a señalar el escenario del basurero de Cocula como el lugar en el que habrían sido asesinados y cremados los 43 normalistas, versión ya desechada científicamente tanto por el propio GIEI como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El Grupo aclaró que desde filtraciones a periodistas se intenta generar una quinta versión de los hechos, en el sentido de que 17 normalistas -o alguna otra cifra- habrían sido asesinados y quemados en el basurero, versión que surgió hasta después de la presentación del informe que desechó la versión oficial  y que no se encuentra sustentada ni con pruebas ni con declaraciones. Las expertas resaltaron que muchas de las supuestas declaraciones de presuntos participantes en el crimen filtradas a periodistas no existen en los expedientes, llegando incluso al extremo de atribuir autoinculpaciones a detenidos que se reservaron su derecho a declarar.

El Grupo también detalló que, a partir de que se envió la averiguación del caso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), los procesos contra presuntos responsables relevantes en el caso los lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigacion de Delincuencia Organizada (SEIDO, a quien se le retiró el caso Ayotzinapa) pero por hechos distintos a los del 26 y 27 de septiembre de 2014, con lo que se ha dificultado el acceso a información relevante pues no se han remitido copias certificadas de las actuaciones ni se le informa al Grupo. Hasta ayer, el GIEI había identificado al menos 12 averiguaciones previas en esta situación; por ejemplo, las declaraciones del cabo Gil y Los Peques, entre otras relevantes para el caso y solicitadas por el GIEI,  no se encuentran en el expediente del caso (AP001), sino en nuevas averiguaciones previas nuevas abiertas por la SEIDO y a las que el GIEI no ha tenido acceso.

“Por otra parte, aún existen numerosas diligencias propuestas por el GIEI que no se han realizado en estos meses, tales como declaraciones de policías estatales, de autoridades de Guerrero y de testigos de ciertos hechos relevantes que esperamos que sean llevadas adelante con celeridad. El GIEI ha vuelto a realizar su solicitud de toma de declaraciones a los miembros del 27 batallón, presentes en diferentes escenarios de la tarde, noche y madrugada del 26 y 27 de noviembre de 2014 en Iguala. El Grupo ha señalado a las autoridades su disposición para que dichas declaraciones sean tomadas por personal de la PGR en presencia de miembros del GIEI, en las mismas condiciones en que han sido realizadas de conformidad con lo dispuesto por la PGR en el resto de las ocasiones”, agregaron los integrantes del Grupo, quienes reiteraron que los elementos castrenses tampoco han entregado videos y fotos tomados el día de los hechos y que están en su poder.

Las y los expertos también lamentaron las deficiencias de las autoridades mexicanas a la hora de integrar averiguaciones previas, lo que ha llevado a que un juez haya amparado a 22 policías inculpados por la tortura y asesinato contra Julio César Mondragón. “Esta situación puede repetirse en el futuro. El GIEI ha alertado en numerosas ocasiones a la PGR sobre la necesidad de aportar nuevos elementos de prueba para fortalecer las consignaciones y evitar este tipo de problemas en la impartición de la justicia”, alertaron los expertos.

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Los expertos informaron que se han reiniciado las búsquedas de los normalistas desaparecidos, paralizadas desde hace muchos meses, para lo cual se creó un equipo especial en el que participan la Procuraduría General de la República (PGR), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el GIEI, con el apoyo de la Policía Federal.  El nuevo equipo descubrió una fosa con dos cuerpos en el lugar llamado “Canal Grande”, y ya se verificó que no corresponden a los normalistas. También se ha impulsado la toma de declaraciones a miembros de otros cuerpos policiales y otras autoridades.

En cuanto a la hipótesis del quinto camión, planteada por el GIEI en la entrega de su informe en septiembre pasado, se informó que la asistencia técnica solicitada por el Grupo a inicios de noviembre de 2015 fue enviada finalmente el 15 de febrero de 2016 por la PGR.

De la misma forma, el Grupo ha impulsado la realización de un estudio psicosocial para elaborar un diagnóstico del impacto de los hechos en los familiares de los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos y continúa trabajando con los representantes del Estado y de las víctimas para llevar a cabo la atención las víctimas del caso, incluyendo familiares y otros, así como a los heridos graves con secuelas, incluyendo el futuro de la atención de Aldo Gutiérrez, quien permanece en coma. Los expertos mostaron su rechazo a la burocracia, la excesiva formalización de las normas procesales y la falta de sensibilidad de algunas autoridades contra la familia de Julio César Mondragón, debido a que tras la realización de la autopsia ttranscurrieron tres meses para tomar una muestra de ADN, “lo que ha provocado un enorme sufrimiento en la familia”.

El GIEI también hizo observaciones al  proyecto de ley presentado por el gobierno de México en materia de desaparición de personas, que en la actualidad se encuentra en el Senado, y espera participar en las próximas semanas en los espacios de discusión a fin de contribuir a que dicha ley responda a los más altos estándares internacionales.

Finalmente, las y los expertos lamentaron los intentos de descalificación personal e infamias lanzados en su contra cada vez que se acercan a momentos clave para esclarecer el caso. “Frente a la imposibilidad de cuestionar el contenido de su informe y el trabajo de investigación realizado, se busca­­­­­­­­ generar confusión y cuestionar a miembros del Grupo con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos, y que son parte de los mecanismos de impunidad”, finalizaron.